miércoles, 19 de mayo de 2010
martes, 11 de mayo de 2010
La videolotería es un mal negocio
10 mayo 2010
En las últimas semanas ha tomado auge la propuesta del gobernador Luis Fortuño para añadirle $220 millones a los recaudos del Gobierno, a través de la legalización de las miles de tragamonedas que operan clandestinamente en el País. Calcula el Secretario de Hacienda que en la Isla operan entre 60,000 y 80,000 de estas máquinas, de las cuales sólo 8,000 pagan derechos al fisco. La llamada videolotería es parte del plan del Gobierno para cuadrar el presupuesto para el próximo año fiscal, que sufre una insuficiencia cercana a los $2,000 millones.
La práctica de buscar en los juegos de azar recursos para balancear la necesidad de gastos del estado, no es nueva. En la medida en que se ha ido deteriorando nuestra base económica, al Estado se le hace más difícil encontrar los recursos necesarios para operar. Mientras, la asfixiada clase media clama por un alivio contributivo que tiene que ser financiado allegando recursos adicionales al fisco. El problema está en las consecuencias de aumentar los recaudos a base de juegos de azar.
En primer lugar, la proliferación exagerada de estos juegos se convierte en un gravamen a la población menos afortunada económicamente, pues estos son más propensos a buscar en el azar el golpe de suerte que les alivie su ya estrangulada economía. Dicho de otra forma, son los más pobres los que recurren a las tragamonedas, legales o ilegales, donde terminan perdiendo más de lo que ganan.
Un informe de la National Gambling Impact Study Commission ha recomendado a los estados y jurisdicciones de los Estados Unidos, detener operaciones de lo que llaman “convenience gambling” (apuestas de colmado), ante los efectos nocivos y adictivos del juego en la vida de los jugadores y su familia. Pretender recaudar fondos adicionales a través de esta legalización es equivalente a legalizar los puntos de droga para cobrar IVU a los traficantes y distribuidores de narcóticos.
En segundo lugar, el aumento en los recaudos del ELA que predice la propuesta del Gobernador se va desvaneciendo cuando analizamos los costos que representan para el Gobierno atender los males sociales relacionados con el juego. Estos se pueden desglosar de la siguiente forma: una reducción de 10% en los ingresos de la lotería estatal, un gasto de 10% de lo recaudado en la regulación al juego, un aumento de 8% a 13% en la actividad criminal y la enfermiza sustitución por los individuos de gastos en bienes y servicios ordinarios para utilizar el dinero en apuestas.
Tercero, la legalización de estas máquinas y la autorización para que puedan pagar premios en metálico asestará un rudo golpe a la industria hotelera de Puerto Rico, en momentos en que el Gobierno trata de posicionar el turismo como uno de los puntales de su nueva estrategia económica. Por más de 60 años la política pública en Puerto Rico ha limitado la operación de máquinas tragamonedas a los casinos debidamente autorizados y regulados. Esto no sólo ha permitido proteger la actividad turística sino también controlar el juego entre la población.
Las 21 salas de juego en los casinos de Puerto Rico representan más de 7,000 empleos directos e indirectos y los hoteles donde estas operan representan el 51% del total de habitaciones en la Isla. El empleo directo en estos casinos representa el 20% del empleo en el sector hotelero. Más aún, los casinos representan entre el 30% y el 50% del ingreso de los hoteles en que operan. Legalizar la proliferación de estas máquinas representará, sin duda, una reducción sustancial del negocio de los hoteles.
El establecimiento de la videolotería es mala política social, fiscal y económica, que no ofrecerá alivio a la grave situación de las finanzas del País. La pregunta entonces es, ¿quién se beneficia con este negocio? Nombres como Emprecom, Caribbean Cage y Scientific Games han aflorado en la discusión pública. La asignación para el lector más suspicaz es estar atentos a los nombres que van surgiendo tras estas firmas.
La práctica de buscar en los juegos de azar recursos para balancear la necesidad de gastos del estado, no es nueva. En la medida en que se ha ido deteriorando nuestra base económica, al Estado se le hace más difícil encontrar los recursos necesarios para operar. Mientras, la asfixiada clase media clama por un alivio contributivo que tiene que ser financiado allegando recursos adicionales al fisco. El problema está en las consecuencias de aumentar los recaudos a base de juegos de azar.
En primer lugar, la proliferación exagerada de estos juegos se convierte en un gravamen a la población menos afortunada económicamente, pues estos son más propensos a buscar en el azar el golpe de suerte que les alivie su ya estrangulada economía. Dicho de otra forma, son los más pobres los que recurren a las tragamonedas, legales o ilegales, donde terminan perdiendo más de lo que ganan.
Un informe de la National Gambling Impact Study Commission ha recomendado a los estados y jurisdicciones de los Estados Unidos, detener operaciones de lo que llaman “convenience gambling” (apuestas de colmado), ante los efectos nocivos y adictivos del juego en la vida de los jugadores y su familia. Pretender recaudar fondos adicionales a través de esta legalización es equivalente a legalizar los puntos de droga para cobrar IVU a los traficantes y distribuidores de narcóticos.
En segundo lugar, el aumento en los recaudos del ELA que predice la propuesta del Gobernador se va desvaneciendo cuando analizamos los costos que representan para el Gobierno atender los males sociales relacionados con el juego. Estos se pueden desglosar de la siguiente forma: una reducción de 10% en los ingresos de la lotería estatal, un gasto de 10% de lo recaudado en la regulación al juego, un aumento de 8% a 13% en la actividad criminal y la enfermiza sustitución por los individuos de gastos en bienes y servicios ordinarios para utilizar el dinero en apuestas.
Tercero, la legalización de estas máquinas y la autorización para que puedan pagar premios en metálico asestará un rudo golpe a la industria hotelera de Puerto Rico, en momentos en que el Gobierno trata de posicionar el turismo como uno de los puntales de su nueva estrategia económica. Por más de 60 años la política pública en Puerto Rico ha limitado la operación de máquinas tragamonedas a los casinos debidamente autorizados y regulados. Esto no sólo ha permitido proteger la actividad turística sino también controlar el juego entre la población.
Las 21 salas de juego en los casinos de Puerto Rico representan más de 7,000 empleos directos e indirectos y los hoteles donde estas operan representan el 51% del total de habitaciones en la Isla. El empleo directo en estos casinos representa el 20% del empleo en el sector hotelero. Más aún, los casinos representan entre el 30% y el 50% del ingreso de los hoteles en que operan. Legalizar la proliferación de estas máquinas representará, sin duda, una reducción sustancial del negocio de los hoteles.
El establecimiento de la videolotería es mala política social, fiscal y económica, que no ofrecerá alivio a la grave situación de las finanzas del País. La pregunta entonces es, ¿quién se beneficia con este negocio? Nombres como Emprecom, Caribbean Cage y Scientific Games han aflorado en la discusión pública. La asignación para el lector más suspicaz es estar atentos a los nombres que van surgiendo tras estas firmas.
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