Crisis de confianza

Recientemente hemos visto cómo se van desmoronando las instituciones de gobierno que los puertorriqueños construimos en medio siglo de vida constitucional. Casi diariamente leemos y escuchamos sobre el fracaso del sistema escolar, el caos en la renovación de las licencias de vehículos de motor, la insatisfacción ciudadana con los servicios de Hacienda, la incapacidad de Acueductos y Energía Eléctrica para reparar averías y así un sinnúmero de otras deficiencias.

Lo mismo podría aplicarse a algunos servicios en el sector privado, pero en estos casos casi siempre existen las alternativas que provee la competencia comercial. La Telefónica es un buen ejemplo. En el caso del gobierno la situación es desesperante porque provee servicios que muchas veces no serían rentables en el sector privado.

La ineficiencia en la prestación de los servicios gubernamentales tiene el efecto de profundizar la desconfianza ciudadana en las instituciones públicas. Esto a su vez contribuye al grave problema de ingobernabilidad que sufrimos. Gobernabilidad se refiere a la dinámica en la que los sectores de poder en un sistema político logran que la sociedad y sus grupos actúen conforme con las normas y procedimientos establecidos. Es decir, la gobernabilidad permite que el acuerdo social entre gobernantes y gobernados produzca orden y progreso.

Un acercamiento simplista al asunto nos induce a volcar nuestras frustraciones sobre el gobierno de turno. Después de todo, la experiencia de los pasados 18 meses de “cambio” ha exacerbado la percepción generalizada de que nada funciona mientras el gobierno -ejecutivo y legislativo- se consume en batallas miopes enfocadas no más lejos de las elecciones próximas.

La realidad es que un gobierno nunca puede satisfacer plenamente todas las necesidades y deseos de una sociedad. Ambos renglones son insaciables. Sin embargo, el logro de la democracia liberal radica en establecer los instrumentos institucionales que permitan satisfacer cuantas necesidades sea posible y, más importante aún, canalizar con cierto grado de conformismo, las frustraciones que sentimos cuando no logramos nuestras aspiraciones.

Cuando lo anterior no sucede, cada cual se siente libre de procurar su bienestar individual aunque tenga que recurrirse a la ilegalidad. Esta es la característica inconfundible de la ingobernabilidad. Es la versión colectiva del “sálvese el que pueda”.

En el pasado, Puerto Rico tuvo éxito en establecer un sistema económico y político basado en la supremacía de las instituciones. La gran contribución de la generación del 40 fue darle vida al sistema de reglas e instituciones a través del cual logramos desarrollarnos exitosamente, distribuyendo de una manera más justa el resultado del progreso. Fundamental en toda esa gesta resultó la confianza del pueblo en sus instituciones y en aquellos que las dirigían.

Setenta años después el panorama es totalmente distinto. Escuchamos con asombro al Secretario designado de Educación comparecer a una emisora de radio a pedir disculpas a los ciudadanos por el panorama tétrico de nuestro sistema educativo. El sistema educativo se consume con problemas de aprovechamiento deficiente, falta de maestros, planteles inadecuados, ausentismo de maestros y estudiantes, falta de recursos para la docencia, violencia escolar, deserción escolar alarmante y al Secretario lo único que se le ocurre decir es: “Lo siento mamá, vamos a trabajar con eso”.

Igualmente hemos leído cómo ciudadanos hartos del suplicio en que se ha convertido renovar un marbete, se expresen convencidos de que el DTOP de forma adrede no envía las notificaciones de renovación para que el ciudadano sea multado. ¿En qué cabeza cabe algo así? Pero ante la ausencia de instituciones confiables las teorías de conspiración adquieren credibilidad.

El País se nos escapa entre los dedos. A este paso la ruptura resulta inevitable. En otros lugares del mundo situaciones menos desalentadoras han provocado movimientos radicales de protesta y caos social.

Comencemos por reconocer que sufrimos un grave problema de gerencia gubernamental. El gobierno tiene que salir de la negación y aceptar el fracaso. Es menester corregir el rumbo restableciendo la supremacía de las instituciones y convocando a la honestidad. Hay que regresar a la institucionalidad. Pero, sobre todo, hay que evitar que los mercaderes políticos sigan destruyendo nuestra confianza.

PNP y PPD a mitad de camino

Abrieron las compuertas y están en carrera

Poco a poco va tomando forma el cuadro político para las elecciones de 2012. Los dos partidos, como quien no quiere la cosa, están provocando las alineaciones conducentes a la papeleta que presentarán en los próximos comicios. Lo interesante es que faltan más de dos años y medio para el noviembre electoral. La habilidad de gobernar el País se ha reducido a tal punto, que el proceso de reemplazar al gobierno de turno comienza cada vez más temprano.

En el PPD, el senador Alejandro García Padilla, a pesar de que todavía se canta indeciso, está organizando su campaña de forma que cuando abran las candidaturas el espacio ya esté ocupado. Bien sabe el senador coameño que en política, mejor que en ningún otro contexto, los vacíos no existen. Llegar primero siempre ayuda a la consolidación de un líder. Ahora, el asunto no es únicamente sobre el turno de llegada. Tiene que consolidarse un mensaje y presentarse una propuesta que lo convierta en líder indiscutible de la oposición.

Mientras el presidente del PPD, Héctor Ferrer, apuesta a que su control sobre las estructuras y del proceso de reorganización, junto al fortalecimiento de su presidencia tras el triunfo de su candidato en Caguas, sean suficientes para asegurarle una de las candidaturas principales. Otros dentro del partido -alcaldes incluidos- esperan que aparezca un candidato más sólido, preferiblemente parecido a Aníbal Acevedo Vilá.

El posible triunfo, aunque se trate de un espejismo, es tan seductor para los líderes populares que ya se están repartiendo las presidencias de Cámara y Senado a la vez que ofrecen comisiones y puestos en el liderato legislativo. Todo esto sin haber ganado un solo escaño y sin tener claro quiénes encabezarán la papeleta.

Tras la convocatoria de Ferrer el 25 de julio para una "asamblea constituyente interna" -un disparate conceptual que intenta desencadenar la definición ideológica que debió haber ocurrido hace meses- algunas voces del partido de Muñoz advierten que el proceso no les conviene pues engendra el debilitamiento de todos los sectores. Los estadolibristas temen que el proceso sea controlado por los soberanistas, y estos últimos creen que se trata del puntapié final. A lo último la sangre no llegará al río y la ansiada definición no llegará.

En tanto, en el PNP el Gobernador trata por todos los medios de contener un clamor cada vez más intenso para que libere al partido de su candidatura a reelección. Fortuño sabe que tendrá que desistir de postularse, pero si lo hace ahora queda despojado de la poca autoridad política que inspira.

Sus potenciales sustitutos, Pedro Pierluisi y Thomas Rivera Schatz, se apresuran a proclamar la candidatura de Fortuño para quedar en récord y no ser acusados de traición. En el fondo ellos saben que la sustitución llegará tarde o temprano. Porque seguir esperando que la economía despunte, que el gobierno arranque, que el Congreso legisle un plebiscito en el que gane la estadidad, es la estrategia de Alicia en el País de las Maravillas.

Si de corregir el rumbo se trata, el PNP siempre tiene la estadidad como aglutinante. El Proyecto de Estadidad Federada para Puerto Rico, mejor conocido como HR 2499 fracasó en el Congreso. Ante esto, no le queda otra al partido anexionista que montar un plebiscito local e incluir al ELA junto con la libre asociación como opciones, para debilitar las tropas populares y conseguir un mandato para la estadidad que les sirva como combustible de candidaturas.

Tan fuerte es el olor a derrota que alcaldes y legisladores -unos públicamente y otros por lo bajo- comienzan a impacientarse por los efectos demoledores que tendrá para ellos que la cúpula del PNP no lea correctamente el ánimo de los electores.

En tanto, los puertorriqueños echamos un vistazo al debate de candidaturas que dentro de pocos meses nos tendrá sumidos en el fervor de las campañas electorales. Como dice el legendario narrador hípico: "Abrieron las compuertas y están en carrera".

De regreso a la escuela

Pasado mañana comienza el curso escolar en el sistema público. Tal y como en otros años, muchas escuelas adolecen de serios problemas físicos e institucionales que afectarán negativamente el desempeño de estudiantes y maestros. Pareciera que la ingobernabilidad que sufre el País se manifiesta pronunciadamente en nuestro sistema educativo.

La educación es la estrategia más importante para el desarrollo de una sociedad. Por ello, el punto focal de cualquier estrategia educativa tiene que ser el aprovechamiento académico en materias clave para un desempeño exitoso en la vida. Los resultados de las Pruebas Puertorriqueñas de Aprovechamiento Académico en 2009 revelan que sólo el 39% de los estudiantes aprobaron la materia de español, mientras que el 40% aprobó la materia de inglés y sólo el 22% de los estudiantes aprobó la materia de matemáticas. De ahí que las universidades tengan que invertir recursos en cursos remediales, pues muchos de los estudiantes de nuevo ingreso no cuentan con las destrezas básicas para iniciar estudios universitarios.

Por espacio de dos décadas, pasando por una docena de secretarios y cinco administraciones gubernamentales, los problemas se repiten cada semestre sin que nadie tenga la capacidad de resolverlos. Pobre aprovechamiento estudiantil, falta de maestros nombrados, violencia y droga, ausentismo marcado de maestros y estudiantes, ausencia de una filosofía educativa y condiciones físicas detrimentales en los planteles son la orden del día. De manera que achacarle a este gobierno el deterioro acelerado de nuestra educación no es exactamente honesto.

Que el año escolar comience sin un secretario es señal de la incompetencia crasa de una administración que se apresta a nombrar un tercer titular de Educación en menos de dos años. Pero seamos realistas, poca diferencia haría tener un secretario en propiedad en un sistema que se ha convertido en una madeja burocrática controlada por intereses especiales y grupos sindicales que exhiben mucha mayor continuidad de iniciativas que las administraciones de turno.

El programa del PNP para las elecciones de 2008 prometía en su página 116 que: “Se acabaron las excusas. Es hora de un cambio que Puerto Rico necesita. Es hora de actuar.” Sin embargo, asombra la ausencia de ideas concretas en el documento para resolver los problemas que día a día enfrentan estudiantes y maestros. Dicho de otra forma, no saben cómo actuar.

En el fondo, todomundo sabe cuáles son las fuerzas que impiden meterle mano a los problemas de la educación en Puerto Rico. Y aunque parezca repetitivo y clichoso decirlo, la politización del departamento que por mandato constitucional tiene la responsabilidad de asegurar el adelanto individual de nuestras generaciones, se ha convertido en un lastre que le impide moverse.

Cuatrienio tras cuatrienio, alcaldes, legisladores y políticos disfrazados de funcionarios se apoderan de las estructuras administrativas del Departamento de Educación para desde ellas premiar a allegados y acólitos cuyo único fin es posicionarse políticamente dentro del partido en el poder. Mientras, en las entrañas del Departamento, en las escuelas, allí donde escasean los materiales y donde las condiciones de trabajo son cada vez más inhóspitas, una cultura adversativa se apodera del ambiente, convirtiéndolas en escenarios de lucha sindical.

En tanto sea más cómodo criticar al partido contrario y nadie quiera meterle el pecho a la aberrante politización que sufre el sistema, cada año escolar será más desastroso y las posibilidades de progreso individual que deben garantizarse a través de la educación se nos seguirán esfumando.

Sin menoscabar los poderes constitucionales del Gobernador y la Legislatura es hora de crear estructuras administrativas y gerenciales dentro del Departamento de Educación no sujetas a los vaivenes de la política partidista. Una manera de comenzar sería creando una Junta de Educación con representación de diversos sectores para darle forma a una política educativa que trascienda el resultado de las elecciones.

No podemos darnos el lujo de seguir fracasando en la educación. De poco servirá resolver el status político, conseguir más fondos federales y aumentar el uso de tecnologías si no somos capaces de revertir esta tendencia. Al final no nos quedará un país para reformar.