Las dietas son un problema

El gobernador Luis Fortuño ha propuesto que como parte la reforma legislativa se elimine el pago de dietas a nuestros legisladores. De inmediato la presidenta de la Cámara, Jenniffer González, anunció que se propone hacerle frente al Gobernador pues las dietas representan menos del 1% del presupuesto de Puerto Rico. Además, según la líder cameral, ese beneficio equipara el salario de los legisladores con el de los jefes de agencia.

Estos argumentos son falaces y evidencian que no existe justificación para ese gasto. Para establecer una perspectiva correcta sobre esta discusión, cabría preguntarse cuántos servidores públicos reciben un bono exento de contribución por asistir a su trabajo. Tampoco tiene sentido comparar la función de los jefes de agencia con la de los legisladores.Un miembro del gabinete del Gobernador es responsable de la implantación en toda la isla de la política pública de su agencia. Mientras que un legislador, salvo presidentes y portavoces en ambos cuerpos, a lo sumo es responsable de referir y tramitar necesidades ciudadanas y de someter legislación sobre los problemas de su distrito o las comisiones a las que pertenezca. Para esto tiene a su disposición un extenso cuerpo de ayudantes y asesores.En el fondo el problema es que la Legislatura se ha convertido en un costoso elefante blanco donde la función legislativa se ha transformado en el modus vivendi de una clase política que dispone de recursos casi ilimitados para repartir contratos y beneficios. Así terminan financiándose aspiraciones a incumbentes y asesores por igual.Nuestro sistema legislativo existe en virtud del Artículo III de la Constitución donde se reprodujo, con importantes ampliaciones liberales, el sistema bicameral que ya había creado la Ley Jones en 1917. Entonces los legisladores no recibían salario. De ahí que se estableciera una dieta de $7 por cada día de sesión y 10 centavos por cada kilómetro que recorriera un legislador para llegar al Capitolio. Todo esto dentro de una sesión anual de 5 meses.Bajo la Constitución se creó el sistema de salarios para los legisladores. Aquéllos eran salarios de $250 mensuales. Por tanto, resultaba razonable continuar el beneficio de dietas y millaje.Durante la tercera administración de Rafael Hernández Colón se legisló una segunda sesión anual, aumentándose considerablemente los salarios de los legisladores, sin que se produjera el consecuente aumento de la productividad legislativa. Luego, en 1998 se aprobó la Ley del Legislador a Tiempo Completo y se estableció un sistema de revisión salarial automática. Con ello se perseguía terminar los conflictos de intereses en que incurrían los legisladores. Evidentemente el remedio resultó peor que la enfermedad.Hoy día un legislador promedio gana $73,775 anuales y una dieta de $162 por cada día de trabajo. Además, el absurdo sistema de revisión salarial automática permite que cada cuatro años se aumenten estos beneficios de acuerdo al costo de vida. En 2005, esto se tradujo en un aumento de 23% al salario básico de los representantes del pueblo. Añadamos a esto un estipendio de más de $1,600 mensuales para pagarles un vehículo.Estos datos no resisten mucho análisis. En tiempos en que amparándose en un déficit gubernamental de $3,200 millones, el Gobierno despide empleados masivamente, se congelan convenios colectivos, se aumentan las contribuciones de la propiedad, está claro que los legisladores deben obtener una sola compensación por sus servicios. ¿Cómo puede justificarse que el Senado –pues de la Cámara ni siquiera tenemos información-, gaste $1.5 millones anuales para compensar a los senadores por ir a trabajar y, encima, se les financie la compra de un vehículo?

Al presente se barajan varias propuestas de enmienda constitucional para reorganizar el Poder Legislativo. Con la Constitución no se juega.

Antes de ponernos a trastocar el sistema constitucional bajo el cual nos organizarnos democráticamente, debe ponerse fin a este injustificado sistema de doble compensación. El Gobernador tiene razón, las dietas deben eliminarse.

Las precariedades del desatino

EL NUEVO DÍA | 04-ENERO-2010 |
ÁNGEL ROSA
PROFESOR DE CIENCIAS POLÍTICAS

Gobernar es una actividad compleja. Requiere, además de un conocimiento detallado de las realidades de una sociedad, la voluntad de tomar decisiones en conjunto con aquellos a quienes se gobierna. Por eso gobernar exige también aprender a discriminar contra los intereses particulares que no favorecen el bienestar común. La clave está en ejercer esa discriminación dentro de parámetros que beneficien a la mayor cantidad posible de ciudadanos.

Entonces, resulta fundamental que el gobernante encuentre la manera de aquilatar su gestión sin depender únicamente de informes de burócratas, ayudantes, subalternos políticos y publicistas. Dicho de otra forma, el que gobierna tiene que mantenerse vinculado a la realidad. Así se podrán reconocer a tiempo los errores y corregir el rumbo para atender aquellos asuntos que nos preocupan como sociedad, y que son la base del contrato social que los electores renovamos cada cuatro años.

Luis Fortuño acaba de cumplir su primer año de gobierno. Lejos de aprovechar ese primer año para sentar las bases de un gobierno de inclusión y consensos, el Primer Ejecutivo ha adoptado una visión ortodoxa de gobernar practicando la vieja teoría de que aquél que gana obtiene un salvoconducto para hacer lo que le parezca durante el tiempo que dure el mandato. Así las cosas, ha impuesto una visión estrecha de la función pública dirigida a reproducir en ella la lógica de lo privado, que supuestamente es más eficiente.

Reclamando una situación fiscal desconocida por su partido, el Gobernador nos recetó en su discurso inaugural medicina amarga para enfrentar los grandes retos del país. Así se aprobó la Ley 7 que tiene como ingrediente principal la reducción de la nómina gubernamental a base de despidos. Peor aún, se dijo categóricamente que no se despediría a nadie fuera de los 17,000 de la Ley 7, cuando en realidad se han despedido miles en las corporaciones públicas, como si esos empleados no formaran parte de la nómina pública.

Esta política que ve a los empleados públicos como cifras presupuestarias, en vez de como recursos valiosos para encaminar las soluciones a nuestros problemas, ha provocado reacciones de todo tipo, algunas dentro del propio partido de gobierno, y nos tiene al borde de una movilización de diversos sectores para paralizar el país. Lo peor es que no se advierte en la actitud del gobierno intención alguna de diálogo. Parecería estar anclado en la “irrefutabilidad” de sus argumentos, aunque los platos rotos los paguemos todos.

Mientras tanto, el crimen alcanza niveles comparables a los años de la contraproducente mano dura. Los casi novecientos asesinatos en el 2009, nos recuerdan que tenemos un alarmante problema de narcotráfico que ya no se esconde para ir matando a diestra y siniestra, sin distinción. Ante esto, la respuesta gubernamental es: más policías, más redadas, más chalecos a prueba de bala y más patrullas, como si con esto adelantáramos algo en una guerra contra un negocio que dispone de los abundantes recursos de lo ilícito.

Añádase a este breve recuento la inestabilidad de un gobierno que en doce meses ha tenido dos secretarios de Educación, tres de Salud, dos de Justicia y pretende excusar su falta de tino reclutando talento para dirigir el país comparándose fútilmente con administraciones anteriores. Un gobierno que además pone sus esperanzas de recuperación económica en contratos de alianzas público-privadas, porque en el fondo no confía en lo público.

Este 2010 que apenas comienza es la hora de exigir que se nos gobierne bien. Hay que romper con la indiferencia y rescatar la solidaridad. Solidaridad que no es partidista sino verdaderamente democrática, por participativa. El 2010 es la hora de convocar las buenas voluntades de un pueblo y no conformarse con las precariedades del desatino.