Cincuenta años y un sándwich

Luego de 50 años sin que nos visitara un presidente estadounidense, el martes 14 junio Puerto Rico recibió a Barack Obama. El presidente cumplía así su promesa de campaña de regresar a la isla como primer mandatario. El último en hacerlo había sido John F. Kennedy en diciembre de 1961. Por eso esta visita tenía cierta mística continuadora.

Obama, a diferencia de Kennedy, vino a recaudar fondos para su recién comenzada campaña a la reelección. Kennedy nos visitó como vitrina que éramos de las relaciones estadounidenses con América Latina. Obama nos visitó como vitrina que somos para conquistar el voto hispano en Estados Unidos.

Aprovechando la disposición del presidente de venir a Puerto Rico, los partidarios locales del Partido Demócrata que favorecen la estadidad, se dieron a la tarea de preparar junto la Casa Blanca un itinerario de la visita que les permitiera reforzar el sabor de que la anexión está a la vuelta de la esquina. El viaje también coincidió con varias sesiones del Grupo de Trabajo Interagencial sobre Puerto Rico, centradas en la economía de la isla.

La parte pública de la visita incluyó una parada en La Fortaleza para reunirse con el gobernador Luis Fortuño y el comisionado residente Pedro Pierluisi. Allí tocaron el tema del status, la colaboración entre las agencias locales y federales para combatir el narcotráfico y la necesidad de crear empleos.

Sobre el tema del status, Obama dejó meridianamente establecido que su compromiso para adelantar una solución quedó atendida con la propuesta contenida en el informe del Task Force publicada en marzo pasado, proponiendo una consulta plebiscitaria de dos rondas en las que se escoja entre todas las opciones, incluyendo el ELA.

La consulta, dijo Obama, tendrá que surgir de un proceso justo que produzca un mandato claro. Esto es lo contrario al plebiscito propuesto por la Administración Fortuño y reforzado por el plan del PIP, que pretende excluir la opción del ELA para que se produzca una mayoría artificial a favor de la estadidad. Según la absurda lógica del PIP, al negar el Congreso la estadidad llegará la independencia, sin votos.

En materia económica el presidente se comprometió a evaluar una posible exclusión de Puerto Rico de las leyes de cabotaje. Su Task Force se comprometió a incluir a Puerto Rico dentro de los esfuerzos para potenciar las exportaciones en Estados Unidos. Ésta es una buena noticia, pues podría producir un mecanismo necesario para la atracción de capital a Puerto Rico, que es la única forma de crear empleos masivamente en un corto plazo.

Pero la joya de la visita se produjo cuando las prácticas antidemocráticas del PNP obligaron al presidente a darles una lección de civismo político. Igual que han hecho con la Ley 7, la UPR, el gasoducto, el plebiscito y la reforma electoral, quisieron controlar la agenda del presidente para dejar fuera a la oposición. Su desconocimiento de las dinámicas que rigen el proceso político estadounidense les hizo pensar que podían salirse con la suya.

Obama hizo entonces un planificado, pero desconocido desvío en su itinerario para comerse un sándwich y conversar en Kasalta con Alejandro García Padilla, presidente del PPD y único candidato a la gobernación abiertamente identificado con el Partido Demócrata. Es decir, en la única oportunidad para compartir espontáneamente con los puertorriqueños sin protocolo, Obama aprovechó para que lo vieran en compañía del líder del PPD. Desde entonces, el liderato del PNP ha perdido su encanto con Obama y le acusan de toda suerte de conspiraciones. De pronto les invade una ira anti-Obama contraria a la euforia que les produjo su llegada. Incluso han jurado que harán campaña en su contra en las comunidades hispanas de Estados Unidos.

Tal reacción resulta tan patética como esclarecedora. Los líderes del anexionismo parecen repudiar las bases de juego limpio e igualdad de oportunidades que caracterizan el discurso democrático. Su comportamiento es contrario a los valores políticos de la nación a la que quieren integrarse como estado. La visita de Obama ha servido para desenmascararlos una vez más.

Se creen los dueños

El PNP acaba de aprobar una mal llamada “reforma electoral”, con la que trastocan las reglas de juego que por décadas han regido nuestras elecciones. Se trata de una serie de cambios al Código Electoral que pone en precario el consenso que protegía la transparencia y legitimidad de nuestros comicios.

Con sus defectos y virtudes, durante las últimas tres décadas nuestro sistema electoral se ha caracterizado precisamente por su confiabilidad, más allá del resultado. Esa es una característica indispensable para la subsistencia de una democracia. Para que haya democracia no es necesario que nos guste el resultado electoral. Es necesario, sin embargo, que ese resultado sea reconocido por todos como la expresión inequívoca de la voluntad del pueblo. Para ello, es importante que aquellos con poder para cambiar el ordenamiento jurídico protejan siempre el derecho del elector a expresar su voluntad en las urnas.

A manera de venganza por el resultado electoral de 2004, el PNP ha cambiado sustancialmente y sin consenso, las reglas que regirán los comicios de 2012. Lo hacen sabiendo que el ánimo del País estará en su contra en estas próximas elecciones. Por eso los senadores y representantes de la mayoría, se han prestado para hacerle un traje a la medida a la reelección de Luis Fortuño.

Han eliminado de un plumazo el voto mixto de dos cruces (pivazo), simplemente porque ese tipo de sufragio impidió a Pedro Rosselló ganar en 2004. Por primera vez en nuestra historia, la Legislatura actúa para impedirles a los electores manifestar su voluntad libremente. Uno de los expertos electorales del PNP elogiaba la medida diciendo: “Esto lo que hace es evitar que los independentistas voten por el PIP, para mantener la franquicia, pero le presenten el voto al candidato a gobernador del PPD”. ¿Con qué autoridad estos líderes del PNP se atreven dictarnos a los puertorriqueños cómo votar?

Además, en un claro intento de manipulación partidista despojan al juez presidente del Tribunal Supremo de su facultad administrativa para designar los jueces a cargo de las salas electorales. Ahora esa facultad la tendrá el pleno del Tribunal que ha sido inflado a nueve jueces, seis de los cuáles han sido nombrados por Fortuño. Serán estas salas las que precisamente atiendan las controversias que surjan entre otras cosas por estos cambios recién legislados. El ansia de control total no les permite esperar a que el mandato del pueblo les autorice nombrar un nuevo juez presidente cuándo venza el término del actual. Hay que hacerlo a la trágala, simplemente porque se tiene poder.

Igualmente, han trastocado los acuerdos existentes para autorizar el voto adelantado de los policías y guardias penales, que ahora podrán optar por esta modalidad del voto aunque sus servicios no se requieran directamente en el proceso electoral. De esta forma someten a conocidos ejercicios de coacción y presión a una fuerza policíaca hastiada por las actitudes de este gobierno en su contra.

Se crea también un puesto de Contralor Electoral cuya deseabilidad es aceptada por todos ante los desmanes en el financiamiento de campañas y candidaturas que han aflorado recientemente. Pero este Contralor que ocupará su puesto por 10 años, con poder para detener cualquier campaña política, puede terminar nombrándose por el gobernador-candidato y confirmándose con mayoría simple por los legisladores-candidatos del PNP, sin necesidad de un acuerdo en la Comisión Estatal de Elecciones.

Todo lo anterior ha sido legislado sin consenso y a contrapelo de acuerdos alcanzados con las minorías. La última vez que en Puerto Rico se aprobó una ley electoral sin consenso fue en 1980 y el resultado fue la devastadora experiencia de Valencia. Fue necesario restablecer el consenso en 1983 para devolverle la legitimidad a nuestro sistema electoral.

Trastocar las reglas básicas de una democracia es un ejercicio embriagante de poder de quienes, creyéndose dueños del País, pretenden atornillarse en el gobierno. Esta ley representa un golpe mortal a los acuerdos fundacionales que nos han permitido evolucionar políticamente. Lo que ahora le puede servir al PNP para asegurarse una victoria, mañana puede servir para atropellarles. Entonces no habrá instituciones para defenderles.