Una investigación periodística de El Nuevo Día ha destapado la caja de Pandora de la manipulación estadística en la Policía. La modalidad principal de esta irregularidad consiste en la alteración de hechos denunciados por ciudadanos en las querellas para así lograr su clasificación como delitos de menor escala. Otras veces no se asigna número a las querellas, para que no aparezcan en las estadísticas, o se agrupan muchos incidentes bajo un sola querella para que se considere un solo delito. En cualquier caso, ésta es una práctica corrupta que los ciudadanos hemos sospechado por décadas.
Es entendible que, ante el aumento en la incidencia criminal, las altas esferas policiacas sientan presión para lograr reducciones significativas de la actividad delictiva. La Policía recibe el impacto de las complejas realidades sociales que producen el delito, y la opinión pública termina adjudicando el aumento de la criminalidad al fracaso policiaco. De ahí que se recurra a la manipulación estadística para producir falsamente resultados halagüeños de las estrategias anticrimen. Así, piensan estos corruptos, se reduce la presión pública.
Desde que se publicaron los primeros informes de prensa se ha desatado una avalancha de testimonios de ciudadanos y de agentes de la Policía que apunta a la existencia del problema en al menos 9 de las 13 regiones policiacas. Esto hace necesario crear las condiciones institucionales para perseguir y eliminar esta práctica.
Resulta muy preocupante la reacción del superintendente José Figueroa Sancha, quien calificó las denuncias como una labor de encargo de la prensa como parte de una conspiración diseñada por Partido Popular Democrático. Se puede entender que el superintendente sienta frustración por el rezago de la respuesta anticrimen, pero su respuesta es clara señal de desenfoque.
El secretario de Justicia, en una reacción mucho más adecuada, ha ordenado una investigación aduciendo que no debe permitirse tal engaño. Inclusive, el secretario admitió que recientemente tuvo que ordenar la revisión de un informe estadístico sobre incidencia criminal, que iba a ser sometido al Departamento de Justicia de Estados Unidos. Según el funcionario los datos no le satisfacían.
Es importante que se publiquen los resultados de la investigación de Justicia. La transparencia es vital para aminorar el impacto que las irregularidades en el manejo de estadísticas en la Policía tiene sobre la confianza necesaria en nuestras fuerzas de ley y orden.
Maquillar la actividad delictiva es corrupción pública. Denunciarla –como ha hecho la prensa-, es contribuir a que se tomen medidas para terminar esta mala maña. Recurrir a la negación y a la paranoia política para esconderlo, es un mal servicio a Puerto Rico.
La manipulación estadística del crimen es un mal de casi todas las policías del mundo. Su proliferación es nefasta pues, entre otras consecuencias, tiende a producir una visión distorsionada del problema criminal. Es como mirarse al espejo y no reconocer la imagen que se está viendo. Esta distorsión impide un proceso inteligente de toma de decisiones, que es fundamental para lograr soluciones.
Eventualmente, tal engaño produce un fracaso tan estrepitoso como el que intenta evitarse.
La administración actual enfrenta el período de mayor criminalidad en nuestra historia. Que el propio Gobierno trate de esconder la magnitud del crimen sólo contribuye al diseño de estrategias inadecuadas para enfrentarlo. Esto hay que pararlo. Los puertorriqueños llevamos veinte años padeciendo la incapacidad de los gobiernos para enfrentar el crimen adecuadamente.
Analizando justamente el problema, no se puede concluir que la manipulación de estadísticas policiacas sea una actividad exclusiva de la presente administración. El problema se le ha señalado también a otras administraciones. Pero recurrir al argumento mediocre de que esto ha ocurrido siempre, es inaceptable.
Ya es tiempo de que reconozcamos la necesidad de recopilar de forma independiente todas las estadísticas en Puerto Rico, incluyendo las del crimen. Mientras aparece la inteligencia y voluntad necesarias para legislar con valentía, es importante que los procesos internos en la Policía sean inflexibles al fijar responsabilidades contra directivos y oficiales que se presten para engañarnos.
Es entendible que, ante el aumento en la incidencia criminal, las altas esferas policiacas sientan presión para lograr reducciones significativas de la actividad delictiva. La Policía recibe el impacto de las complejas realidades sociales que producen el delito, y la opinión pública termina adjudicando el aumento de la criminalidad al fracaso policiaco. De ahí que se recurra a la manipulación estadística para producir falsamente resultados halagüeños de las estrategias anticrimen. Así, piensan estos corruptos, se reduce la presión pública.
Desde que se publicaron los primeros informes de prensa se ha desatado una avalancha de testimonios de ciudadanos y de agentes de la Policía que apunta a la existencia del problema en al menos 9 de las 13 regiones policiacas. Esto hace necesario crear las condiciones institucionales para perseguir y eliminar esta práctica.
Resulta muy preocupante la reacción del superintendente José Figueroa Sancha, quien calificó las denuncias como una labor de encargo de la prensa como parte de una conspiración diseñada por Partido Popular Democrático. Se puede entender que el superintendente sienta frustración por el rezago de la respuesta anticrimen, pero su respuesta es clara señal de desenfoque.
El secretario de Justicia, en una reacción mucho más adecuada, ha ordenado una investigación aduciendo que no debe permitirse tal engaño. Inclusive, el secretario admitió que recientemente tuvo que ordenar la revisión de un informe estadístico sobre incidencia criminal, que iba a ser sometido al Departamento de Justicia de Estados Unidos. Según el funcionario los datos no le satisfacían.
Es importante que se publiquen los resultados de la investigación de Justicia. La transparencia es vital para aminorar el impacto que las irregularidades en el manejo de estadísticas en la Policía tiene sobre la confianza necesaria en nuestras fuerzas de ley y orden.
Maquillar la actividad delictiva es corrupción pública. Denunciarla –como ha hecho la prensa-, es contribuir a que se tomen medidas para terminar esta mala maña. Recurrir a la negación y a la paranoia política para esconderlo, es un mal servicio a Puerto Rico.
La manipulación estadística del crimen es un mal de casi todas las policías del mundo. Su proliferación es nefasta pues, entre otras consecuencias, tiende a producir una visión distorsionada del problema criminal. Es como mirarse al espejo y no reconocer la imagen que se está viendo. Esta distorsión impide un proceso inteligente de toma de decisiones, que es fundamental para lograr soluciones.
Eventualmente, tal engaño produce un fracaso tan estrepitoso como el que intenta evitarse.
La administración actual enfrenta el período de mayor criminalidad en nuestra historia. Que el propio Gobierno trate de esconder la magnitud del crimen sólo contribuye al diseño de estrategias inadecuadas para enfrentarlo. Esto hay que pararlo. Los puertorriqueños llevamos veinte años padeciendo la incapacidad de los gobiernos para enfrentar el crimen adecuadamente.
Analizando justamente el problema, no se puede concluir que la manipulación de estadísticas policiacas sea una actividad exclusiva de la presente administración. El problema se le ha señalado también a otras administraciones. Pero recurrir al argumento mediocre de que esto ha ocurrido siempre, es inaceptable.
Ya es tiempo de que reconozcamos la necesidad de recopilar de forma independiente todas las estadísticas en Puerto Rico, incluyendo las del crimen. Mientras aparece la inteligencia y voluntad necesarias para legislar con valentía, es importante que los procesos internos en la Policía sean inflexibles al fijar responsabilidades contra directivos y oficiales que se presten para engañarnos.
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