sábado, 21 de agosto de 2010
miércoles, 18 de agosto de 2010
Abrieron las compuertas y están en carrera
Poco a poco va tomando forma el cuadro político para las elecciones de 2012. Los dos partidos, como quien no quiere la cosa, están provocando las alineaciones conducentes a la papeleta que presentarán en los próximos comicios. Lo interesante es que faltan más de dos años y medio para el noviembre electoral. La habilidad de gobernar el País se ha reducido a tal punto, que el proceso de reemplazar al gobierno de turno comienza cada vez más temprano.
En el PPD, el senador Alejandro García Padilla, a pesar de que todavía se canta indeciso, está organizando su campaña de forma que cuando abran las candidaturas el espacio ya esté ocupado. Bien sabe el senador coameño que en política, mejor que en ningún otro contexto, los vacíos no existen. Llegar primero siempre ayuda a la consolidación de un líder. Ahora, el asunto no es únicamente sobre el turno de llegada. Tiene que consolidarse un mensaje y presentarse una propuesta que lo convierta en líder indiscutible de la oposición.
Mientras el presidente del PPD, Héctor Ferrer, apuesta a que su control sobre las estructuras y del proceso de reorganización, junto al fortalecimiento de su presidencia tras el triunfo de su candidato en Caguas, sean suficientes para asegurarle una de las candidaturas principales. Otros dentro del partido -alcaldes incluidos- esperan que aparezca un candidato más sólido, preferiblemente parecido a Aníbal Acevedo Vilá.
El posible triunfo, aunque se trate de un espejismo, es tan seductor para los líderes populares que ya se están repartiendo las presidencias de Cámara y Senado a la vez que ofrecen comisiones y puestos en el liderato legislativo. Todo esto sin haber ganado un solo escaño y sin tener claro quiénes encabezarán la papeleta.
Tras la convocatoria de Ferrer el 25 de julio para una "asamblea constituyente interna" -un disparate conceptual que intenta desencadenar la definición ideológica que debió haber ocurrido hace meses- algunas voces del partido de Muñoz advierten que el proceso no les conviene pues engendra el debilitamiento de todos los sectores. Los estadolibristas temen que el proceso sea controlado por los soberanistas, y estos últimos creen que se trata del puntapié final. A lo último la sangre no llegará al río y la ansiada definición no llegará.
En tanto, en el PNP el Gobernador trata por todos los medios de contener un clamor cada vez más intenso para que libere al partido de su candidatura a reelección. Fortuño sabe que tendrá que desistir de postularse, pero si lo hace ahora queda despojado de la poca autoridad política que inspira.
Sus potenciales sustitutos, Pedro Pierluisi y Thomas Rivera Schatz, se apresuran a proclamar la candidatura de Fortuño para quedar en récord y no ser acusados de traición. En el fondo ellos saben que la sustitución llegará tarde o temprano. Porque seguir esperando que la economía despunte, que el gobierno arranque, que el Congreso legisle un plebiscito en el que gane la estadidad, es la estrategia de Alicia en el País de las Maravillas.
Si de corregir el rumbo se trata, el PNP siempre tiene la estadidad como aglutinante. El Proyecto de Estadidad Federada para Puerto Rico, mejor conocido como HR 2499 fracasó en el Congreso. Ante esto, no le queda otra al partido anexionista que montar un plebiscito local e incluir al ELA junto con la libre asociación como opciones, para debilitar las tropas populares y conseguir un mandato para la estadidad que les sirva como combustible de candidaturas.
Tan fuerte es el olor a derrota que alcaldes y legisladores -unos públicamente y otros por lo bajo- comienzan a impacientarse por los efectos demoledores que tendrá para ellos que la cúpula del PNP no lea correctamente el ánimo de los electores.
En tanto, los puertorriqueños echamos un vistazo al debate de candidaturas que dentro de pocos meses nos tendrá sumidos en el fervor de las campañas electorales. Como dice el legendario narrador hípico: "Abrieron las compuertas y están en carrera".
lunes, 2 de agosto de 2010
De regreso a la escuela
Pasado mañana comienza el curso escolar en el sistema público. Tal y como en otros años, muchas escuelas adolecen de serios problemas físicos e institucionales que afectarán negativamente el desempeño de estudiantes y maestros. Pareciera que la ingobernabilidad que sufre el País se manifiesta pronunciadamente en nuestro sistema educativo.
La educación es la estrategia más importante para el desarrollo de una sociedad. Por ello, el punto focal de cualquier estrategia educativa tiene que ser el aprovechamiento académico en materias clave para un desempeño exitoso en la vida. Los resultados de las Pruebas Puertorriqueñas de Aprovechamiento Académico en 2009 revelan que sólo el 39% de los estudiantes aprobaron la materia de español, mientras que el 40% aprobó la materia de inglés y sólo el 22% de los estudiantes aprobó la materia de matemáticas. De ahí que las universidades tengan que invertir recursos en cursos remediales, pues muchos de los estudiantes de nuevo ingreso no cuentan con las destrezas básicas para iniciar estudios universitarios.
Que el año escolar comience sin un secretario es señal de la incompetencia crasa de una administración que se apresta a nombrar un tercer titular de Educación en menos de dos años. Pero seamos realistas, poca diferencia haría tener un secretario en propiedad en un sistema que se ha convertido en una madeja burocrática controlada por intereses especiales y grupos sindicales que exhiben mucha mayor continuidad de iniciativas que las administraciones de turno.
El programa del PNP para las elecciones de 2008 prometía en su página 116 que: “Se acabaron las excusas. Es hora de un cambio que Puerto Rico necesita. Es hora de actuar.” Sin embargo, asombra la ausencia de ideas concretas en el documento para resolver los problemas que día a día enfrentan estudiantes y maestros. Dicho de otra forma, no saben cómo actuar.
En el fondo, todomundo sabe cuáles son las fuerzas que impiden meterle mano a los problemas de la educación en Puerto Rico. Y aunque parezca repetitivo y clichoso decirlo, la politización del departamento que por mandato constitucional tiene la responsabilidad de asegurar el adelanto individual de nuestras generaciones, se ha convertido en un lastre que le impide moverse.
Cuatrienio tras cuatrienio, alcaldes, legisladores y políticos disfrazados de funcionarios se apoderan de las estructuras administrativas del Departamento de Educación para desde ellas premiar a allegados y acólitos cuyo único fin es posicionarse políticamente dentro del partido en el poder. Mientras, en las entrañas del Departamento, en las escuelas, allí donde escasean los materiales y donde las condiciones de trabajo son cada vez más inhóspitas, una cultura adversativa se apodera del ambiente, convirtiéndolas en escenarios de lucha sindical.
En tanto sea más cómodo criticar al partido contrario y nadie quiera meterle el pecho a la aberrante politización que sufre el sistema, cada año escolar será más desastroso y las posibilidades de progreso individual que deben garantizarse a través de la educación se nos seguirán esfumando.
Sin menoscabar los poderes constitucionales del Gobernador y la Legislatura es hora de crear estructuras administrativas y gerenciales dentro del Departamento de Educación no sujetas a los vaivenes de la política partidista. Una manera de comenzar sería creando una Junta de Educación con representación de diversos sectores para darle forma a una política educativa que trascienda el resultado de las elecciones.
No podemos darnos el lujo de seguir fracasando en la educación. De poco servirá resolver el status político, conseguir más fondos federales y aumentar el uso de tecnologías si no somos capaces de revertir esta tendencia. Al final no nos quedará un país para reformar.
miércoles, 28 de julio de 2010
lunes, 5 de julio de 2010
Cuando la paciencia no es suficiente
Los primeros incidentes surgieron como secuela de la acusación ante un gran jurado federal del senador Héctor Martínez, por delitos de corrupción y obstrucción a la justicia. Ante las acusaciones contra su amigo cercano, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz se sumió en una espiral de desaciertos que arrancaron con sus acostumbrados cuestionamientos a la dignidad e integridad de aquellos que no son de su agrado.
Esta vez el objeto de sus virulentos ataques fueron los directivos del FBI en Puerto Rico y la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia federal, tan aplaudidos anteriormente por el propio Rivera Schatz. La indignación del jefe legislativo llegaba al punto de una comparecencia masiva de senadores del PNP en el autobús de la solidaridad con Martínez para acompañarle en su hora de bochorno político.
Unos días más tarde, el Presidente del Senado la emprendía contra los medios informativos y ordenaba el cierre del palco de prensa en la galería superior del hemiciclo. Según dijo el Presidente, tenía que reunirse con los directivos de los medios para discutir el indecoro con que los periodistas se conducen en el Senado. Tal iniciativa se sumaba al cierre de las galerías de público en general, decretado desde el paro general de octubre de 2009. Las acciones de Rivera Schatz no sólo fueron violatorias del ordenamiento constitucional y jurídico del País, sino que revelan una actitud de desprecio hacia todos aquellos que no piensen como el Señor Presidente. La actitud de Rivera Schatz raya en lo irracional y es inexplicable. ¿A qué le tiene tanto miedo? ¿Al juicio del pueblo?
Mientras, desde La Fortaleza el Secretario de la Gobernación decía que los acuerdos para finalizar la huelga de la UPR valen el papel en que se escribieron y el gobernador Fortuño firmaba a toda prisa un proyecto añadiéndole cuatro activistas novoprogresistas a la Junta de Síndicos de la UPR, propinando así una estocada a la autonomía universitaria. A última hora también se aprobaba una intromisión indebida en los procesos universitarios legislando sobre cómo deben llevarse a cabo las votaciones en las asambleas estudiantiles.
Regresemos a la Legislatura. A poco de burlarse de nuestra Constitución, impidiendo el escrutinio público de las últimas horas de sesión, comenzó el proceso tortuoso de aprobar un presupuesto descuadrado para el año fiscal 2010-2011. Se trata de un presupuesto cuadrado a marronazos mediante enmiendas de último cuño, estableciendo fuentes inciertas de ingresos mediante una contribución adicional a los casinos y un nuevo impuesto sobre el valor de la propiedad inmueble.
Todo esto ha generado una reacción natural de indignación y protesta en sectores importantes de nuestra sociedad. Los primeros en reaccionar han sido los jóvenes universitarios, no tan dispuestos a tolerar las faltas de respeto a las que nos someten nuestros gobernantes. Hicieron bien nuestras juventudes acudiendo al Capitolio para darnos a respetar ese último día de sesión. Ante eso, la reacción de las autoridades de “ley y orden” fue el desencadenamiento de un motín policíaco, con la excusa inaceptable de que los manifestantes tomarían el Capitolio. Todos quedamos atónitos ante el denigrante operativo de brutalidad.
La democracia tiene como punto cardinal el respeto por las instituciones que garantizan la adecuada intermediación de intereses característica de las sociedades libres. Es deber de los ciudadanos respetar sus instituciones y hacer valer los principios que las informan. Sin embargo, cuando los responsables del buen funcionamiento de las instituciones se olvidan que la base de todo respeto es su carácter mutuo, corresponde a los ciudadanos darlas a respetar.
Este gobierno le ha cogido miedo a su pueblo porque sabe que se ha burlado repetidamente de nosotros; y llega el momento en que los pueblos se cansan de las burlas.
lunes, 21 de junio de 2010
Se acabó la huelga, ¿y ahora qué?
Al momento de entregar esta columna se hacen arreglos en los diferentes recintos y colegios de la Universidad de Puerto Rico para que el estudiantado ratifique los acuerdos alcanzados en el tribunal entre el Comité Negociador Nacional y la Junta de Síndicos. Con ello se pone fin a más de 60 días de huelga en nuestra única institución pública de educación superior.
Atrás quedan los conatos de violencia y agresión contra estudiantes, la incapacidad crasa de la dirección universitaria para darle cauce constructivo al conflicto, los reclamos injustificados de cogobierno estudiantil, los anuncios de prensa demonizando a los huelguistas y los mensajes en YouTube demonizando a los administradores. Pronto también quedará olvidado el costo que ha tenido la huelga, estimado en $300 millones.
Dos meses de parálisis han producido tres acuerdos principales: 1) la derogación de la certificación de la Junta que pretendía eliminar las exenciones al pago de matrícula, para cargárselo a la Beca Pell; 2) la administración no impondrá sanciones sumarias contra los huelguistas; 3) no se impondrá en agosto la propuesta cuota especial de matrícula dirigida a atender parte del problema fiscal de la UPR.
Sin embargo, ni la huelga, tampoco los acuerdos han producido soluciones para el problema que enfrentará la Universidad a partir del 1 de julio próximo. Esto es una merma de ingresos operacionales de entre $150 y $200 millones. A esto se añade la deuda multimillonaria de la institución que entre otras cosas mantendrá muchos de los proyectos de construcción y mejoras sin poderse completar. Si la Universidad no fuera un ente público estaríamos hablando de una quiebra.
En la opinión pública se argumenta con frecuencia que los problemas de la UPR se deben a su mala administración y a la incapacidad de esta para cortar la grasa de contratos y sueldos exagerados. Esto es sólo parte de la verdad. Si bien hay salarios y contratos que no se justifican ante el presente cuadro fiscal, debemos examinar cuidadosamente las causas de la crisis para entender su magnitud.
La insuficiencia de fondos tiene su raíz en dos hechos innegables. Primero, los ingresos del Fondo General del ELA -de los cuáles la UPR recibe el 9.6%- siguen mermando. Segundo, la aprobación de la Ley 7 redujo la base de la cual se calcula ese 9.6%. Es decir, el pote del que se extrae el 9.6% es cada vez más pequeño. Ante esto, ¿qué opciones tiene la UPR? No existen soluciones mágicas ni acomodaticias como las esgrimidas por ambos sectores durante el conflicto. El problema fiscal de Puerto Rico es real y no puede ignorarse, mientras la nefasta Ley 7 no parece estar en revisión por sus autores. Revisarla será función de los electores en 2012.
Mientras eso ocurre, una solución es enfrentar la crisis en su realidad. Una insuficiencia que excederá los $150 millones no puede subsanarse sin afectar los aumentos salariales de todos, reducir las descargas académicas a profesores, suspender las sabáticas, limitar los nombramientos y reducir las plazas de confianza y sus pingües salarios. Tampoco podrá resolverse manteniendo intacto el costo de la matrícula. La solución del problema que originó la huelga requerirá del sacrificio -antipático e indeseado- de todos los sectores que componen la Universidad.
De igual manera, el Gobierno tiene la obligación de proteger el proyecto social y cultural que es la Universidad de Puerto Rico. Habrá que enmendar la Ley 7, hasta donde la realidad fiscal general lo permita, para no seguir quitándole a la UPR a cuentagotas y deliberadamente la necesaria protección del 9.6%.
Por ahora los portones serán abiertos y todos reclamarán que ganaron la huelga. En el fondo, la realidad es otra y negarla sólo aplazará la existencia de conflictos en el futuro cercano. Si nos empeñamos en seguir discutiendo lo más simpático, la Universidad de Puerto Rico seguirá por el despeñadero y le será imposible cumplir su misión como fuente de conocimiento y progreso social.
lunes, 7 de junio de 2010
Las APP son privatización sin mandato
En la misma página del programa PNP se prometía: “Ningún servidor público perderá su empleo. Consideraremos alianzas público-privadas sólo si demuestran capacidad de lograr eficiencias o mejorar procesos y servicios”. Como hemos podido comprobar la primera parte de la promesa era falsa. Ahora estamos a punto de descubrir que la segunda parte también lo era.
Año y medio después de haber llegado al poder el gobernador Luis Fortuño anunció la semana pasada la concreción de los primeros cinco contratos que serán licitados el mes próximo. Los proyectos aprobados incluyen: la modernización de 95 escuelas y la construcción de otras cinco, mejoras permanentes y el servicio a pasajeros en el aeropuerto Luis Muñoz Marín, mejora de contadores y servicios comerciales en la AAA, la construcción de una planta de gas natural en la Central Costa Sur de la AEE y la expansión hasta Aguadilla del expreso PR-22.
El modelo de alianzas público-privadas se utiliza con éxito en casi todos los países del mundo -ricos y pobres- para el financiamiento de obras de infraestructura, concediéndole a la empresa desarrolladora los beneficios de operar y cobrar por el uso de lo construido. Dicho mecanismo aunque pueda implicar una variante del concepto de bien común, ha permitido dotar de importantes obras de infraestructura a países que de otra manera no hubiesen podido desarrollarlas. Por ello nadie podría oponerse a la propuesta programática del PNP. Igualmente, podría confundirse como dato positivo el que finalmente el gobierno haya comenzado a impulsar proyectos específicos de obra pública bajo este esquema.
Entonces, ¿en que estriba la segunda falsedad? Pues que con la excepción de la construcción de autopistas y la planta de gas natural, los proyectos presentados develan un plan de privatización de varias operaciones del gobierno de Puerto Rico.
Que la administración Fortuño crea en la privatización como modelo para proveer servicios y procesos gubernamentales no debe sorprendernos. La filosofía neoliberal que los informa postula que el gobierno es meramente un instrumento para la reproducción de la riqueza y por tanto no tiene nada que hacer en el negocio de proveer servicios. De ahí que a juicio de este gobierno, todo lo que pueda transferirse a manos privadas no debe ser público.
Tampoco sorprende, pero preocupa que se justifique, so pretexto de una ansiada reactivación económica, una privatización que no cuenta con aval público, pues nunca se le presentó para consideración a los electores. El asunto fue ampliamente discutido en la campaña electoral y la respuesta del PNP fue siempre negando las intenciones privatizadoras. Es decir, ocultando sus verdaderos motivos obtuvieron la confianza del pueblo.
Hoy la realidad es distinta. Se privatizará el mantenimiento de las escuelas, la operación del aeropuerto y la operación de la AAA. En esta última solamente, el esquema anunciado significará el despido de por lo menos 1,360 empleados. Mientras, los 26 proyectos de APP, la inversión de $7,000 millones y la creación de 130,000 empleos anunciada por el Gobernador en su Mensaje de Estado de Situación en abril de 2009 van desvaneciéndose. Así se pierde en el horizonte la esperanza de que la inversión privada en obra pública reactivará la economía.
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