De Cápsula al Supremo PNP

El analista de RADIO ISLA 1320, Profesor Ángel Rosa, analiza varios asuntos del acontecer político de Puerto Rico, desde el retiro de Willie Miranda Marín de la presidencia de la Asociación de Alcaldes, los enrredos de Toñito Silva con Junior Cápsula, las nuevas reglas del Supremo con mayoría PNP.

La guerra tiene que ser económica

Puerto Rico ha experimentado en años recientes un alza espeluznante en los asesinatos. A dos meses de comenzado el 2010, ya hemos superado por más de 30 el número de asesinatos a la misma fecha del año pasado. Ante esa realidad, la respuesta gubernamental es enfatizar en la llamada “guerra contra el narcotráfico”. Leyendo los informes de prensa resulta obvio que esta es una guerra desigual y que la peor parte la llevamos los ciudadanos.

La alta oficialidad de la Policía atribuye este fenómeno a la efectividad de ese cuerpo y de las autoridades federales en la incautación de drogas. Según el superintendente José Figueroa Sancha, la guerra entre puntos de droga generada por la acción policíaca es responsable del aumento en asesinatos.

Si seguimos esta lógica, no tenemos otra alternativa que esperar que el problema se agrave y que sigan muriendo jóvenes puertorriqueños atrapados en rencillas entre puntos. Después de todo, alguien podría sugerir que los que mueren son criminales y no pueden esperar otro desenlace para el estilo de vida que escogieron. El problema es que también están muriendo inocentes que nada tienen que ver con un narcotráfico sin control que mata a diestra y siniestra.

La Policía tiene razón cuando señala que la causa mayor de los asesinatos estriba en el lucrativo negocio del narcotráfico. Más aún, resulta evidente que la Policía hace lo que está a su alcance para impedir que la industria del narcotráfico continúe operando libremente. Pero lo que resulta una empresa con un alto volumen de ganancia que opera mediante un mercado ilegal, no puede seguir enfocándose como un problema policiaco.

El negocio del narcotráfico es igual a cualquier actividad de mercado. Si existe la demanda va a existir una oferta. En este caso, la dependencia de narcóticos es una condición de salud que va por encima del precio y disponibilidad de la mercancía. Dicho de otra forma, el que necesita consumir droga no se detiene a ponderar si su presupuesto personal puede ajustarse al precio.

Un estudio reciente de la Alianza para Reducir la Insuficiencia en el Tratamiento de Adicción a Drogas ha revelado que en Puerto Rico hay 60,000 adictos a la heroína, que consumen cerca de $3 millones diarios, lo que requiere $7.4 millones diarios en propiedad robada o destruida. Eso sin contar otras adicciones a sustancias controladas, como la cocaína. Un mercado como ese difícilmente responderá a incautaciones y escasez del producto.

Si en efecto queremos tener oportunidad para ganarle la guerra al narcotráfico habría que reducir dramáticamente la demanda por droga. Hay que atender las condiciones de los miles de adictos que todos los días se tiran a la calle en busca de droga. Al mismo tiempo, hay que intervenir con urgencia el contexto social que empuja a muchas de estas personas hacia la droga.

Para ello es necesario atender a la población que abandona la escuela antes de los 16 años porque no la ven como un instrumento para salir de la marginalidad social. Al abandonar la escuela no adquieren las destrezas necesarias para integrarse con éxito a la corriente productiva y muchos terminan trabajando en el punto. Allí pueden ganar fácilmente el dinero para vencer las insatisfacciones de la pobreza. Al final ésa es la población que termina peleándose por el control de las ventas del punto, muriendo en su mayoría antes de cumplir los 30 años.

Necesitamos poner en marcha una política pública que permita a la sociedad atacar el monstruo de las drogas desde una perspectiva integrada. Atendiendo con medicación al adicto y creando las condiciones para ofrecerle a los futuros empleados del punto los mecanismos para salir de la pobreza a base de educación y trabajo. Al fin y al cabo, reducirle los clientes y la mano de obra a un negocio es la manera más efectiva de sacarlo del mercado.

Muñoz no era la fuerza

Luis Muñoz Marín es sin lugar a dudas una de las más preclaras y creativas mentes políticas de nuestra historia. Su capacidad de articular con sencillez las aspiraciones de la generación a la que le tocó dirigir es hoy por hoy muestra innegable de la importancia del liderazgo clarificante que tanto echamos de menos en el Puerto Rico del siglo XXI. Muñoz, a diferencia de muchos de los que le han sucedido en el uso del poder, sentía un profundo respeto por la sabiduría de la gente común.

Si nada más pudiera aplaudirse de su gesta al frente del pueblo puertorriqueño, habría que admirar su convencimiento de que la voluntad del pueblo va por encima de cualquier concepción mesiánica de las trilladas ideologías. Esa es la clave para entender el estrecho vínculo de confianza que se desarrolló entre el Líder y su pueblo.

Luis Muñoz Marín fue líder indiscutible de una generación de puertorriqueños para los que la dignidad inviolable de cada ser humano legitimaba y justificaba sin más, la acción política. En el Puerto Rico de los años 30, los partidos políticos estaban más preocupados por las entelequias del poder insular y sus intrigas en Washington, que por la desesperanza con la que los puertorriqueños de entonces enfrentaban sus males. Dicho de otra forma: aquellos puertorriqueños no encontraban en los partidos de entonces el remedio para las crueles realidades impuestas por el latifundio, el monocultivo y el absentismo.

Hoy que se conmemoran 112 años de su natalicio, valdría la pena reflexionar sin caer en idolatrías, pero también sin escamotear mezquinamente su valía, aquella incursión del heredero de Muñoz Rivera en la vida política de su patria.

En 1940 Puerto Rico llevaba cuatro décadas bajo el dominio estadounidense y no parecía que hubiese voluntad del imperio ni la colonia para cambiar aquellas realidades. Aunque los teóricos de la conspiración adscriban a motivos de deshonestidad y engaño su gestión en la vida pública, lo cierto es que Luis Muñoz Marín presidió con magistral pericia el esfuerzo más exitoso de los puertorriqueños por cambiar el rumbo de su historia.

¿Cuál fue el secreto? Es sencillo. Muñoz aprendió a caminar junto al pueblo, con sus luchas, con sus aspiraciones, con sus anhelos y con sus temores -fundados e infundados. Caminó en fin, con ese pueblo, sin caer en la arrogancia de las soluciones mágicas que tienen de definitivas las mismas insuficiencias que postulan. Entendió mejor que nadie que el liderazgo no es un ejercicio mesiánico, sino un acto de profundo respeto a las voluntades colectivas, que sólo es posible desde la humildad. Por eso el País entendió a Muñoz y confió en su discurso.

La miseria, el hambre y el analfabetismo de entonces se han transformado 60 años después en creciente desigualdad económica, crimen y desconfianza. Peor aún, cual si se repitiera la historia, la política partidista ha regresado al culto por la ostentación del poder por el poder mismo, sin agenda, anhelando que de Washington nos regalen una migaja de protagonismo para resolver el futuro.

La lección de Luis Muñoz Marín es hoy más necesaria que en su tiempo. Nos toca a los puertorriqueños pasar al centro de la escena. Resulta indigno pretender que se impongan recetas extrañas a nuestra experiencia histórica. No se puede resolver nada partiendo de la premisa de la exclusión y la intolerancia.

Conviene recordar las palabras de Muñoz en su discurso a la Asamblea del Partido Popular en agosto de 1964: “Puertorriqueño, preserva siempre tu claridad de entendimiento, tu voluntad y firmeza… confía siempre en tu propia voluntad más que en hombre alguno sobre la Tierra. Esa es tu fuerza, no soy yo tu fuerza, esa es tu fuerza, tú mismo eres tu fuerza”.

¿Estaremos listos para entender que la fuerza somos nosotros mismos?

Hay que crear empleos

En uno de los más inspiradores mensajes sobre el estado de la unión de un presidente estadounidense en época reciente, el miércoles pasado Barack Obama les pidió a los líderes norteamericanos solidaridad y patriotismo para enfrentar la presente crisis.

El primer año de Obama ha sido decepcionante porque las expectativas de cambio que su campaña a la presidencia creó, validaron el habitual espejismo diseñado por estrategas y publicistas a la hora de elegir un candidato. Barack Obama llegó a la Casa Blanca con el hálito de un héroe más que con las debilidades de un ser humano bien intencionado y capaz.

A poco más de un año dirigiendo la nación más poderosa del planeta, y con un Premio Nobel de la Paz concedido sin una sola gestión a favor de la misma, Obama enfrenta un complejo cuadro político, mientras Estados Unidos avanza hacia su decadencia económica en una espiral de desempleo que ronda el 10%. La situación es tan negativa que amenaza con arrebatarle el control del Congreso a los demócratas en las elecciones de noviembre próximo.

La insatisfacción principal de los norteamericanos estriba en que el ansiado cambio no llega con suficiente rapidez como para convencerlos de que, como decía el candidato Obama, se puede. La reforma de salud se encuentra atascada en un Congreso en el que la fuerza de los intereses especiales puede más que la voluntad popular expresada en las urnas. La guerra en Irak y Afganistán no parece estar cerca de la retirada de tropas estadounidenses. Y como si fuera poco, el paquete de estímulo económico aprobado al inicio del cuatrienio no ha generado los empleos que necesita la economía para echarse a andar.

Por suerte para el Partido Demócrata, Obama posee el carisma y la claridad intelectual necesarios para aceptar los errores y proponer las políticas que puedan producir un reencarrilamiento de su gobierno. Así, el miércoles pasado el Presidente le propuso al Congreso usar $30,000 millones de las ayudas devueltas por Wall Street para que bancos comunitarios extiendan créditos a pequeñas empresas. Propuso también un incentivo fiscal para empresas que contraten empleados o mejoren los salarios que pagan actualmente. Además, exigió con inusual firmeza que le remitan lo antes posible un plan federal para la creación de empleos. Donde Bill Clinton dijo: “It’s the economy, stupid”, Obama parece gritar: “It’s the jobs, you morons”.

En Puerto Rico, Luis Fortuño debe cumplir hoy su cita constitucional ante la Legislatura. Tendrá que hacerlo, ante el enfado creado después de uno de los peores primeros años de administración alguna en nuestra historia. Las políticas de despidos masivos de empleados públicos, privatizaciones en forma de alianzas publico-privadas, la pérdida constante de empleos en el sector privado y la insatisfacción de aquellos sectores empresariales que más cooperaron en su ascenso al poder, exigen que el Gobernador hable hoy sobre economía con la certeza que hasta ahora no ha podido transmitir.

No basta con que el Consejo de Economistas prediga una estabilización dentro de los próximos seis a nueve meses, para una economía cuyo producto nacional bruto se ha contraído entre un 4% y un 5% en el primer semestre del presente año fiscal, con las cifras del desempleo rondando el 17%. Tampoco basta con el anuncio de una reforma contributiva cuyos alivios para la clase media se concentrarán en los que ganan $20 mil o menos al año. Cuando en realidad nadie con ese nivel de ingresos forma parte de la clase media.

Aquí en Puerto Rico, como para Obama en Estados Unidos, la clave tiene que ser crear empleos. Los puertorriqueños esperan que su gobierno les trace hoy la ruta hacia nuevos empleos fundamentados en una economía capaz de competir exitosamente para atraer y generar inversión. Esperemos que hoy el plan para más y mejores empleos no dependa de que el Congreso nos conceda la estadidad.

Las dietas son un problema

El gobernador Luis Fortuño ha propuesto que como parte la reforma legislativa se elimine el pago de dietas a nuestros legisladores. De inmediato la presidenta de la Cámara, Jenniffer González, anunció que se propone hacerle frente al Gobernador pues las dietas representan menos del 1% del presupuesto de Puerto Rico. Además, según la líder cameral, ese beneficio equipara el salario de los legisladores con el de los jefes de agencia.

Estos argumentos son falaces y evidencian que no existe justificación para ese gasto. Para establecer una perspectiva correcta sobre esta discusión, cabría preguntarse cuántos servidores públicos reciben un bono exento de contribución por asistir a su trabajo. Tampoco tiene sentido comparar la función de los jefes de agencia con la de los legisladores.Un miembro del gabinete del Gobernador es responsable de la implantación en toda la isla de la política pública de su agencia. Mientras que un legislador, salvo presidentes y portavoces en ambos cuerpos, a lo sumo es responsable de referir y tramitar necesidades ciudadanas y de someter legislación sobre los problemas de su distrito o las comisiones a las que pertenezca. Para esto tiene a su disposición un extenso cuerpo de ayudantes y asesores.En el fondo el problema es que la Legislatura se ha convertido en un costoso elefante blanco donde la función legislativa se ha transformado en el modus vivendi de una clase política que dispone de recursos casi ilimitados para repartir contratos y beneficios. Así terminan financiándose aspiraciones a incumbentes y asesores por igual.Nuestro sistema legislativo existe en virtud del Artículo III de la Constitución donde se reprodujo, con importantes ampliaciones liberales, el sistema bicameral que ya había creado la Ley Jones en 1917. Entonces los legisladores no recibían salario. De ahí que se estableciera una dieta de $7 por cada día de sesión y 10 centavos por cada kilómetro que recorriera un legislador para llegar al Capitolio. Todo esto dentro de una sesión anual de 5 meses.Bajo la Constitución se creó el sistema de salarios para los legisladores. Aquéllos eran salarios de $250 mensuales. Por tanto, resultaba razonable continuar el beneficio de dietas y millaje.Durante la tercera administración de Rafael Hernández Colón se legisló una segunda sesión anual, aumentándose considerablemente los salarios de los legisladores, sin que se produjera el consecuente aumento de la productividad legislativa. Luego, en 1998 se aprobó la Ley del Legislador a Tiempo Completo y se estableció un sistema de revisión salarial automática. Con ello se perseguía terminar los conflictos de intereses en que incurrían los legisladores. Evidentemente el remedio resultó peor que la enfermedad.Hoy día un legislador promedio gana $73,775 anuales y una dieta de $162 por cada día de trabajo. Además, el absurdo sistema de revisión salarial automática permite que cada cuatro años se aumenten estos beneficios de acuerdo al costo de vida. En 2005, esto se tradujo en un aumento de 23% al salario básico de los representantes del pueblo. Añadamos a esto un estipendio de más de $1,600 mensuales para pagarles un vehículo.Estos datos no resisten mucho análisis. En tiempos en que amparándose en un déficit gubernamental de $3,200 millones, el Gobierno despide empleados masivamente, se congelan convenios colectivos, se aumentan las contribuciones de la propiedad, está claro que los legisladores deben obtener una sola compensación por sus servicios. ¿Cómo puede justificarse que el Senado –pues de la Cámara ni siquiera tenemos información-, gaste $1.5 millones anuales para compensar a los senadores por ir a trabajar y, encima, se les financie la compra de un vehículo?

Al presente se barajan varias propuestas de enmienda constitucional para reorganizar el Poder Legislativo. Con la Constitución no se juega.

Antes de ponernos a trastocar el sistema constitucional bajo el cual nos organizarnos democráticamente, debe ponerse fin a este injustificado sistema de doble compensación. El Gobernador tiene razón, las dietas deben eliminarse.

Las precariedades del desatino

EL NUEVO DÍA | 04-ENERO-2010 |
ÁNGEL ROSA
PROFESOR DE CIENCIAS POLÍTICAS

Gobernar es una actividad compleja. Requiere, además de un conocimiento detallado de las realidades de una sociedad, la voluntad de tomar decisiones en conjunto con aquellos a quienes se gobierna. Por eso gobernar exige también aprender a discriminar contra los intereses particulares que no favorecen el bienestar común. La clave está en ejercer esa discriminación dentro de parámetros que beneficien a la mayor cantidad posible de ciudadanos.

Entonces, resulta fundamental que el gobernante encuentre la manera de aquilatar su gestión sin depender únicamente de informes de burócratas, ayudantes, subalternos políticos y publicistas. Dicho de otra forma, el que gobierna tiene que mantenerse vinculado a la realidad. Así se podrán reconocer a tiempo los errores y corregir el rumbo para atender aquellos asuntos que nos preocupan como sociedad, y que son la base del contrato social que los electores renovamos cada cuatro años.

Luis Fortuño acaba de cumplir su primer año de gobierno. Lejos de aprovechar ese primer año para sentar las bases de un gobierno de inclusión y consensos, el Primer Ejecutivo ha adoptado una visión ortodoxa de gobernar practicando la vieja teoría de que aquél que gana obtiene un salvoconducto para hacer lo que le parezca durante el tiempo que dure el mandato. Así las cosas, ha impuesto una visión estrecha de la función pública dirigida a reproducir en ella la lógica de lo privado, que supuestamente es más eficiente.

Reclamando una situación fiscal desconocida por su partido, el Gobernador nos recetó en su discurso inaugural medicina amarga para enfrentar los grandes retos del país. Así se aprobó la Ley 7 que tiene como ingrediente principal la reducción de la nómina gubernamental a base de despidos. Peor aún, se dijo categóricamente que no se despediría a nadie fuera de los 17,000 de la Ley 7, cuando en realidad se han despedido miles en las corporaciones públicas, como si esos empleados no formaran parte de la nómina pública.

Esta política que ve a los empleados públicos como cifras presupuestarias, en vez de como recursos valiosos para encaminar las soluciones a nuestros problemas, ha provocado reacciones de todo tipo, algunas dentro del propio partido de gobierno, y nos tiene al borde de una movilización de diversos sectores para paralizar el país. Lo peor es que no se advierte en la actitud del gobierno intención alguna de diálogo. Parecería estar anclado en la “irrefutabilidad” de sus argumentos, aunque los platos rotos los paguemos todos.

Mientras tanto, el crimen alcanza niveles comparables a los años de la contraproducente mano dura. Los casi novecientos asesinatos en el 2009, nos recuerdan que tenemos un alarmante problema de narcotráfico que ya no se esconde para ir matando a diestra y siniestra, sin distinción. Ante esto, la respuesta gubernamental es: más policías, más redadas, más chalecos a prueba de bala y más patrullas, como si con esto adelantáramos algo en una guerra contra un negocio que dispone de los abundantes recursos de lo ilícito.

Añádase a este breve recuento la inestabilidad de un gobierno que en doce meses ha tenido dos secretarios de Educación, tres de Salud, dos de Justicia y pretende excusar su falta de tino reclutando talento para dirigir el país comparándose fútilmente con administraciones anteriores. Un gobierno que además pone sus esperanzas de recuperación económica en contratos de alianzas público-privadas, porque en el fondo no confía en lo público.

Este 2010 que apenas comienza es la hora de exigir que se nos gobierne bien. Hay que romper con la indiferencia y rescatar la solidaridad. Solidaridad que no es partidista sino verdaderamente democrática, por participativa. El 2010 es la hora de convocar las buenas voluntades de un pueblo y no conformarse con las precariedades del desatino.

La Reforma de Salud y Puerto Rico

El analista de WKAQ 580, Profesor Ángel Rosa, pone en perspectiva la aprobación por la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, del proyecto de reforma de salud. También comenta las posibilidades de la medida en el Senado y analiza la posible inclusión de Puerto Rico en el paquete legislativo más importante de la administración de Barack Obama.