La videolotería es un mal negocio

10 mayo 2010

En las últimas semanas ha tomado auge la propuesta del gobernador Luis Fortuño para añadirle $220 millones a los recaudos del Gobierno, a través de la legalización de las miles de tragamonedas que operan clandestinamente en el País. Calcula el Secretario de Hacienda que en la Isla operan entre 60,000 y 80,000 de estas máquinas, de las cuales sólo 8,000 pagan derechos al fisco. La llamada videolotería es parte del plan del Gobierno para cuadrar el presupuesto para el próximo año fiscal, que sufre una insuficiencia cercana a los $2,000 millones.

La práctica de buscar en los juegos de azar recursos para balancear la necesidad de gastos del estado, no es nueva. En la medida en que se ha ido deteriorando nuestra base económica, al Estado se le hace más difícil encontrar los recursos necesarios para operar. Mientras, la asfixiada clase media clama por un alivio contributivo que tiene que ser financiado allegando recursos adicionales al fisco. El problema está en las consecuencias de aumentar los recaudos a base de juegos de azar.

En primer lugar, la proliferación exagerada de estos juegos se convierte en un gravamen a la población menos afortunada económicamente, pues estos son más propensos a buscar en el azar el golpe de suerte que les alivie su ya estrangulada economía. Dicho de otra forma, son los más pobres los que recurren a las tragamonedas, legales o ilegales, donde terminan perdiendo más de lo que ganan.

Un informe de la National Gambling Impact Study Commission ha recomendado a los estados y jurisdicciones de los Estados Unidos, detener operaciones de lo que llaman “convenience gambling” (apuestas de colmado), ante los efectos nocivos y adictivos del juego en la vida de los jugadores y su familia. Pretender recaudar fondos adicionales a través de esta legalización es equivalente a legalizar los puntos de droga para cobrar IVU a los traficantes y distribuidores de narcóticos.

En segundo lugar, el aumento en los recaudos del ELA que predice la propuesta del Gobernador se va desvaneciendo cuando analizamos los costos que representan para el Gobierno atender los males sociales relacionados con el juego. Estos se pueden desglosar de la siguiente forma: una reducción de 10% en los ingresos de la lotería estatal, un gasto de 10% de lo recaudado en la regulación al juego, un aumento de 8% a 13% en la actividad criminal y la enfermiza sustitución por los individuos de gastos en bienes y servicios ordinarios para utilizar el dinero en apuestas.

Tercero, la legalización de estas máquinas y la autorización para que puedan pagar premios en metálico asestará un rudo golpe a la industria hotelera de Puerto Rico, en momentos en que el Gobierno trata de posicionar el turismo como uno de los puntales de su nueva estrategia económica. Por más de 60 años la política pública en Puerto Rico ha limitado la operación de máquinas tragamonedas a los casinos debidamente autorizados y regulados. Esto no sólo ha permitido proteger la actividad turística sino también controlar el juego entre la población.

Las 21 salas de juego en los casinos de Puerto Rico representan más de 7,000 empleos directos e indirectos y los hoteles donde estas operan representan el 51% del total de habitaciones en la Isla. El empleo directo en estos casinos representa el 20% del empleo en el sector hotelero. Más aún, los casinos representan entre el 30% y el 50% del ingreso de los hoteles en que operan. Legalizar la proliferación de estas máquinas representará, sin duda, una reducción sustancial del negocio de los hoteles.

El establecimiento de la videolotería es mala política social, fiscal y económica, que no ofrecerá alivio a la grave situación de las finanzas del País. La pregunta entonces es, ¿quién se beneficia con este negocio? Nombres como Emprecom, Caribbean Cage y Scientific Games han aflorado en la discusión pública. La asignación para el lector más suspicaz es estar atentos a los nombres que van surgiendo tras estas firmas.

Fortuño presenta Presupuesto

Un momento luminoso

Muy pocas veces el proceso político produce momentos luminosos. La firma por Barack Obama de la Ley de Reforma de Salud, constituye uno de esos pocos momentos en la política norteamericana de los últimos 50 años. De paso, el Presidente estadounidense aprovechó para aplicarle una buena dosis de oxígeno a una administración que comenzaba a desfallecer. Todo en la antesala de las elecciones congresionales de noviembre próximo. Ya cuando nadie lo esperaba, Obama demostró que el liderazgo sigue siendo un factor determinante para el cambio social.

El fervor antigubernamental logrado por los republicanos a finales del siglo XX -el gobierno es malo en tanto no se dedique a favorecer lo privado- sufrió un importante revés al aprobarse la reforma que por más de 70 años habían fallado en conseguir las administraciones demócratas. Comenzando con el Seguro Social de Franklin Roosevelt en plena Gran Depresión, antes de Obama sólo el genio legislativo de Lyndon Johnson pudo conseguir el Medicare en 1965. Desde entonces no había podido pasar legislación protectora de la salud en la más rica de las sociedades contemporáneas.

La gran lección para los que observamos el doloroso proceso de convertir en ley esta reforma, por encima de la bochornosa obstrucción del complejo médico-industrial estadounidense, es que el involucramiento personal de los que ostentan el liderazgo es fundamental a la hora de producir resultados. El no haberlo hecho a tiempo dejó fuera la opción para un plan de salud gubernamental; así como la tan necesaria reducción en los costos de los medicamentos y los cuidados hospitalarios.

Aún así los logros han sido importantes. A partir de ahora, 32 millones de norteamericanos tendrán cubierta de salud, el fisco norteamericano ahorrará $138 billones en diez años y más importante aún, las aseguradoras ya no podrán negar servicios a quienes están enfermos. En resumen, no fue posible una revolución en el modelo de salud norteamericano, pero se logró una transformación que cambiará para siempre la manera en que Estados Unidos garantiza este derecho a sus ciudadanos.

En noviembre próximo, cuando los norteamericanos acudan a las urnas para elegir un nuevo Congreso, las posibilidades de que los demócratas sigan en control parecen haber mejorado. En ello han colaborado inestimablemente los republicanos que, faltos de agenda política y social, han recurrido al patético papel de oponerse a todo. Sin embargo, Obama todavía tiene que producir resultados en la creación de empleos, la recuperación fiscal, la agenda educativa y la reforma migratoria; por no hablar de la solución de los conflictos en Irak y Afganistán, si quiere trascender el 2010.

Si las cosas ocurren normalmente, muchos de estos objetivos que sirvieron de punta de lanza a su campaña de cambio, se quedarán en el tintero. De manera, que el éxito de la administración Obama y de su partido, dependerá de la capacidad para enfocarse en prioridades. Cuando menos, los estadounidenses esperan que les cumpla su palabra en cuanto a recuperación económica y que ajuste las cuentas con una industria bancaria y financiera que ha quebrado al país.

Mientras, en Puerto Rico el drama por la inclusión de la Isla dentro de la reforma ha dejado varias lecciones importantes. Siempre que nuestros políticos ponen el bienestar del País por encima de consideraciones partidistas se logra atender con justeza nuestras necesidades. Beneficiosamente, Puerto Rico recibirá sobre $8,000 millones para salud sin tener que pagar contribuciones federales. Lo obtenido nos lo hemos ganado con creces. Así pues, cuando se quiere, es posible trascender el debate de status para adelantar nuestras causas comunes.

Obama ha demostrado que todavía en política es posible lograr transformaciones a través del liderazgo. El suyo en este momento ha logrado lo que se perfila como uno de los grandes avances en el desarrollo social estadounidense. En Puerto Rico, el ejemplo de la reforma de salud norteamericana nos debe poner a trabajar en la agenda necesaria para que nuestra política comience a producir nuestros propios momentos luminosos.

De Cápsula al Supremo PNP

El analista de RADIO ISLA 1320, Profesor Ángel Rosa, analiza varios asuntos del acontecer político de Puerto Rico, desde el retiro de Willie Miranda Marín de la presidencia de la Asociación de Alcaldes, los enrredos de Toñito Silva con Junior Cápsula, las nuevas reglas del Supremo con mayoría PNP.

La guerra tiene que ser económica

Puerto Rico ha experimentado en años recientes un alza espeluznante en los asesinatos. A dos meses de comenzado el 2010, ya hemos superado por más de 30 el número de asesinatos a la misma fecha del año pasado. Ante esa realidad, la respuesta gubernamental es enfatizar en la llamada “guerra contra el narcotráfico”. Leyendo los informes de prensa resulta obvio que esta es una guerra desigual y que la peor parte la llevamos los ciudadanos.

La alta oficialidad de la Policía atribuye este fenómeno a la efectividad de ese cuerpo y de las autoridades federales en la incautación de drogas. Según el superintendente José Figueroa Sancha, la guerra entre puntos de droga generada por la acción policíaca es responsable del aumento en asesinatos.

Si seguimos esta lógica, no tenemos otra alternativa que esperar que el problema se agrave y que sigan muriendo jóvenes puertorriqueños atrapados en rencillas entre puntos. Después de todo, alguien podría sugerir que los que mueren son criminales y no pueden esperar otro desenlace para el estilo de vida que escogieron. El problema es que también están muriendo inocentes que nada tienen que ver con un narcotráfico sin control que mata a diestra y siniestra.

La Policía tiene razón cuando señala que la causa mayor de los asesinatos estriba en el lucrativo negocio del narcotráfico. Más aún, resulta evidente que la Policía hace lo que está a su alcance para impedir que la industria del narcotráfico continúe operando libremente. Pero lo que resulta una empresa con un alto volumen de ganancia que opera mediante un mercado ilegal, no puede seguir enfocándose como un problema policiaco.

El negocio del narcotráfico es igual a cualquier actividad de mercado. Si existe la demanda va a existir una oferta. En este caso, la dependencia de narcóticos es una condición de salud que va por encima del precio y disponibilidad de la mercancía. Dicho de otra forma, el que necesita consumir droga no se detiene a ponderar si su presupuesto personal puede ajustarse al precio.

Un estudio reciente de la Alianza para Reducir la Insuficiencia en el Tratamiento de Adicción a Drogas ha revelado que en Puerto Rico hay 60,000 adictos a la heroína, que consumen cerca de $3 millones diarios, lo que requiere $7.4 millones diarios en propiedad robada o destruida. Eso sin contar otras adicciones a sustancias controladas, como la cocaína. Un mercado como ese difícilmente responderá a incautaciones y escasez del producto.

Si en efecto queremos tener oportunidad para ganarle la guerra al narcotráfico habría que reducir dramáticamente la demanda por droga. Hay que atender las condiciones de los miles de adictos que todos los días se tiran a la calle en busca de droga. Al mismo tiempo, hay que intervenir con urgencia el contexto social que empuja a muchas de estas personas hacia la droga.

Para ello es necesario atender a la población que abandona la escuela antes de los 16 años porque no la ven como un instrumento para salir de la marginalidad social. Al abandonar la escuela no adquieren las destrezas necesarias para integrarse con éxito a la corriente productiva y muchos terminan trabajando en el punto. Allí pueden ganar fácilmente el dinero para vencer las insatisfacciones de la pobreza. Al final ésa es la población que termina peleándose por el control de las ventas del punto, muriendo en su mayoría antes de cumplir los 30 años.

Necesitamos poner en marcha una política pública que permita a la sociedad atacar el monstruo de las drogas desde una perspectiva integrada. Atendiendo con medicación al adicto y creando las condiciones para ofrecerle a los futuros empleados del punto los mecanismos para salir de la pobreza a base de educación y trabajo. Al fin y al cabo, reducirle los clientes y la mano de obra a un negocio es la manera más efectiva de sacarlo del mercado.

Muñoz no era la fuerza

Luis Muñoz Marín es sin lugar a dudas una de las más preclaras y creativas mentes políticas de nuestra historia. Su capacidad de articular con sencillez las aspiraciones de la generación a la que le tocó dirigir es hoy por hoy muestra innegable de la importancia del liderazgo clarificante que tanto echamos de menos en el Puerto Rico del siglo XXI. Muñoz, a diferencia de muchos de los que le han sucedido en el uso del poder, sentía un profundo respeto por la sabiduría de la gente común.

Si nada más pudiera aplaudirse de su gesta al frente del pueblo puertorriqueño, habría que admirar su convencimiento de que la voluntad del pueblo va por encima de cualquier concepción mesiánica de las trilladas ideologías. Esa es la clave para entender el estrecho vínculo de confianza que se desarrolló entre el Líder y su pueblo.

Luis Muñoz Marín fue líder indiscutible de una generación de puertorriqueños para los que la dignidad inviolable de cada ser humano legitimaba y justificaba sin más, la acción política. En el Puerto Rico de los años 30, los partidos políticos estaban más preocupados por las entelequias del poder insular y sus intrigas en Washington, que por la desesperanza con la que los puertorriqueños de entonces enfrentaban sus males. Dicho de otra forma: aquellos puertorriqueños no encontraban en los partidos de entonces el remedio para las crueles realidades impuestas por el latifundio, el monocultivo y el absentismo.

Hoy que se conmemoran 112 años de su natalicio, valdría la pena reflexionar sin caer en idolatrías, pero también sin escamotear mezquinamente su valía, aquella incursión del heredero de Muñoz Rivera en la vida política de su patria.

En 1940 Puerto Rico llevaba cuatro décadas bajo el dominio estadounidense y no parecía que hubiese voluntad del imperio ni la colonia para cambiar aquellas realidades. Aunque los teóricos de la conspiración adscriban a motivos de deshonestidad y engaño su gestión en la vida pública, lo cierto es que Luis Muñoz Marín presidió con magistral pericia el esfuerzo más exitoso de los puertorriqueños por cambiar el rumbo de su historia.

¿Cuál fue el secreto? Es sencillo. Muñoz aprendió a caminar junto al pueblo, con sus luchas, con sus aspiraciones, con sus anhelos y con sus temores -fundados e infundados. Caminó en fin, con ese pueblo, sin caer en la arrogancia de las soluciones mágicas que tienen de definitivas las mismas insuficiencias que postulan. Entendió mejor que nadie que el liderazgo no es un ejercicio mesiánico, sino un acto de profundo respeto a las voluntades colectivas, que sólo es posible desde la humildad. Por eso el País entendió a Muñoz y confió en su discurso.

La miseria, el hambre y el analfabetismo de entonces se han transformado 60 años después en creciente desigualdad económica, crimen y desconfianza. Peor aún, cual si se repitiera la historia, la política partidista ha regresado al culto por la ostentación del poder por el poder mismo, sin agenda, anhelando que de Washington nos regalen una migaja de protagonismo para resolver el futuro.

La lección de Luis Muñoz Marín es hoy más necesaria que en su tiempo. Nos toca a los puertorriqueños pasar al centro de la escena. Resulta indigno pretender que se impongan recetas extrañas a nuestra experiencia histórica. No se puede resolver nada partiendo de la premisa de la exclusión y la intolerancia.

Conviene recordar las palabras de Muñoz en su discurso a la Asamblea del Partido Popular en agosto de 1964: “Puertorriqueño, preserva siempre tu claridad de entendimiento, tu voluntad y firmeza… confía siempre en tu propia voluntad más que en hombre alguno sobre la Tierra. Esa es tu fuerza, no soy yo tu fuerza, esa es tu fuerza, tú mismo eres tu fuerza”.

¿Estaremos listos para entender que la fuerza somos nosotros mismos?

Hay que crear empleos

En uno de los más inspiradores mensajes sobre el estado de la unión de un presidente estadounidense en época reciente, el miércoles pasado Barack Obama les pidió a los líderes norteamericanos solidaridad y patriotismo para enfrentar la presente crisis.

El primer año de Obama ha sido decepcionante porque las expectativas de cambio que su campaña a la presidencia creó, validaron el habitual espejismo diseñado por estrategas y publicistas a la hora de elegir un candidato. Barack Obama llegó a la Casa Blanca con el hálito de un héroe más que con las debilidades de un ser humano bien intencionado y capaz.

A poco más de un año dirigiendo la nación más poderosa del planeta, y con un Premio Nobel de la Paz concedido sin una sola gestión a favor de la misma, Obama enfrenta un complejo cuadro político, mientras Estados Unidos avanza hacia su decadencia económica en una espiral de desempleo que ronda el 10%. La situación es tan negativa que amenaza con arrebatarle el control del Congreso a los demócratas en las elecciones de noviembre próximo.

La insatisfacción principal de los norteamericanos estriba en que el ansiado cambio no llega con suficiente rapidez como para convencerlos de que, como decía el candidato Obama, se puede. La reforma de salud se encuentra atascada en un Congreso en el que la fuerza de los intereses especiales puede más que la voluntad popular expresada en las urnas. La guerra en Irak y Afganistán no parece estar cerca de la retirada de tropas estadounidenses. Y como si fuera poco, el paquete de estímulo económico aprobado al inicio del cuatrienio no ha generado los empleos que necesita la economía para echarse a andar.

Por suerte para el Partido Demócrata, Obama posee el carisma y la claridad intelectual necesarios para aceptar los errores y proponer las políticas que puedan producir un reencarrilamiento de su gobierno. Así, el miércoles pasado el Presidente le propuso al Congreso usar $30,000 millones de las ayudas devueltas por Wall Street para que bancos comunitarios extiendan créditos a pequeñas empresas. Propuso también un incentivo fiscal para empresas que contraten empleados o mejoren los salarios que pagan actualmente. Además, exigió con inusual firmeza que le remitan lo antes posible un plan federal para la creación de empleos. Donde Bill Clinton dijo: “It’s the economy, stupid”, Obama parece gritar: “It’s the jobs, you morons”.

En Puerto Rico, Luis Fortuño debe cumplir hoy su cita constitucional ante la Legislatura. Tendrá que hacerlo, ante el enfado creado después de uno de los peores primeros años de administración alguna en nuestra historia. Las políticas de despidos masivos de empleados públicos, privatizaciones en forma de alianzas publico-privadas, la pérdida constante de empleos en el sector privado y la insatisfacción de aquellos sectores empresariales que más cooperaron en su ascenso al poder, exigen que el Gobernador hable hoy sobre economía con la certeza que hasta ahora no ha podido transmitir.

No basta con que el Consejo de Economistas prediga una estabilización dentro de los próximos seis a nueve meses, para una economía cuyo producto nacional bruto se ha contraído entre un 4% y un 5% en el primer semestre del presente año fiscal, con las cifras del desempleo rondando el 17%. Tampoco basta con el anuncio de una reforma contributiva cuyos alivios para la clase media se concentrarán en los que ganan $20 mil o menos al año. Cuando en realidad nadie con ese nivel de ingresos forma parte de la clase media.

Aquí en Puerto Rico, como para Obama en Estados Unidos, la clave tiene que ser crear empleos. Los puertorriqueños esperan que su gobierno les trace hoy la ruta hacia nuevos empleos fundamentados en una economía capaz de competir exitosamente para atraer y generar inversión. Esperemos que hoy el plan para más y mejores empleos no dependa de que el Congreso nos conceda la estadidad.