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El gasoducto: otra promesa incumplida

La dependencia del petróleo como fuente principal para la generación de energía eléctrica es uno de los problemas principales de nuestro desarrollo económico. El encarecimiento considerable del petróleo es la principal razón para los altos costos de energía que pagamos los puertorriqueños. En el mundo entero los países se están moviendo hacia la generación de electricidad producto de fuentes renovables, más limpias y más costo-eficientes que el petróleo y el gas.

El PNP llegó al poder en 2008 prometiendo una rebaja sustancial en el costo de la electricidad. El programa de gobierno que llevó a Luis Fortuño al poder lee: “Nuestra generación eléctrica descansa en un modelo basado en las realidades del mercado de hace 70 años, cuando el precio del petróleo era mucho más bajo y no habían madurado muchas de las tecnologías hoy disponibles para explotar los recursos renovables”. Dos años después, no habiendo cumplido la promesa de bajar el costo de la electricidad, la propuesta ha cambiado.

Ahora la Autoridad de Energía Eléctrica defiende la construcción de un gasoducto de 90 millas de largo que llevaría gas natural desde Peñuelas hasta la zona metropolitana de San Juan, a través de la Cordillera Central y la costa norte. El costo de la llamada Vía Verde se estima en $500 millones. El proyecto representa una contradicción significativa para un gobierno que durante la campaña electoral combatió un proyecto para un gasoducto iniciado por la pasada administración. Aquel gasoducto costaría $150 millones y su extensión sería considerablemente menor.

El gas natural es un combustible fósil, menos caro que el petróleo y menos contaminante a la hora de medir las emisiones al ambiente. Mover nuestra generación de energía hacia gas natural podría considerarse una buena política de transición energética. El propuesto gasoducto no lo es. La AEE intenta que con el gasoducto, una compañía privada supla suficiente combustible como para generar el 70% de la electricidad que consumimos. Esta cifra no suena a transición.

¿Qué prometió el PNP en 2008? En la página 88 del libro azul se establecía categóricamente: “Reduciremos nuestra dependencia en los combustibles de fuentes fósiles. Nuestro objetivo será reducir la dependencia en 35% en los próximos 5 años. Apoyaremos la construcción de capacidad de generación dispersa mediante el uso de tecnología de fuentes renovables. Promoveremos la investigación y desarrollo de tecnologías de fuentes renovables basada en los cinco recursos energéticos naturales de Puerto Rico: (1) solar, (2) viento, (3) biomasa, (4) marina e (5) hídricas”. Nada de esto está contemplado en el proyecto del gasoducto, ni en la política pública de la AEE.

El gasoducto se ha convertido en demagogia para engañar a una ciudadanía atormentada por el alto costo de la electricidad. Puede que a corto plazo se reduzca el costo de la luz. Pero a la larga están sustituyendo la dependencia del petróleo por dependencia de otra fuente fósil, no renovable.

Para movernos al gas natural no es necesario construir un tubo que cruce la Isla de sur a norte y de oeste a este, impactando bosques y tierras útiles y presentando un riesgo de seguridad ambiental, en algunos casos a menos de 150 pies de comunidades ya establecidas. Si lo que se quiere de verdad es una transición energética existen alternativas. Podría por ejemplo, convertirse totalmente la Planta Costa Sur a gas natural para producir el 30% de la energía eléctrica del País. Esto unido a la producción actual de 15% por Ecoléctrica, equivaldría a un 45% del total de la energía eléctrica generada. Suficiente para una transición energética.

Nadie en el gobierno contesta sin ambages, ¿por qué tanto empeño en invertir más de $500 millones en un proyecto para promover un cambio de petróleo sucio a gas menos sucio? ¿Por qué no se atienden propuestas de menos impacto para movernos al gas natural? ¿Por qué no se invierte parte de esos $500 millones para estimular una verdadera transición hacia fuentes de energía renovables?

Tal parece que lo verde de esta vía no es precisamente la conservación del ambiente.

Un nuevo partido

Lo más difícil en una democracia es la organización de un nuevo movimiento o partido político exitoso. Pero nada es más cónsono con el proceso democrático que acometer esa tarea para proveerles a los ciudadanos la oportunidad de expresarse lo más cercanamente a sus aspiraciones. Desde esa perspectiva hay que darle la bienvenida al nuevo Movimiento Soberanista Unido (MUS).

Un partido político y un movimiento no son la misma cosa, aunque acostumbrados como estamos en Puerto Rico a la tribalización, nos empeñemos en igualarlos. La diferencia estriba en el propósito de ambos tipos de formación. Un partido político existe para, a través del proceso de candidaturas, obtener el poder y dirigir la sociedad hacia un derrotero común para todos en el partido. Por consiguiente, la meta fundamental de los partidos es obtener el poder.

Los movimientos se fundan para mantener viva o traer a nueva consideración de un país o de un electorado una opción política. Es decir, la obtención del poder no es una meta fundamental. En Puerto Rico en realidad existen dos partidos políticos y varios movimientos.

Los organizadores del MUS han anunciado su intención de reclutar personas que crean en la libre asociación o la independencia para presentar candidatos en los elecciones de 2012. En realidad están declarando la intención de convertirse en un partido. Los entusiasma la paradoja de que ante un ambiente económico deteriorado y una opinión pública desilusionada con los partidos -por eso se llaman movimiento-, existe el espacio necesario para un nuevo partido.

Según sus organizadores, en 2008 no se inscribieron 600 mil electores y otros 400 mil no salieron a votar. A esto se añaden los casi 200 mil nuevos electores que habrá en 2012. Se supone que la mayoría de ese millón de electores respalda la creación un nuevo partido. Así que la posibilidad de obtener un triunfo está bien aspectada. Su matemática suena un tanto ilusa, pero después de todo cuando se trata de ilusiones todo se ve de mejor color. La realidad por supuesto es otra.

El nuevo partido espera llevarle una tajada de electores “soberanistas” al PPD, ahora que parece que los populares pueden ganar las elecciones. Igualmente, esperan beneficiarse del colapso del PIP y capturar a los independentistas desafiliados, muchos de los cuales votaron popular en 2008, sin ningún efecto sobre el resultado electoral.

La apuesta del nuevo partido estriba en que al moverse nuevamente el PPD hacia su nicho centrista, los independentistas populares le prestarán sus votos al MUS. Igualmente piensan que los pipiolos que se niegan a hacer alianzas con el PPD no tendrán problemas probando un nuevo vehículo hacia la independencia nacional.

¿Cuál ha sido la repercusión hasta el momento del anuncio sobre la creación del MUS? Nada le ha servido mejor al PPD para mantener en cintura y calladita la boca a sus legisladores y alcaldes soberanistas. De momento todos están concentrados en la fiscalización del gobierno de Fortuño y del status hablarán después de ganar en 2012. Nadie en el PPD se da por enterado de que habrá un nuevo partido.

El PIP, reconociendo en el MUS una amenaza para su endémica franquicia electoral, ha abierto fuego contra el nuevo partido, al que acusa de cargamaletas del PPD para acabar con el partido de la independencia.

Si la nueva colectividad ha de tener éxito, el verdadero reto no es llevarle electores desencantados al PPD ni al PIP. Su prueba de fuego, la que le producirá el ansiado respaldo, será presentar un caso convincente para una soberanía no deseada por el 90% de los puertorriqueños, a quienes no se les puede despachar como ignorantes y confundidos.

Transformar las percepciones políticas es más que beneficiarse del desencanto que produce la crisis. Este no es tiempo para cantos de sirena. El éxito de la soberanía dependerá de tres factores muy vapuleados en la economía internacional: productividad, competitividad y solvencia. Veremos si llegado el momento, el País podrá conocer los planes concretos para lograr esto dentro del contexto económico y político de Puerto Rico.

Crisis de confianza

Recientemente hemos visto cómo se van desmoronando las instituciones de gobierno que los puertorriqueños construimos en medio siglo de vida constitucional. Casi diariamente leemos y escuchamos sobre el fracaso del sistema escolar, el caos en la renovación de las licencias de vehículos de motor, la insatisfacción ciudadana con los servicios de Hacienda, la incapacidad de Acueductos y Energía Eléctrica para reparar averías y así un sinnúmero de otras deficiencias.

Lo mismo podría aplicarse a algunos servicios en el sector privado, pero en estos casos casi siempre existen las alternativas que provee la competencia comercial. La Telefónica es un buen ejemplo. En el caso del gobierno la situación es desesperante porque provee servicios que muchas veces no serían rentables en el sector privado.

La ineficiencia en la prestación de los servicios gubernamentales tiene el efecto de profundizar la desconfianza ciudadana en las instituciones públicas. Esto a su vez contribuye al grave problema de ingobernabilidad que sufrimos. Gobernabilidad se refiere a la dinámica en la que los sectores de poder en un sistema político logran que la sociedad y sus grupos actúen conforme con las normas y procedimientos establecidos. Es decir, la gobernabilidad permite que el acuerdo social entre gobernantes y gobernados produzca orden y progreso.

Un acercamiento simplista al asunto nos induce a volcar nuestras frustraciones sobre el gobierno de turno. Después de todo, la experiencia de los pasados 18 meses de “cambio” ha exacerbado la percepción generalizada de que nada funciona mientras el gobierno -ejecutivo y legislativo- se consume en batallas miopes enfocadas no más lejos de las elecciones próximas.

La realidad es que un gobierno nunca puede satisfacer plenamente todas las necesidades y deseos de una sociedad. Ambos renglones son insaciables. Sin embargo, el logro de la democracia liberal radica en establecer los instrumentos institucionales que permitan satisfacer cuantas necesidades sea posible y, más importante aún, canalizar con cierto grado de conformismo, las frustraciones que sentimos cuando no logramos nuestras aspiraciones.

Cuando lo anterior no sucede, cada cual se siente libre de procurar su bienestar individual aunque tenga que recurrirse a la ilegalidad. Esta es la característica inconfundible de la ingobernabilidad. Es la versión colectiva del “sálvese el que pueda”.

En el pasado, Puerto Rico tuvo éxito en establecer un sistema económico y político basado en la supremacía de las instituciones. La gran contribución de la generación del 40 fue darle vida al sistema de reglas e instituciones a través del cual logramos desarrollarnos exitosamente, distribuyendo de una manera más justa el resultado del progreso. Fundamental en toda esa gesta resultó la confianza del pueblo en sus instituciones y en aquellos que las dirigían.

Setenta años después el panorama es totalmente distinto. Escuchamos con asombro al Secretario designado de Educación comparecer a una emisora de radio a pedir disculpas a los ciudadanos por el panorama tétrico de nuestro sistema educativo. El sistema educativo se consume con problemas de aprovechamiento deficiente, falta de maestros, planteles inadecuados, ausentismo de maestros y estudiantes, falta de recursos para la docencia, violencia escolar, deserción escolar alarmante y al Secretario lo único que se le ocurre decir es: “Lo siento mamá, vamos a trabajar con eso”.

Igualmente hemos leído cómo ciudadanos hartos del suplicio en que se ha convertido renovar un marbete, se expresen convencidos de que el DTOP de forma adrede no envía las notificaciones de renovación para que el ciudadano sea multado. ¿En qué cabeza cabe algo así? Pero ante la ausencia de instituciones confiables las teorías de conspiración adquieren credibilidad.

El País se nos escapa entre los dedos. A este paso la ruptura resulta inevitable. En otros lugares del mundo situaciones menos desalentadoras han provocado movimientos radicales de protesta y caos social.

Comencemos por reconocer que sufrimos un grave problema de gerencia gubernamental. El gobierno tiene que salir de la negación y aceptar el fracaso. Es menester corregir el rumbo restableciendo la supremacía de las instituciones y convocando a la honestidad. Hay que regresar a la institucionalidad. Pero, sobre todo, hay que evitar que los mercaderes políticos sigan destruyendo nuestra confianza.

PNP y PPD a mitad de camino