Videolotería UPR y Educación

Huelga UPR y Paro General

La videolotería es un mal negocio

10 mayo 2010

En las últimas semanas ha tomado auge la propuesta del gobernador Luis Fortuño para añadirle $220 millones a los recaudos del Gobierno, a través de la legalización de las miles de tragamonedas que operan clandestinamente en el País. Calcula el Secretario de Hacienda que en la Isla operan entre 60,000 y 80,000 de estas máquinas, de las cuales sólo 8,000 pagan derechos al fisco. La llamada videolotería es parte del plan del Gobierno para cuadrar el presupuesto para el próximo año fiscal, que sufre una insuficiencia cercana a los $2,000 millones.

La práctica de buscar en los juegos de azar recursos para balancear la necesidad de gastos del estado, no es nueva. En la medida en que se ha ido deteriorando nuestra base económica, al Estado se le hace más difícil encontrar los recursos necesarios para operar. Mientras, la asfixiada clase media clama por un alivio contributivo que tiene que ser financiado allegando recursos adicionales al fisco. El problema está en las consecuencias de aumentar los recaudos a base de juegos de azar.

En primer lugar, la proliferación exagerada de estos juegos se convierte en un gravamen a la población menos afortunada económicamente, pues estos son más propensos a buscar en el azar el golpe de suerte que les alivie su ya estrangulada economía. Dicho de otra forma, son los más pobres los que recurren a las tragamonedas, legales o ilegales, donde terminan perdiendo más de lo que ganan.

Un informe de la National Gambling Impact Study Commission ha recomendado a los estados y jurisdicciones de los Estados Unidos, detener operaciones de lo que llaman “convenience gambling” (apuestas de colmado), ante los efectos nocivos y adictivos del juego en la vida de los jugadores y su familia. Pretender recaudar fondos adicionales a través de esta legalización es equivalente a legalizar los puntos de droga para cobrar IVU a los traficantes y distribuidores de narcóticos.

En segundo lugar, el aumento en los recaudos del ELA que predice la propuesta del Gobernador se va desvaneciendo cuando analizamos los costos que representan para el Gobierno atender los males sociales relacionados con el juego. Estos se pueden desglosar de la siguiente forma: una reducción de 10% en los ingresos de la lotería estatal, un gasto de 10% de lo recaudado en la regulación al juego, un aumento de 8% a 13% en la actividad criminal y la enfermiza sustitución por los individuos de gastos en bienes y servicios ordinarios para utilizar el dinero en apuestas.

Tercero, la legalización de estas máquinas y la autorización para que puedan pagar premios en metálico asestará un rudo golpe a la industria hotelera de Puerto Rico, en momentos en que el Gobierno trata de posicionar el turismo como uno de los puntales de su nueva estrategia económica. Por más de 60 años la política pública en Puerto Rico ha limitado la operación de máquinas tragamonedas a los casinos debidamente autorizados y regulados. Esto no sólo ha permitido proteger la actividad turística sino también controlar el juego entre la población.

Las 21 salas de juego en los casinos de Puerto Rico representan más de 7,000 empleos directos e indirectos y los hoteles donde estas operan representan el 51% del total de habitaciones en la Isla. El empleo directo en estos casinos representa el 20% del empleo en el sector hotelero. Más aún, los casinos representan entre el 30% y el 50% del ingreso de los hoteles en que operan. Legalizar la proliferación de estas máquinas representará, sin duda, una reducción sustancial del negocio de los hoteles.

El establecimiento de la videolotería es mala política social, fiscal y económica, que no ofrecerá alivio a la grave situación de las finanzas del País. La pregunta entonces es, ¿quién se beneficia con este negocio? Nombres como Emprecom, Caribbean Cage y Scientific Games han aflorado en la discusión pública. La asignación para el lector más suspicaz es estar atentos a los nombres que van surgiendo tras estas firmas.

Fortuño presenta Presupuesto

Un momento luminoso

Muy pocas veces el proceso político produce momentos luminosos. La firma por Barack Obama de la Ley de Reforma de Salud, constituye uno de esos pocos momentos en la política norteamericana de los últimos 50 años. De paso, el Presidente estadounidense aprovechó para aplicarle una buena dosis de oxígeno a una administración que comenzaba a desfallecer. Todo en la antesala de las elecciones congresionales de noviembre próximo. Ya cuando nadie lo esperaba, Obama demostró que el liderazgo sigue siendo un factor determinante para el cambio social.

El fervor antigubernamental logrado por los republicanos a finales del siglo XX -el gobierno es malo en tanto no se dedique a favorecer lo privado- sufrió un importante revés al aprobarse la reforma que por más de 70 años habían fallado en conseguir las administraciones demócratas. Comenzando con el Seguro Social de Franklin Roosevelt en plena Gran Depresión, antes de Obama sólo el genio legislativo de Lyndon Johnson pudo conseguir el Medicare en 1965. Desde entonces no había podido pasar legislación protectora de la salud en la más rica de las sociedades contemporáneas.

La gran lección para los que observamos el doloroso proceso de convertir en ley esta reforma, por encima de la bochornosa obstrucción del complejo médico-industrial estadounidense, es que el involucramiento personal de los que ostentan el liderazgo es fundamental a la hora de producir resultados. El no haberlo hecho a tiempo dejó fuera la opción para un plan de salud gubernamental; así como la tan necesaria reducción en los costos de los medicamentos y los cuidados hospitalarios.

Aún así los logros han sido importantes. A partir de ahora, 32 millones de norteamericanos tendrán cubierta de salud, el fisco norteamericano ahorrará $138 billones en diez años y más importante aún, las aseguradoras ya no podrán negar servicios a quienes están enfermos. En resumen, no fue posible una revolución en el modelo de salud norteamericano, pero se logró una transformación que cambiará para siempre la manera en que Estados Unidos garantiza este derecho a sus ciudadanos.

En noviembre próximo, cuando los norteamericanos acudan a las urnas para elegir un nuevo Congreso, las posibilidades de que los demócratas sigan en control parecen haber mejorado. En ello han colaborado inestimablemente los republicanos que, faltos de agenda política y social, han recurrido al patético papel de oponerse a todo. Sin embargo, Obama todavía tiene que producir resultados en la creación de empleos, la recuperación fiscal, la agenda educativa y la reforma migratoria; por no hablar de la solución de los conflictos en Irak y Afganistán, si quiere trascender el 2010.

Si las cosas ocurren normalmente, muchos de estos objetivos que sirvieron de punta de lanza a su campaña de cambio, se quedarán en el tintero. De manera, que el éxito de la administración Obama y de su partido, dependerá de la capacidad para enfocarse en prioridades. Cuando menos, los estadounidenses esperan que les cumpla su palabra en cuanto a recuperación económica y que ajuste las cuentas con una industria bancaria y financiera que ha quebrado al país.

Mientras, en Puerto Rico el drama por la inclusión de la Isla dentro de la reforma ha dejado varias lecciones importantes. Siempre que nuestros políticos ponen el bienestar del País por encima de consideraciones partidistas se logra atender con justeza nuestras necesidades. Beneficiosamente, Puerto Rico recibirá sobre $8,000 millones para salud sin tener que pagar contribuciones federales. Lo obtenido nos lo hemos ganado con creces. Así pues, cuando se quiere, es posible trascender el debate de status para adelantar nuestras causas comunes.

Obama ha demostrado que todavía en política es posible lograr transformaciones a través del liderazgo. El suyo en este momento ha logrado lo que se perfila como uno de los grandes avances en el desarrollo social estadounidense. En Puerto Rico, el ejemplo de la reforma de salud norteamericana nos debe poner a trabajar en la agenda necesaria para que nuestra política comience a producir nuestros propios momentos luminosos.

De Cápsula al Supremo PNP

El analista de RADIO ISLA 1320, Profesor Ángel Rosa, analiza varios asuntos del acontecer político de Puerto Rico, desde el retiro de Willie Miranda Marín de la presidencia de la Asociación de Alcaldes, los enrredos de Toñito Silva con Junior Cápsula, las nuevas reglas del Supremo con mayoría PNP.

La guerra tiene que ser económica

Puerto Rico ha experimentado en años recientes un alza espeluznante en los asesinatos. A dos meses de comenzado el 2010, ya hemos superado por más de 30 el número de asesinatos a la misma fecha del año pasado. Ante esa realidad, la respuesta gubernamental es enfatizar en la llamada “guerra contra el narcotráfico”. Leyendo los informes de prensa resulta obvio que esta es una guerra desigual y que la peor parte la llevamos los ciudadanos.

La alta oficialidad de la Policía atribuye este fenómeno a la efectividad de ese cuerpo y de las autoridades federales en la incautación de drogas. Según el superintendente José Figueroa Sancha, la guerra entre puntos de droga generada por la acción policíaca es responsable del aumento en asesinatos.

Si seguimos esta lógica, no tenemos otra alternativa que esperar que el problema se agrave y que sigan muriendo jóvenes puertorriqueños atrapados en rencillas entre puntos. Después de todo, alguien podría sugerir que los que mueren son criminales y no pueden esperar otro desenlace para el estilo de vida que escogieron. El problema es que también están muriendo inocentes que nada tienen que ver con un narcotráfico sin control que mata a diestra y siniestra.

La Policía tiene razón cuando señala que la causa mayor de los asesinatos estriba en el lucrativo negocio del narcotráfico. Más aún, resulta evidente que la Policía hace lo que está a su alcance para impedir que la industria del narcotráfico continúe operando libremente. Pero lo que resulta una empresa con un alto volumen de ganancia que opera mediante un mercado ilegal, no puede seguir enfocándose como un problema policiaco.

El negocio del narcotráfico es igual a cualquier actividad de mercado. Si existe la demanda va a existir una oferta. En este caso, la dependencia de narcóticos es una condición de salud que va por encima del precio y disponibilidad de la mercancía. Dicho de otra forma, el que necesita consumir droga no se detiene a ponderar si su presupuesto personal puede ajustarse al precio.

Un estudio reciente de la Alianza para Reducir la Insuficiencia en el Tratamiento de Adicción a Drogas ha revelado que en Puerto Rico hay 60,000 adictos a la heroína, que consumen cerca de $3 millones diarios, lo que requiere $7.4 millones diarios en propiedad robada o destruida. Eso sin contar otras adicciones a sustancias controladas, como la cocaína. Un mercado como ese difícilmente responderá a incautaciones y escasez del producto.

Si en efecto queremos tener oportunidad para ganarle la guerra al narcotráfico habría que reducir dramáticamente la demanda por droga. Hay que atender las condiciones de los miles de adictos que todos los días se tiran a la calle en busca de droga. Al mismo tiempo, hay que intervenir con urgencia el contexto social que empuja a muchas de estas personas hacia la droga.

Para ello es necesario atender a la población que abandona la escuela antes de los 16 años porque no la ven como un instrumento para salir de la marginalidad social. Al abandonar la escuela no adquieren las destrezas necesarias para integrarse con éxito a la corriente productiva y muchos terminan trabajando en el punto. Allí pueden ganar fácilmente el dinero para vencer las insatisfacciones de la pobreza. Al final ésa es la población que termina peleándose por el control de las ventas del punto, muriendo en su mayoría antes de cumplir los 30 años.

Necesitamos poner en marcha una política pública que permita a la sociedad atacar el monstruo de las drogas desde una perspectiva integrada. Atendiendo con medicación al adicto y creando las condiciones para ofrecerle a los futuros empleados del punto los mecanismos para salir de la pobreza a base de educación y trabajo. Al fin y al cabo, reducirle los clientes y la mano de obra a un negocio es la manera más efectiva de sacarlo del mercado.