miércoles, 28 de julio de 2010
lunes, 5 de julio de 2010
Cuando la paciencia no es suficiente
Los primeros incidentes surgieron como secuela de la acusación ante un gran jurado federal del senador Héctor Martínez, por delitos de corrupción y obstrucción a la justicia. Ante las acusaciones contra su amigo cercano, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz se sumió en una espiral de desaciertos que arrancaron con sus acostumbrados cuestionamientos a la dignidad e integridad de aquellos que no son de su agrado.
Esta vez el objeto de sus virulentos ataques fueron los directivos del FBI en Puerto Rico y la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia federal, tan aplaudidos anteriormente por el propio Rivera Schatz. La indignación del jefe legislativo llegaba al punto de una comparecencia masiva de senadores del PNP en el autobús de la solidaridad con Martínez para acompañarle en su hora de bochorno político.
Unos días más tarde, el Presidente del Senado la emprendía contra los medios informativos y ordenaba el cierre del palco de prensa en la galería superior del hemiciclo. Según dijo el Presidente, tenía que reunirse con los directivos de los medios para discutir el indecoro con que los periodistas se conducen en el Senado. Tal iniciativa se sumaba al cierre de las galerías de público en general, decretado desde el paro general de octubre de 2009. Las acciones de Rivera Schatz no sólo fueron violatorias del ordenamiento constitucional y jurídico del País, sino que revelan una actitud de desprecio hacia todos aquellos que no piensen como el Señor Presidente. La actitud de Rivera Schatz raya en lo irracional y es inexplicable. ¿A qué le tiene tanto miedo? ¿Al juicio del pueblo?
Mientras, desde La Fortaleza el Secretario de la Gobernación decía que los acuerdos para finalizar la huelga de la UPR valen el papel en que se escribieron y el gobernador Fortuño firmaba a toda prisa un proyecto añadiéndole cuatro activistas novoprogresistas a la Junta de Síndicos de la UPR, propinando así una estocada a la autonomía universitaria. A última hora también se aprobaba una intromisión indebida en los procesos universitarios legislando sobre cómo deben llevarse a cabo las votaciones en las asambleas estudiantiles.
Regresemos a la Legislatura. A poco de burlarse de nuestra Constitución, impidiendo el escrutinio público de las últimas horas de sesión, comenzó el proceso tortuoso de aprobar un presupuesto descuadrado para el año fiscal 2010-2011. Se trata de un presupuesto cuadrado a marronazos mediante enmiendas de último cuño, estableciendo fuentes inciertas de ingresos mediante una contribución adicional a los casinos y un nuevo impuesto sobre el valor de la propiedad inmueble.
Todo esto ha generado una reacción natural de indignación y protesta en sectores importantes de nuestra sociedad. Los primeros en reaccionar han sido los jóvenes universitarios, no tan dispuestos a tolerar las faltas de respeto a las que nos someten nuestros gobernantes. Hicieron bien nuestras juventudes acudiendo al Capitolio para darnos a respetar ese último día de sesión. Ante eso, la reacción de las autoridades de “ley y orden” fue el desencadenamiento de un motín policíaco, con la excusa inaceptable de que los manifestantes tomarían el Capitolio. Todos quedamos atónitos ante el denigrante operativo de brutalidad.
La democracia tiene como punto cardinal el respeto por las instituciones que garantizan la adecuada intermediación de intereses característica de las sociedades libres. Es deber de los ciudadanos respetar sus instituciones y hacer valer los principios que las informan. Sin embargo, cuando los responsables del buen funcionamiento de las instituciones se olvidan que la base de todo respeto es su carácter mutuo, corresponde a los ciudadanos darlas a respetar.
Este gobierno le ha cogido miedo a su pueblo porque sabe que se ha burlado repetidamente de nosotros; y llega el momento en que los pueblos se cansan de las burlas.
lunes, 21 de junio de 2010
Se acabó la huelga, ¿y ahora qué?
Al momento de entregar esta columna se hacen arreglos en los diferentes recintos y colegios de la Universidad de Puerto Rico para que el estudiantado ratifique los acuerdos alcanzados en el tribunal entre el Comité Negociador Nacional y la Junta de Síndicos. Con ello se pone fin a más de 60 días de huelga en nuestra única institución pública de educación superior.
Atrás quedan los conatos de violencia y agresión contra estudiantes, la incapacidad crasa de la dirección universitaria para darle cauce constructivo al conflicto, los reclamos injustificados de cogobierno estudiantil, los anuncios de prensa demonizando a los huelguistas y los mensajes en YouTube demonizando a los administradores. Pronto también quedará olvidado el costo que ha tenido la huelga, estimado en $300 millones.
Dos meses de parálisis han producido tres acuerdos principales: 1) la derogación de la certificación de la Junta que pretendía eliminar las exenciones al pago de matrícula, para cargárselo a la Beca Pell; 2) la administración no impondrá sanciones sumarias contra los huelguistas; 3) no se impondrá en agosto la propuesta cuota especial de matrícula dirigida a atender parte del problema fiscal de la UPR.
Sin embargo, ni la huelga, tampoco los acuerdos han producido soluciones para el problema que enfrentará la Universidad a partir del 1 de julio próximo. Esto es una merma de ingresos operacionales de entre $150 y $200 millones. A esto se añade la deuda multimillonaria de la institución que entre otras cosas mantendrá muchos de los proyectos de construcción y mejoras sin poderse completar. Si la Universidad no fuera un ente público estaríamos hablando de una quiebra.
En la opinión pública se argumenta con frecuencia que los problemas de la UPR se deben a su mala administración y a la incapacidad de esta para cortar la grasa de contratos y sueldos exagerados. Esto es sólo parte de la verdad. Si bien hay salarios y contratos que no se justifican ante el presente cuadro fiscal, debemos examinar cuidadosamente las causas de la crisis para entender su magnitud.
La insuficiencia de fondos tiene su raíz en dos hechos innegables. Primero, los ingresos del Fondo General del ELA -de los cuáles la UPR recibe el 9.6%- siguen mermando. Segundo, la aprobación de la Ley 7 redujo la base de la cual se calcula ese 9.6%. Es decir, el pote del que se extrae el 9.6% es cada vez más pequeño. Ante esto, ¿qué opciones tiene la UPR? No existen soluciones mágicas ni acomodaticias como las esgrimidas por ambos sectores durante el conflicto. El problema fiscal de Puerto Rico es real y no puede ignorarse, mientras la nefasta Ley 7 no parece estar en revisión por sus autores. Revisarla será función de los electores en 2012.
Mientras eso ocurre, una solución es enfrentar la crisis en su realidad. Una insuficiencia que excederá los $150 millones no puede subsanarse sin afectar los aumentos salariales de todos, reducir las descargas académicas a profesores, suspender las sabáticas, limitar los nombramientos y reducir las plazas de confianza y sus pingües salarios. Tampoco podrá resolverse manteniendo intacto el costo de la matrícula. La solución del problema que originó la huelga requerirá del sacrificio -antipático e indeseado- de todos los sectores que componen la Universidad.
De igual manera, el Gobierno tiene la obligación de proteger el proyecto social y cultural que es la Universidad de Puerto Rico. Habrá que enmendar la Ley 7, hasta donde la realidad fiscal general lo permita, para no seguir quitándole a la UPR a cuentagotas y deliberadamente la necesaria protección del 9.6%.
Por ahora los portones serán abiertos y todos reclamarán que ganaron la huelga. En el fondo, la realidad es otra y negarla sólo aplazará la existencia de conflictos en el futuro cercano. Si nos empeñamos en seguir discutiendo lo más simpático, la Universidad de Puerto Rico seguirá por el despeñadero y le será imposible cumplir su misión como fuente de conocimiento y progreso social.
lunes, 7 de junio de 2010
Las APP son privatización sin mandato
En la misma página del programa PNP se prometía: “Ningún servidor público perderá su empleo. Consideraremos alianzas público-privadas sólo si demuestran capacidad de lograr eficiencias o mejorar procesos y servicios”. Como hemos podido comprobar la primera parte de la promesa era falsa. Ahora estamos a punto de descubrir que la segunda parte también lo era.
Año y medio después de haber llegado al poder el gobernador Luis Fortuño anunció la semana pasada la concreción de los primeros cinco contratos que serán licitados el mes próximo. Los proyectos aprobados incluyen: la modernización de 95 escuelas y la construcción de otras cinco, mejoras permanentes y el servicio a pasajeros en el aeropuerto Luis Muñoz Marín, mejora de contadores y servicios comerciales en la AAA, la construcción de una planta de gas natural en la Central Costa Sur de la AEE y la expansión hasta Aguadilla del expreso PR-22.
El modelo de alianzas público-privadas se utiliza con éxito en casi todos los países del mundo -ricos y pobres- para el financiamiento de obras de infraestructura, concediéndole a la empresa desarrolladora los beneficios de operar y cobrar por el uso de lo construido. Dicho mecanismo aunque pueda implicar una variante del concepto de bien común, ha permitido dotar de importantes obras de infraestructura a países que de otra manera no hubiesen podido desarrollarlas. Por ello nadie podría oponerse a la propuesta programática del PNP. Igualmente, podría confundirse como dato positivo el que finalmente el gobierno haya comenzado a impulsar proyectos específicos de obra pública bajo este esquema.
Entonces, ¿en que estriba la segunda falsedad? Pues que con la excepción de la construcción de autopistas y la planta de gas natural, los proyectos presentados develan un plan de privatización de varias operaciones del gobierno de Puerto Rico.
Que la administración Fortuño crea en la privatización como modelo para proveer servicios y procesos gubernamentales no debe sorprendernos. La filosofía neoliberal que los informa postula que el gobierno es meramente un instrumento para la reproducción de la riqueza y por tanto no tiene nada que hacer en el negocio de proveer servicios. De ahí que a juicio de este gobierno, todo lo que pueda transferirse a manos privadas no debe ser público.
Tampoco sorprende, pero preocupa que se justifique, so pretexto de una ansiada reactivación económica, una privatización que no cuenta con aval público, pues nunca se le presentó para consideración a los electores. El asunto fue ampliamente discutido en la campaña electoral y la respuesta del PNP fue siempre negando las intenciones privatizadoras. Es decir, ocultando sus verdaderos motivos obtuvieron la confianza del pueblo.
Hoy la realidad es distinta. Se privatizará el mantenimiento de las escuelas, la operación del aeropuerto y la operación de la AAA. En esta última solamente, el esquema anunciado significará el despido de por lo menos 1,360 empleados. Mientras, los 26 proyectos de APP, la inversión de $7,000 millones y la creación de 130,000 empleos anunciada por el Gobernador en su Mensaje de Estado de Situación en abril de 2009 van desvaneciéndose. Así se pierde en el horizonte la esperanza de que la inversión privada en obra pública reactivará la economía.
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