El reto de ser candidato

A diario mucha gente que sigue mi labor en los medios de comunicación me pregunta si seré candidato en las elecciones de 2012. Algunos me invitan con entusiasmo a dar el paso. Otros me advierten con preocupación lo equivocada que puede resultar tal decisión. Por eso tomo este espacio para reflexionar sobre la responsabilidad de una candidatura en el Puerto Rico contemporáneo.

Un candidato es aquella persona que teniendo unas ideas y unos valores que pueden contribuir al desarrollo de la sociedad, decide ingresar en el proceso político aspirando a un puesto electivo. En nuestro sistema, esto se hace a través de la nominación por un partido político. Así se conforma, luego de radicaciones y primarias, la oferta de hombres y mujeres que dirigirán la gestión pública desde la Gobernación, la Legislatura y las alcaldías.

La realidad es que en el Puerto Rico de 2011 la gestión política está bastante desprestigiada debido al creciente número de candidatos e incumbentes que buscan lucrarse de ella o hacerla un modus vivendi. Si a esto le añadimos el nivel de crudeza y canibalismo que se apodera de la competencia partidista, entonces no luce tan atractivo posponer una carrera académica o el éxito en los medios de comunicación para entrar en política.

En mi caso, tengo una respuesta diferente. La política es la actividad social desde la cual se puede hacer el mayor bien al mayor número de personas. No existe otra gestión social en la que se pueda impactar más vidas con una decisión. Por ello, la política bien hecha es una actividad edificante, necesaria para la aspiración de mejoramiento que debe mover a una sociedad.

Puerto Rico enfrenta graves problemas que amenazan su subsistencia como sociedad organizada. Entre ellos están: 1) el continuado deterioro económico y fiscal, producto en gran medida de malas decisiones de esta y pasadas administraciones gubernamentales; 2) el deterioro de la educación puertorriqueña que priva a futuras generaciones de las destrezas para tener éxito; 3) la criminalidad en aumento, que es el producto del enraizamiento del narcotráfico y la violencia; 4) la falta de acceso a una buena salud, como resultado de una visión lucrativa de este derecho; 5) una creciente pobreza que es el reflejo de varios de nuestros fracasos colectivos y 6) la reducción de la capacidad del gobierno para ofrecer soluciones y prestar buenos servicios.

Todos estos problemas plantean una enorme responsabilidad a quienes estén disponibles para posiciones electivas en los próximos comicios. La agenda económica debe enfocarse en la generación de empleos a todo nivel y no sólo en las ganancias de las compañías que se establezcan aquí. Nuestros jóvenes y profesionales no pueden seguir abandonando el País que invirtió en su preparación.

De igual forma, deberán atenderse los problemas de la adicción a drogas y narcotráfico que se tragan a miles de puertorriqueños y generan una violencia que siega en flor vidas prometedoras.

Tampoco podrá postergarse la necesidad de poner al día la escuela pública para que vuelva a ser el instrumento de igualdad que una vez fue. El Gobierno no puede seguir viéndose como un simple repartidor de acceso a negocios. El Gobierno debe volver a ser un instrumento de justicia que integre, con acceso y calidad, oportunidades de progreso para todas las familias.

Para el nieto de analfabetos e hijo de una generación de puertorriqueños que no llegaron a la universidad, que se educó exitosamente en la escuela pública primero y luego en Estados Unidos, gracias a una beca puertorriqueña y que sacó provecho del proyecto de justicia social que levantó a Puerto Rico, la respuesta a la pregunta de las candidaturas no puede ser un asunto de comodidad. Es un asunto de asumir su responsabilidad.

Es decidir si en el momento de mayor productividad de su vida, sigue mirando los toros desde la barrera, o se suma al esfuerzo para mejorar las cosas.

Después de esa reflexión, la contestación tiene que ser sí. Aspiraré al Senado por acumulación, por el Partido Popular Democrático.

Hora de patriotismo

El lunes 8 de agosto fue el peor día del cuatrienio para la administración Fortuño. Justo cuando comenzaban a sacar provecho de la mala fortuna de Barack Obama ante la degradación del crédito del gobierno estadounidense, la casa evaluadora Moody’s degradó el crédito de Puerto Rico y le asignó una perspectiva negativa.

La opinión pública está abrumadoramente de acuerdo en que las políticas económicas y fiscales adoptadas por Fortuño, en medio de la recesión, han sido dañinas. Ante esto, el mensaje oficialista se refugiaba en el argumento de que la “medicina amarga” había sido necesaria para salvar el crédito de Puerto Rico. El propio gobernador insinuaba que su gobierno podía dar lecciones al presidente Obama sobre cómo manejar la crisis fiscal. Tras la acción de Moody’s todo ese andamiaje mediático para convencernos de que Puerto Rico lo hace mejor, se derrumbó. No sólo la medicina amarga ha sido nefasta, sino que el crédito de Puerto Rico no está a salvo.

Las razones de Moody’s para bajarle la nota a Puerto Rico son: 1) el deterioro fiscal sostenido de los sistemas de retiro; 2) la debilidad de nuestra economía; y 3) unas finanzas públicas frágiles y acostumbradas a cuadrar presupuestos pidiendo prestado. En otras palabras, nada de lo que hemos hecho mal durante décadas cambió en los últimos tres años. De hecho, la casa evaluadora reconoce que la reforma de los sistemas de retiro tendrá un efecto negativo sobre nuestra economía y finanzas. Es decir, el remedio puede terminar siendo peor que la enfermedad.

Coherente con la estrategia de comunicación para su reelección, Luis Fortuño ha adoptado una postura de negación ante la crisis. Por todos lados el gobernador y sus funcionarios han negado que la degradación sea una mala noticia. Inclusive rehúsan reconocer que tendrá un efecto negativo sobre las posibilidades de una recuperación económica futura. Todo como parte de un esfuerzo para ocultar que su gestión ha empeorado la situación.

El problema de los sistemas de retiro parece el más apremiante. Actualmente enfrentan un déficit de $24 millones. Para atender la debacle, el gobierno ha propuesto aumentar la aportación patronal -más costos para el contribuyente, e inyectarle $162 millones anuales hasta llegar a $1,500 millones en 40 años. Todo lo cual ha sido evaluado como insuficiente por Moody’s.

Como era de esperarse, el anuncio de este fracaso gubernamental ha producido una dinámica de echar culpas y apuntar dedos, entre nuestra clase política. Fortuño culpa a la pasada administración por la crisis. Y los pasados administradores se defienden recordando que ellos gobernaban mientras el PNP controlaba la legislatura y aprobaba los presupuestos. Igualmente recuerdan que aquella legislatura se rehusó a aprobar legislación conducente a capitalizar los sistemas de retiro. En ese camino, muchos aprovechan para jugar al partidismo y obtener protagonismo.

La degradación del crédito y la insolvencia de los sistemas de retiro del gobierno, son los peores problemas a que se enfrenta Puerto Rico. Por eso deben ser la prioridad de presentes y futuros gobernantes. No se puede seguir perdiendo tiempo en culpas. En el fondo, hace tiempo el pueblo adjudicó las culpas.

Hay que tomar decisiones difíciles. Tales decisiones terminarán afectando a los que menos culpa tienen y por tanto tendrán un alto costo electoral. Por eso es tan difícil tomarlas. Pero resulta inevitable hacerlo. Sin soñar con mundos de fantasía en que los intereses políticos se desliguen de la discusión, hay que moverse rápida y desprendidamente. Hay que actuar fuera del juego de suma cero de nuestra política.

Urge crear un espacio institucional en que los dos partidos que gobiernan lleguen a acuerdos que trasciendan el resultado electoral de 2012. Las decisiones a tomar serán aún más difíciles si no se producen dentro de un ambiente de consenso partidista. Este consenso facilitará obtener el apoyo del pueblo a medidas que conllevarán apretarnos aún más el cinturón. Convendría también que el ajuste del cinturón incluya a los políticos, por aquello de predicar con el ejemplo. Dicho sin ambages, es momento de practicar el patriotismo.

Desde la cabina de WKAQ: Crisis económica Estados Unidos

Degradan crédito de Puerto Rico

Así es Thomás Rivera Schatz 5

Crisis fiscal en Estados Unidos

Estamos perdiendo la guerra

El revuelo que causó el arresto de personajes distinguidos de la sociedad puertorriqueña, presuntamente implicados en los nefastos entramados del narcotráfico, dejan al descubierto una realidad mucho más cruda que la simple notoriedad de sus nombres.

Luego de un fin de semana de 30 asesinatos, casi todos vinculados al ajuste de cuentas en el mercado ilegal de drogas, las autoridades federales y locales -impedidas de instituir iniciativas más impactantes que las redadas, se llevaron a un líder comunitario de La Perla, al presidente de un sindicato obrero y hasta a Piculín Ortiz. Se supone que como consecuencia de estos operativos los puertorriqueños nos sintamos tranquilos porque las fuerzas de ley y orden no dan tregua al crimen.

La realidad, por supuesto, es que cada vez nuestras calles, y el entorno social mismo, son menos seguros. La verdad es que poco o casi nada queda resuelto después de los arrestos. La prominencia que los propios medios de comunicación dan a las acciones policiales contra el narcotráfico es señal del peligroso desenfoque en cuanto al problema.

Estos operativos quizás consiguen procesar criminales, pero no atienden las raíces de este mal. Por cada puertorriqueño arrestado hay miles que escapan la justicia, dedicados a un negocio lucrativo que envenena a otros miles y los ata a una cadena de distribución que no se amedrenta ante las redadas. Otros, quedan atrapados en las dinámicas del negocio y terminan asesinados por sus rivales, antes de cumplir los 30 años.

Tan equivocada es la estrategia de los operativos antidroga como respuesta principal al crimen, que el propio superintendente de la Policía termina reconociendo que su estrategia provocará una nueva alza criminal. Resulta ilógico pensar que se tiene la respuesta a un problema si las iniciativas encaminadas terminan agudizando la crisis. En cualquier liga eso se llama fracaso.

Una verdadera estrategia anticrimen, comenzaría reconociendo que la única forma de control a largo plazo es reducir la demanda de droga. No estamos ante un asunto policíaco. Estamos ante un asunto económico. Un estudio publicado en 2010 por la Alianza para Reducir la Insuficiencia en el Tratamiento de Adicción a Drogas reveló que en Puerto Rico hay 60,000 adictos a la heroína, los cuales consumen cerca de $3 millones diarios, lo que a su vez requiere $7.4 millones diarios en propiedad robada o destruida. Eso sin contar las otras adicciones a sustancias controladas, como la cocaína por ejemplo. Un mercado como ese difícilmente responderá a incautaciones y escasez del producto.

Para tener tan siquiera la oportunidad de combatir el narcotráfico hay que atender las condiciones de los miles de adictos que todos los días se tiran a la calle en busca de droga. Al mismo tiempo, hay que intervenir con urgencia el contexto social que empuja a muchas de estas personas hacia la droga. Es decir, mientras siga creciendo el número de personas que consumen droga, el narcotráfico seguirá siendo un negocio lucrativo. Asimismo, mientras la pobreza y la marginación social aumenten, el narcotráfico es una opción de supervivencia.

Por tanto, la estrategia tiene que estar dirigida a reducirle los clientes al negocio. Parte de esto se logra arrestándolos, pero la posibilidad de enormes ganancias hace que los arrestados sean sustituidos casi inmediatamente. La otra forma, es sacar de la dependencia a los que consumen droga. Esta es una opción de resultados más lentos. Requiere entender la lógica inexpugnable de que menos adictos van convirtiendo el narcotráfico en algo demasiado peligroso, por ser menos lucrativo.

Puede también que sea una solución menos mercadeable políticamente. Después de todo, a los políticos les gusta presumir de la fuerza del estado. Pero a Puerto Rico le sale demasiado cara esta estrategia de negación, que solo retarda la necesaria toma de decisiones para atajar un problema tan complejo. Resulta inaceptable pedirle a un pueblo que siga sacrificando la vida de sus hijos e hijas, víctimas del crimen y del vicio, sólo para que un grupo de funcionarios y políticos desenfocados siga jugando a pillos y policías. No se dan cuenta de que estamos perdiendo la guerra.

Cincuenta años y un sándwich

Luego de 50 años sin que nos visitara un presidente estadounidense, el martes 14 junio Puerto Rico recibió a Barack Obama. El presidente cumplía así su promesa de campaña de regresar a la isla como primer mandatario. El último en hacerlo había sido John F. Kennedy en diciembre de 1961. Por eso esta visita tenía cierta mística continuadora.

Obama, a diferencia de Kennedy, vino a recaudar fondos para su recién comenzada campaña a la reelección. Kennedy nos visitó como vitrina que éramos de las relaciones estadounidenses con América Latina. Obama nos visitó como vitrina que somos para conquistar el voto hispano en Estados Unidos.

Aprovechando la disposición del presidente de venir a Puerto Rico, los partidarios locales del Partido Demócrata que favorecen la estadidad, se dieron a la tarea de preparar junto la Casa Blanca un itinerario de la visita que les permitiera reforzar el sabor de que la anexión está a la vuelta de la esquina. El viaje también coincidió con varias sesiones del Grupo de Trabajo Interagencial sobre Puerto Rico, centradas en la economía de la isla.

La parte pública de la visita incluyó una parada en La Fortaleza para reunirse con el gobernador Luis Fortuño y el comisionado residente Pedro Pierluisi. Allí tocaron el tema del status, la colaboración entre las agencias locales y federales para combatir el narcotráfico y la necesidad de crear empleos.

Sobre el tema del status, Obama dejó meridianamente establecido que su compromiso para adelantar una solución quedó atendida con la propuesta contenida en el informe del Task Force publicada en marzo pasado, proponiendo una consulta plebiscitaria de dos rondas en las que se escoja entre todas las opciones, incluyendo el ELA.

La consulta, dijo Obama, tendrá que surgir de un proceso justo que produzca un mandato claro. Esto es lo contrario al plebiscito propuesto por la Administración Fortuño y reforzado por el plan del PIP, que pretende excluir la opción del ELA para que se produzca una mayoría artificial a favor de la estadidad. Según la absurda lógica del PIP, al negar el Congreso la estadidad llegará la independencia, sin votos.

En materia económica el presidente se comprometió a evaluar una posible exclusión de Puerto Rico de las leyes de cabotaje. Su Task Force se comprometió a incluir a Puerto Rico dentro de los esfuerzos para potenciar las exportaciones en Estados Unidos. Ésta es una buena noticia, pues podría producir un mecanismo necesario para la atracción de capital a Puerto Rico, que es la única forma de crear empleos masivamente en un corto plazo.

Pero la joya de la visita se produjo cuando las prácticas antidemocráticas del PNP obligaron al presidente a darles una lección de civismo político. Igual que han hecho con la Ley 7, la UPR, el gasoducto, el plebiscito y la reforma electoral, quisieron controlar la agenda del presidente para dejar fuera a la oposición. Su desconocimiento de las dinámicas que rigen el proceso político estadounidense les hizo pensar que podían salirse con la suya.

Obama hizo entonces un planificado, pero desconocido desvío en su itinerario para comerse un sándwich y conversar en Kasalta con Alejandro García Padilla, presidente del PPD y único candidato a la gobernación abiertamente identificado con el Partido Demócrata. Es decir, en la única oportunidad para compartir espontáneamente con los puertorriqueños sin protocolo, Obama aprovechó para que lo vieran en compañía del líder del PPD. Desde entonces, el liderato del PNP ha perdido su encanto con Obama y le acusan de toda suerte de conspiraciones. De pronto les invade una ira anti-Obama contraria a la euforia que les produjo su llegada. Incluso han jurado que harán campaña en su contra en las comunidades hispanas de Estados Unidos.

Tal reacción resulta tan patética como esclarecedora. Los líderes del anexionismo parecen repudiar las bases de juego limpio e igualdad de oportunidades que caracterizan el discurso democrático. Su comportamiento es contrario a los valores políticos de la nación a la que quieren integrarse como estado. La visita de Obama ha servido para desenmascararlos una vez más.

Se creen los dueños

El PNP acaba de aprobar una mal llamada “reforma electoral”, con la que trastocan las reglas de juego que por décadas han regido nuestras elecciones. Se trata de una serie de cambios al Código Electoral que pone en precario el consenso que protegía la transparencia y legitimidad de nuestros comicios.

Con sus defectos y virtudes, durante las últimas tres décadas nuestro sistema electoral se ha caracterizado precisamente por su confiabilidad, más allá del resultado. Esa es una característica indispensable para la subsistencia de una democracia. Para que haya democracia no es necesario que nos guste el resultado electoral. Es necesario, sin embargo, que ese resultado sea reconocido por todos como la expresión inequívoca de la voluntad del pueblo. Para ello, es importante que aquellos con poder para cambiar el ordenamiento jurídico protejan siempre el derecho del elector a expresar su voluntad en las urnas.

A manera de venganza por el resultado electoral de 2004, el PNP ha cambiado sustancialmente y sin consenso, las reglas que regirán los comicios de 2012. Lo hacen sabiendo que el ánimo del País estará en su contra en estas próximas elecciones. Por eso los senadores y representantes de la mayoría, se han prestado para hacerle un traje a la medida a la reelección de Luis Fortuño.

Han eliminado de un plumazo el voto mixto de dos cruces (pivazo), simplemente porque ese tipo de sufragio impidió a Pedro Rosselló ganar en 2004. Por primera vez en nuestra historia, la Legislatura actúa para impedirles a los electores manifestar su voluntad libremente. Uno de los expertos electorales del PNP elogiaba la medida diciendo: “Esto lo que hace es evitar que los independentistas voten por el PIP, para mantener la franquicia, pero le presenten el voto al candidato a gobernador del PPD”. ¿Con qué autoridad estos líderes del PNP se atreven dictarnos a los puertorriqueños cómo votar?

Además, en un claro intento de manipulación partidista despojan al juez presidente del Tribunal Supremo de su facultad administrativa para designar los jueces a cargo de las salas electorales. Ahora esa facultad la tendrá el pleno del Tribunal que ha sido inflado a nueve jueces, seis de los cuáles han sido nombrados por Fortuño. Serán estas salas las que precisamente atiendan las controversias que surjan entre otras cosas por estos cambios recién legislados. El ansia de control total no les permite esperar a que el mandato del pueblo les autorice nombrar un nuevo juez presidente cuándo venza el término del actual. Hay que hacerlo a la trágala, simplemente porque se tiene poder.

Igualmente, han trastocado los acuerdos existentes para autorizar el voto adelantado de los policías y guardias penales, que ahora podrán optar por esta modalidad del voto aunque sus servicios no se requieran directamente en el proceso electoral. De esta forma someten a conocidos ejercicios de coacción y presión a una fuerza policíaca hastiada por las actitudes de este gobierno en su contra.

Se crea también un puesto de Contralor Electoral cuya deseabilidad es aceptada por todos ante los desmanes en el financiamiento de campañas y candidaturas que han aflorado recientemente. Pero este Contralor que ocupará su puesto por 10 años, con poder para detener cualquier campaña política, puede terminar nombrándose por el gobernador-candidato y confirmándose con mayoría simple por los legisladores-candidatos del PNP, sin necesidad de un acuerdo en la Comisión Estatal de Elecciones.

Todo lo anterior ha sido legislado sin consenso y a contrapelo de acuerdos alcanzados con las minorías. La última vez que en Puerto Rico se aprobó una ley electoral sin consenso fue en 1980 y el resultado fue la devastadora experiencia de Valencia. Fue necesario restablecer el consenso en 1983 para devolverle la legitimidad a nuestro sistema electoral.

Trastocar las reglas básicas de una democracia es un ejercicio embriagante de poder de quienes, creyéndose dueños del País, pretenden atornillarse en el gobierno. Esta ley representa un golpe mortal a los acuerdos fundacionales que nos han permitido evolucionar políticamente. Lo que ahora le puede servir al PNP para asegurarse una victoria, mañana puede servir para atropellarles. Entonces no habrá instituciones para defenderles.

Preocupante manipulación

Una investigación periodística de El Nuevo Día ha destapado la caja de Pandora de la manipulación estadística en la Policía. La modalidad principal de esta irregularidad consiste en la alteración de hechos denunciados por ciudadanos en las querellas para así lograr su clasificación como delitos de menor escala. Otras veces no se asigna número a las querellas, para que no aparezcan en las estadísticas, o se agrupan muchos incidentes bajo un sola querella para que se considere un solo delito. En cualquier caso, ésta es una práctica corrupta que los ciudadanos hemos sospechado por décadas.

Es entendible que, ante el aumento en la incidencia criminal, las altas esferas policiacas sientan presión para lograr reducciones significativas de la actividad delictiva. La Policía recibe el impacto de las complejas realidades sociales que producen el delito, y la opinión pública termina adjudicando el aumento de la criminalidad al fracaso policiaco. De ahí que se recurra a la manipulación estadística para producir falsamente resultados halagüeños de las estrategias anticrimen. Así, piensan estos corruptos, se reduce la presión pública.

Desde que se publicaron los primeros informes de prensa se ha desatado una avalancha de testimonios de ciudadanos y de agentes de la Policía que apunta a la existencia del problema en al menos 9 de las 13 regiones policiacas. Esto hace necesario crear las condiciones institucionales para perseguir y eliminar esta práctica.

Resulta muy preocupante la reacción del superintendente José Figueroa Sancha, quien calificó las denuncias como una labor de encargo de la prensa como parte de una conspiración diseñada por Partido Popular Democrático. Se puede entender que el superintendente sienta frustración por el rezago de la respuesta anticrimen, pero su respuesta es clara señal de desenfoque.

El secretario de Justicia, en una reacción mucho más adecuada, ha ordenado una investigación aduciendo que no debe permitirse tal engaño. Inclusive, el secretario admitió que recientemente tuvo que ordenar la revisión de un informe estadístico sobre incidencia criminal, que iba a ser sometido al Departamento de Justicia de Estados Unidos. Según el funcionario los datos no le satisfacían.

Es importante que se publiquen los resultados de la investigación de Justicia. La transparencia es vital para aminorar el impacto que las irregularidades en el manejo de estadísticas en la Policía tiene sobre la confianza necesaria en nuestras fuerzas de ley y orden.

Maquillar la actividad delictiva es corrupción pública. Denunciarla –como ha hecho la prensa-, es contribuir a que se tomen medidas para terminar esta mala maña. Recurrir a la negación y a la paranoia política para esconderlo, es un mal servicio a Puerto Rico.

La manipulación estadística del crimen es un mal de casi todas las policías del mundo. Su proliferación es nefasta pues, entre otras consecuencias, tiende a producir una visión distorsionada del problema criminal. Es como mirarse al espejo y no reconocer la imagen que se está viendo. Esta distorsión impide un proceso inteligente de toma de decisiones, que es fundamental para lograr soluciones.

Eventualmente, tal engaño produce un fracaso tan estrepitoso como el que intenta evitarse.

La administración actual enfrenta el período de mayor criminalidad en nuestra historia. Que el propio Gobierno trate de esconder la magnitud del crimen sólo contribuye al diseño de estrategias inadecuadas para enfrentarlo. Esto hay que pararlo. Los puertorriqueños llevamos veinte años padeciendo la incapacidad de los gobiernos para enfrentar el crimen adecuadamente.

Analizando justamente el problema, no se puede concluir que la manipulación de estadísticas policiacas sea una actividad exclusiva de la presente administración. El problema se le ha señalado también a otras administraciones. Pero recurrir al argumento mediocre de que esto ha ocurrido siempre, es inaceptable.

Ya es tiempo de que reconozcamos la necesidad de recopilar de forma independiente todas las estadísticas en Puerto Rico, incluyendo las del crimen. Mientras aparece la inteligencia y voluntad necesarias para legislar con valentía, es importante que los procesos internos en la Policía sean inflexibles al fijar responsabilidades contra directivos y oficiales que se presten para engañarnos.

Algo que ya sabemos

La semana pasada nos visitó en Puerto Rico el editor especial de la revista Time, especialista en tendencias globales, Fareed Zakaria. Vino invitado por el Centro para la Nueva Economía a ofrecer sus perspectivas sobre la economía puertorriqueña en el contexto mundial. Como sucede demasiadas veces en nuestra vida colectiva, este reconocido periodista y hombre de medios, dijo cosas que hace tiempo sabemos los puertorriqueños sobre los errores que hemos cometido por décadas y que nos tienen ante la peor encrucijada de nuestra historia.

La visita de Zakaria no desmerece, porque aportó algo que hemos sido incapaces de hacer por demasiado tiempo: mirarnos más allá del ombligo. A veces, es importante la perspectiva de aquellos que por simple desconocimiento advienen a una primera lectura de nuestra realidad. Conviene esa mirada extranjera si con ello se contribuye a centrarnos en lo verdaderamente importante.

¿Y qué dijo Zakaria? Para empezar afirmó que Puerto Rico cuenta actualmente con los elementos necesarios para convertirse en el Dubai o el Hong Kong de este hemisferio. Es decir, para atraer de manera sobresaliente la inversión internacional, potenciar la producción y crear la riqueza suficiente para enfrentar los grandes retos del presente.

Está claro que para este intelectual indio, la inserción de Puerto Rico en la “nueva ola global” está irremediablemente ligada a nuestra relación con los Estados Unidos y el papel de país preponderante que este mantiene. Su tesis es que Estados Unidos continuará siendo un país importante, pero su dominio se verá reducido ante el avance de economías emergentes como: China, India, Brasil, Rusia, Sudáfrica y Kenia. En un mundo más balanceado, argumenta Zakaria, Estados Unidos se verá forzado a reconsiderar sus relaciones con estos nuevos competidores.

Su lectura sobre Puerto Rico radica precisamente en que sepamos interpretar esos cambios para buscar nuestro nicho de participación. De ahí su recomendación de comenzar a invertir en el futuro, entendiéndose por futuro la educación y capacitación de las generaciones jóvenes.

No puede ser que los pocos esfuerzos logrados en la gestión educativa se hagan respondiendo únicamente a parámetros ajenos a nuestra realidad. Estados Unidos, al que tanto nos gusta imitar, invierte $4 por persona vieja y $1 por cada joven. Sería bueno descubrir estas cifras para el caso puertorriqueño. En nuestro caso, seguir cometiendo ese error tiene consecuencias nefastas en las posibilidades de éxito de la población sobre la cual descansa la creación de riqueza.

Otra advertencia importante expresada por Zakaria es que no podemos seguir peleándonos por repartir la pobreza. Puerto Rico tiene que hacer uso de sus capacidades jurídicas y fiscales dentro del esquema federal, para pelear y atraer agresivamente al capital extranjero. Esa sigue siendo la herramienta más eficaz para crear empleos. De la creación de empleos depende la reactivación de la economía y la recuperación fiscal del gobierno. Todo lo cual permite una mejor distribución de riqueza.

Hasta ahora la dañina demagogia engendrada por la alternancia política ha trabajado en contra de las capacidades económicas que tiene Puerto Rico. Por ganar elecciones los partidos se enfrascan en una pelea por repartir la escasez; ignorando por razones ideológicas la necesidad de utilizar al máximo nuestras ventajas competitivas. En ese afán, las últimas políticas de la administración Fortuño han contribuido ahuyentando el capital tan necesario para crecer. Si seguimos en esa dinámica, advierte Zakaria, nos quedaremos sin dinero.

Interesantemente, Zakaria nunca se refirió al status político como un problema. Esto defrauda a los que no producen soluciones, sino que utilizan el status como una excusa. Lo que falta en Puerto Rico es voluntad para movernos hacia horizontes de mejor conveniencia para nuestra gente. En ese contexto, la discusión de status, aunque importante e intelectualmente interesante, pasa a un segundo plano. Las estrategias para nuestro desarrollo y porvenir no pueden seguir esperando el desenlace del status.

Sobra la habladuría. Urge la acción y el respeto de todas las tendencias a la importancia de nuestro futuro, enfocado en la gente.

¿Tenía que venir Zakaria a decirnos lo que sabemos?

De encuestas, excusas y el 2012

La reciente publicación de los resultados de la encuesta de El Nuevo Día, reflejando la opinión pública sobre la imagen y desempeño del gobernador Luis Fortuño, ha desatado un vendaval de reacciones. Según la encuesta –la primera en todo el cuatrienio-, un 58% califica con D o F la gestión del gobernador.

Al medirse las posibilidades de reelección de Fortuño frente al aspirante del Partido Popular, los resultados para el gobernador son desastrosos. Sólo un 25% de los encuestados expresa intención de avalar su reelección. Un 31% de los electores identificados con el PNP piensa que el desempeño de Fortuño es peor de lo esperado. Alejandro García Padilla, a 21 meses de las elecciones, comanda un 47% de intención de voto. Estos resultados son muy similares a los que arrojan otros sondeos no publicados.

Es evidente que el apoyo al gobernador se ha desplomado. Fortuño tiene los peores números de un inquilino de La Fortaleza en los pasados 40 años. Su rehabilitación política es prácticamente imposible.

Como agravante se añade la manera cómo el liderato del PNP ha reaccionado a su realidad. Que si Fortuño no esperaba lo que encontró al llegar al Gobierno. Que Aníbal y Sila quebraron el país. Que echar a andar el Gobierno ha tomado más tiempo de lo esperado. Que ahora va a haber mucho dinero para repartir entre la gente. Es como si las excusas y nuevas promesas les libraran de la responsabilidad contraída con el pueblo en 2008. Están tratando de tapar el cielo con la mano.

Aunque es muy prematuro para predecir el resultado de las elecciones, la percepción general es de insatisfacción y encono hacia la Administración actual. Esto es así porque muchas de las políticas públicas implantadas van a contrapelo de las promesas hechas en la campaña de 2008. El pueblo le dio al PNP un mandato abrumador para que resolviera los grandes problemas que tenía el país, no para buscar excusas.

Las explicaciones y excusas sobran cuando se prometió, solucionar los graves problemas económicos, el aumento descontrolado del crimen y la violencia, y el alto costo de la electricidad, por ejemplo. Prometieron que todo esto se lograría sin meternos la mano en el bolsillo. Dos años y varios impuestos nuevos después, la realidad es que esos problemas han alcanzado niveles de calamidad. Igualmente, resulta muy difícil para los casi 20,000 empleados desplazados del gobierno aceptar excusas, cuando en 2008 se les prometió enderezar las finanzas del Gobierno sin que fuera necesario despedir a nadie. En resumen, el Gobierno se ha quedado sin credibilidad.

La decepción con el desempeño de Fortuño debe servirnos de lección tanto a electores como a líderes políticos. El gobernador no entendió que las reglas que determinan la inserción de Puerto Rico en la economía global, así como las determinantes de nuestra realidad de país, son extremadamente complejas. Gobernar Puerto Rico es un ejercicio de caminar constantemente por el filo de una navaja entre lo deseable y lo posible. No se puede engañar al electorado durante el tiempo de política para luego incumplir los compromisos que llevan a uno al poder. Gobernar en democracia es tomar decisiones, a veces difíciles, pero con el consentimiento de los gobernados.

Para esto hay que entender que el poder no es del que gobierna, sino del pueblo que lo delega por un tiempo a base de un contrato electoral.

Ahora que se advierte la casi seguridad de un cambio de gobierno, aquellos que aspiran al poder deben entender la responsabilidad de una campaña política. El PPD no debe repetir el grave error de prometer en exceso, con el único propósito de ganar. Ganar es crucial y requerirá lo necesario. Pero ganando se contrae la responsabilidad de gobernar bien. Aunque la meta inmediata sea ganar, más temprano que tarde la victoria se traduce en necesarios consensos para encaminar las soluciones.

Ganar sin respetar la palabra empeñada es echar a perder la confianza necesaria para dirigir al país. Por eso, a estas alturas, Fortuño no es reelegible.

FORO POLITICO CON ÁNGEL ROSA

Fortuño saca F

¿Plebiscito sin el ELA?

Héctor Martínez y Rivera Schatz

Se lanza García Padilla

El problema del gobierno

Se ha puesto de moda decir que el gobierno es malo, que no sirve, que hay que sacarlo del medio. La estrechez económica refuerza la demagogia de que el gobierno es una carga para los que pagamos contribuciones. De este discurso se agarró el gobernador Luis Fortuño en su reciente mensaje sobre la situación del País, intentando presentar una cara distinta de su administración en el año preelectoral.

El gobernador cree que el gobierno no es instrumento para sacar a los ciudadanos de la pobreza y que la responsabilidad es del individuo. Como si estuviéramos en la selva donde sólo el más fuerte sobrevive. El problema con esta visión elitista de que el gobierno es malo y que sólo favoreciendo a los que tienen mucho se logra el bienestar económico, es que sólo funciona en países bien ricos con mucho capital, como Estados Unidos. Como sabemos, la economía de Puerto Rico no es la de Estados Unidos.

Curiosamente, el argumento de que el gobierno es un pesado lastre para el ciudadano que lucha por sobrevivir, no es original de Fortuño. En 1981, al inaugurarse como presidente de los Estados Unidos, el republicano Ronald Reagan dijo: “El gobierno no es la solución a nuestros problemas. El gobierno es el problema”. Para Reagan el tamaño del gobierno era la causa de la terrible crisis fiscal y económica que se experimentaba entonces. Como remedio, Reagan prometió reducir dramáticamente la nómina federal, disminuir el gasto gubernamental y bajarle las contribuciones al ciudadano promedio.

Ese fue el origen de la estrategia económica “Reaganomics”, que postulaba que al bajarse las contribuciones a los ricos estos invertirían su dinero generando así mayores oportunidades de empleo y prosperidad para la clase media y pobre. Como consecuencia de estas políticas, tan parecidas al discurso de Fortuño, la deuda pública estadounidense creció en un 20 por ciento y el déficit fiscal se duplicó. El número de estadounidenses bajo el nivel de pobreza creció en 5 millones y se multiplicó la pobreza. La participación de los más ricos en la riqueza nacional aumentó en un 3%, mientras que la de los más pobres se redujo en la misma proporción.

En resumen, Reagan dejó un país más endeudado y pobre del que recibió en 1980. Fueron necesarias las políticas de reducción del déficit y refuerzo de los programas sociales implementadas por Bill Clinton para devolver a los Estados Unidos a la ruta de la verdadera prosperidad.

En países pobres, superpoblados, de escasos recursos y poco capital, como Puerto Rico, el papel del gobierno es fundamental. Su responsabilidad estriba en distribuir justamente los recursos en educación de excelencia, servicios de salud, infraestructura y condiciones propicias para crear empleos. En otras palabras, al gobierno le toca hacer lo que el capital y la inversión privada son incapaces de lograr. Por eso no se le puede desmantelar, ni reducir su importancia.

Por décadas el gobierno de Puerto Rico ha sido víctima de las luchas de poder entre los partidos políticos. Los servidores públicos se han visto asediados por el fantasma de la politiquería. El principio del mérito ha sido sustituido por el color político, todo lo cual ha producido unas ineficiencias y actitudes que es imperativo resolver. No es botando empleados ni transfiriendo la responsabilidad del gobierno al sector privado como se alcanza el bienestar verdadero.

El “más dinero en tu bolsillo” que ofrece la administración como anzuelo para electores descontentos en medio de la recesión económica, tendrá el efecto a largo plazo de negarle al gobierno los recursos necesarios para llevar a cabo su función. Esto quizás no se sienta inmediatamente gracias al impuesto sorpresivo del 4% a las compañías foráneas. Pero en la medida en la que se vaya reduciendo el impuesto y el sector privado no pueda producir mayores ingresos, los ciudadanos -especialmente los más pobres, sufriremos las consecuencias. Para entonces habrán pasado las elecciones.

Curiosamente la estrategia de la administración Fortuño parece ser la misma que la de su héroe Ronald Reagan: el que venga detrás que arree.

El problema del gobierno

Se ha puesto de moda decir que el gobierno es malo, que no sirve, que hay que sacarlo del medio. La estrechez económica refuerza la demagogia de que el gobierno es una carga para los que pagamos contribuciones. De este discurso se agarró el gobernador Luis Fortuño en su reciente mensaje sobre la situación del País, intentando presentar una cara distinta de su administración en el año preelectoral.

El gobernador cree que el gobierno no es instrumento para sacar a los ciudadanos de la pobreza y que la responsabilidad es del individuo. Como si estuviéramos en la selva donde sólo el más fuerte sobrevive. El problema con esta visión elitista de que el gobierno es malo y que sólo favoreciendo a los que tienen mucho se logra el bienestar económico, es que sólo funciona en países bien ricos con mucho capital, como Estados Unidos. Como sabemos, la economía de Puerto Rico no es la de Estados Unidos.

Curiosamente, el argumento de que el gobierno es un pesado lastre para el ciudadano que lucha por sobrevivir, no es original de Fortuño. En 1981, al inaugurarse como presidente de los Estados Unidos, el republicano Ronald Reagan dijo: “El gobierno no es la solución a nuestros problemas. El gobierno es el problema”. Para Reagan el tamaño del gobierno era la causa de la terrible crisis fiscal y económica que se experimentaba entonces. Como remedio, Reagan prometió reducir dramáticamente la nómina federal, disminuir el gasto gubernamental y bajarle las contribuciones al ciudadano promedio.

Ese fue el origen de la estrategia económica “Reaganomics”, que postulaba que al bajarse las contribuciones a los ricos estos invertirían su dinero generando así mayores oportunidades de empleo y prosperidad para la clase media y pobre. Como consecuencia de estas políticas, tan parecidas al discurso de Fortuño, la deuda pública estadounidense creció en un 20 por ciento y el déficit fiscal se duplicó. El número de estadounidenses bajo el nivel de pobreza creció en 5 millones y se multiplicó la pobreza. La participación de los más ricos en la riqueza nacional aumentó en un 3%, mientras que la de los más pobres se redujo en la misma proporción.

En resumen, Reagan dejó un país más endeudado y pobre del que recibió en 1980. Fueron necesarias las políticas de reducción del déficit y refuerzo de los programas sociales implementadas por Bill Clinton para devolver a los Estados Unidos a la ruta de la verdadera prosperidad.

En países pobres, superpoblados, de escasos recursos y poco capital, como Puerto Rico, el papel del gobierno es fundamental. Su responsabilidad estriba en distribuir justamente los recursos en educación de excelencia, servicios de salud, infraestructura y condiciones propicias para crear empleos. En otras palabras, al gobierno le toca hacer lo que el capital y la inversión privada son incapaces de lograr. Por eso no se le puede desmantelar, ni reducir su importancia.

Por décadas el gobierno de Puerto Rico ha sido víctima de las luchas de poder entre los partidos políticos. Los servidores públicos se han visto asediados por el fantasma de la politiquería. El principio del mérito ha sido sustituido por el color político, todo lo cual ha producido unas ineficiencias y actitudes que es imperativo resolver. No es botando empleados ni transfiriendo la responsabilidad del gobierno al sector privado como se alcanza el bienestar verdadero.

El “más dinero en tu bolsillo” que ofrece la administración como anzuelo para electores descontentos en medio de la recesión económica, tendrá el efecto a largo plazo de negarle al gobierno los recursos necesarios para llevar a cabo su función. Esto quizás no se sienta inmediatamente gracias al impuesto sorpresivo del 4% a las compañías foráneas. Pero en la medida en la que se vaya reduciendo el impuesto y el sector privado no pueda producir mayores ingresos, los ciudadanos -especialmente los más pobres, sufriremos las consecuencias. Para entonces habrán pasado las elecciones.

Curiosamente la estrategia de la administración Fortuño parece ser la misma que la de su héroe Ronald Reagan: el que venga detrás que arree.

Renuncia Rolando Crespo

El PPD en el siglo XXI

Esta semana se conmemoran 113 años del natalicio de don Luis Muñoz Marín. Como de costumbre, se celebran sendas actividades de recordación. Curiosamente, los mensajes de este año estarán a cargo de los últimos dos gobernadores electos como candidatos del partido fundado por Muñoz en 1938. Sila Calderón hablará en Trujillo Alto y Aníbal Acevedo Vilá hablará en Mayagüez. La casualidad o causalidad en la selección de ambos oradores es ideal para reflexionar sobre el futuro del partido político más exitoso del siglo XX.

El Partido Popular Democrático llegó al poder en 1940, representando una esperanza de cambio social y político en el Puerto Rico dominado por la Coalición Republicano-Socialista. El PPD puso en marcha un proyecto de reforma que incluyó la repartición de tierras y la industrialización. Este fue el medio para salir de la miseria y desolación que producían el latifundio, el monocultivo y el absentismo, aún después de medio siglo de dominación estadounidense.

El secreto de entonces fue aprender a caminar junto al pueblo, con sus luchas, con sus aspiraciones, con sus anhelos y con sus temores -fundados e infundados. Entonces se gobernó sin caer en la arrogancia de soluciones mágicas que adolecen de las mismas insuficiencias que pretenden resolver.

Hoy, como en 1940 el PPD tiene que convertirse en el agente transformador que hace tiempo dejó de ser. Aquellos que eventualmente accedan a su liderato deberán hablar claro. Tendrán que apartarse de la dañina ruta de las campañas modernas que van prometiendo quimeras, enamorando al electorado con mentiras para luego convertirlas en grandes decepciones. Es la hora de sincerarse con el País. Para ganar las elecciones hay que volver a ganarse su confianza.

Puerto Rico necesita buen gobierno. Un gobierno fundamentado en el olvidado principio de la justicia social. No se puede gobernar bien si no se cree en la capacidad del gobierno para servir como instrumento de justicia ante la pobreza. El discurso de Fortuño de que el gobierno no sirve y hay que sacarlo del medio dejará a Puerto Rico sumido en una profunda crisis de desesperanza cuando las quimeras de “más dinero en tu bolsillo” demuestren ser lo contrario de la prosperidad que predican.

Justicia social en nuestros días no es ponerles zapatos a los descalzos, que ya no existen, ni acabar con las lombrices en los estómagos hambrientos. Justicia social en el siglo XXI, es sacar del vicio a miles de jóvenes que diariamente se pierden en el mundo del narcotráfico y la adicción a drogas. Es atacar la dependencia y combatir el conformismo, productos de un discurso ideológico basado en la inferioridad. Es crear las condiciones para atraer inversión y poner a la gente a trabajar.

Justicia social hoy, es privilegiar por encima de los intereses de aquellos que sólo aspiran a administrar una nómina, un proyecto educativo de excelencia. Quizás hoy no sufrimos la desesperanza del analfabetismo con la que bregaron Muñoz y su generación, pero nuestros niños salen del sistema educativo sin las destrezas necesarias para tener éxito en la vida.

Justicia social en 2011 es rescatar un sistema que obliga a los profesionales de la salud a emigrar. Tenemos que enfrentar de una vez la falacia del acceso a una salud privatizada que en dos décadas ha contribuido a la quiebra del País y no ha resuelto la desigualdad de una salud para pobres y otra para pudientes.

Para volver a ser agente transformador el PPD tendrá que enfrentarse al dilema del status, negándose a meterse en el callejón sin salida de procesos diseñados para excluir puertorriqueños de la decisión. La clave tiene que ser luchar para que las opciones de nuestro futuro político siempre estén guiadas por los principios de consentimiento mutuo y autodeterminación.

El reto de este tiempo es mucho mayor que en 1940. Hoy nos enfrentamos a un Puerto Rico mucho más fragmentado, en el que se fomenta la confusión renegando de lo que somos. Quienes pretendan gobernar hoy deberán tener claro nuestro propósito de pueblo y una voluntad inquebrantable para adelantarlo.

Fortuño a mitad de camino

Biculturalismo y la realidad puertorriqueña

En su reciente visita a España, y ante una pregunta sobre las posibles desventajas de la anexión de Puerto Rico a los Estados Unidos, el gobernador Luis Fortuño dijo a la periodista Verónica Calderón del periódico El País que: “…somos Estados Unidos desde 1898, ciudadanos norteamericanos desde 1917 y más de la mitad de nuestra población reside en los 50 estados. Y seguimos siendo lo que somos, estadounidenses y biculturales”. Tal vez confundida por el entuerto de la respuesta o quizás simplemente por curiosidad, la periodista preguntó si los puertorriqueños somos latinoamericanos o estadounidenses. La respuesta del mandatario fue que somos “boricuas, hispanos y americanos” y de paso le preguntó a la periodista -como para enfatizar nuestra bipersonalidad- si ella quería más a su madre o a su padre. La periodista optó por cambiar de tema.

El intercambio no tendría mayor importancia si no fuera porque expuso internacionalmente el desconocimiento sobre nuestro ser nacional que sufre la persona que nos gobierna desde 2009. El biculturalismo no es una cualidad a la que se llega por vías de la conveniencia económica para promover un destino de inversión. Mucho menos se obtiene por el anhelo de cambiar un status político.

El biculturalismo es una realidad sociológica de pueblos que por su experiencia histórica integran grandes poblaciones de diferente extracción cultural. Entendiéndose que la cultura es el conjunto de costumbres, prácticas, códigos, normas, maneras de ser y sistemas de creencias que identifica a unas gentes.

En países como Canadá, Nueva Zelanda o África del Sur el biculturalismo es una realidad que garantiza la convivencia pacífica de dos culturas incapaces de integrarse. Generalmente las experiencias biculturales parten de la dificultad para integrar creencias religiosas o diferencias lingüísticas que pueden provocar tensiones entre grupos poblacionales. En muchos casos al estado no le queda otro remedio que reconocer formalmente ambas culturas para minimizar los conflictos.

El contexto que acabo de describir, no corresponde a la realidad puertorriqueña. Los puertorriqueños no somos biculturales. La cultura puertorriqueña es el producto de más de quinientos años de historia, luego de la colonización española. Tomó casi trescientos años definir los rasgos de nuestro carácter cultural que vino a cuajarse en el siglo XIX, mucho antes del tan señalado 1898.

Los puertorriqueños somos un pueblo caribeño de rasgos eminentemente latinoamericanos. Compartimos con el resto de Iberoamérica una historia, un idioma, unas costumbres y una fe religiosa. Nuestra cultura se ha nutrido de la presencia de diferentes razas, incluyendo a partir de 1898 a los Estados Unidos. Pero la esencia y cultura del pueblo puertorriqueño es claramente distinguible de todas las que nos influencian.

A Estados Unidos nos une una realidad política y desde 1917, la ciudadanía. Al igual que en el caso de la cultura hispanoamericana, los puertorriqueños hemos hecho importantes contribuciones a la cultura estadounidense. Pero de ahí a proclamar nuestro biculturalismo hay un gran trecho.

Preocupa mucho descubrir que el Gobernador desconoce nuestra realidad. Preocupa más si conociéndola, pretende borrarla de golpe simplemente porque ante ella se ponen de manifiesto los obstáculos para la anexión que tanto defiende. Quizás la única esperanza que pueda quedarles a los partidarios de la estadidad es que Estados Unidos algún día se reconozca como una nación multicultural y decida entonces aceptar un estado hispanoamericano como sería Puerto Rico.

Si nuestros gobernantes no pueden reconocernos como somos, mucho menos podrán encontrar soluciones a nuestros problemas. Es decir, pueden ostentar el poder pero no pueden gobernar. Defender y afirmar la cultura puertorriqueña no es inseguridad colectiva. Es saber quién se es. Es no tener complejos. Es el instinto que tienen todos los pueblos del mundo de preservar su esencia, aún dentro de las realidades de la globalización.

Reinterpretar la realidad acomodaticiamente es deshonestidad. Es la misma falta de honestidad que les impulsa a promover soluciones al status político mediante la exclusión de sectores importantes del pueblo puertorriqueño. Si lo que se quiere es provocar interés en Puerto Rico como destino económico ya es hora que se demuestre la seriedad que requiere la competencia internacional.

¿Después de Farinacci qué?

La renuncia de Farinacci

Cambios en el gabinete de Fortuño