Estamos perdiendo la guerra

El revuelo que causó el arresto de personajes distinguidos de la sociedad puertorriqueña, presuntamente implicados en los nefastos entramados del narcotráfico, dejan al descubierto una realidad mucho más cruda que la simple notoriedad de sus nombres.

Luego de un fin de semana de 30 asesinatos, casi todos vinculados al ajuste de cuentas en el mercado ilegal de drogas, las autoridades federales y locales -impedidas de instituir iniciativas más impactantes que las redadas, se llevaron a un líder comunitario de La Perla, al presidente de un sindicato obrero y hasta a Piculín Ortiz. Se supone que como consecuencia de estos operativos los puertorriqueños nos sintamos tranquilos porque las fuerzas de ley y orden no dan tregua al crimen.

La realidad, por supuesto, es que cada vez nuestras calles, y el entorno social mismo, son menos seguros. La verdad es que poco o casi nada queda resuelto después de los arrestos. La prominencia que los propios medios de comunicación dan a las acciones policiales contra el narcotráfico es señal del peligroso desenfoque en cuanto al problema.

Estos operativos quizás consiguen procesar criminales, pero no atienden las raíces de este mal. Por cada puertorriqueño arrestado hay miles que escapan la justicia, dedicados a un negocio lucrativo que envenena a otros miles y los ata a una cadena de distribución que no se amedrenta ante las redadas. Otros, quedan atrapados en las dinámicas del negocio y terminan asesinados por sus rivales, antes de cumplir los 30 años.

Tan equivocada es la estrategia de los operativos antidroga como respuesta principal al crimen, que el propio superintendente de la Policía termina reconociendo que su estrategia provocará una nueva alza criminal. Resulta ilógico pensar que se tiene la respuesta a un problema si las iniciativas encaminadas terminan agudizando la crisis. En cualquier liga eso se llama fracaso.

Una verdadera estrategia anticrimen, comenzaría reconociendo que la única forma de control a largo plazo es reducir la demanda de droga. No estamos ante un asunto policíaco. Estamos ante un asunto económico. Un estudio publicado en 2010 por la Alianza para Reducir la Insuficiencia en el Tratamiento de Adicción a Drogas reveló que en Puerto Rico hay 60,000 adictos a la heroína, los cuales consumen cerca de $3 millones diarios, lo que a su vez requiere $7.4 millones diarios en propiedad robada o destruida. Eso sin contar las otras adicciones a sustancias controladas, como la cocaína por ejemplo. Un mercado como ese difícilmente responderá a incautaciones y escasez del producto.

Para tener tan siquiera la oportunidad de combatir el narcotráfico hay que atender las condiciones de los miles de adictos que todos los días se tiran a la calle en busca de droga. Al mismo tiempo, hay que intervenir con urgencia el contexto social que empuja a muchas de estas personas hacia la droga. Es decir, mientras siga creciendo el número de personas que consumen droga, el narcotráfico seguirá siendo un negocio lucrativo. Asimismo, mientras la pobreza y la marginación social aumenten, el narcotráfico es una opción de supervivencia.

Por tanto, la estrategia tiene que estar dirigida a reducirle los clientes al negocio. Parte de esto se logra arrestándolos, pero la posibilidad de enormes ganancias hace que los arrestados sean sustituidos casi inmediatamente. La otra forma, es sacar de la dependencia a los que consumen droga. Esta es una opción de resultados más lentos. Requiere entender la lógica inexpugnable de que menos adictos van convirtiendo el narcotráfico en algo demasiado peligroso, por ser menos lucrativo.

Puede también que sea una solución menos mercadeable políticamente. Después de todo, a los políticos les gusta presumir de la fuerza del estado. Pero a Puerto Rico le sale demasiado cara esta estrategia de negación, que solo retarda la necesaria toma de decisiones para atajar un problema tan complejo. Resulta inaceptable pedirle a un pueblo que siga sacrificando la vida de sus hijos e hijas, víctimas del crimen y del vicio, sólo para que un grupo de funcionarios y políticos desenfocados siga jugando a pillos y policías. No se dan cuenta de que estamos perdiendo la guerra.

Cincuenta años y un sándwich

Luego de 50 años sin que nos visitara un presidente estadounidense, el martes 14 junio Puerto Rico recibió a Barack Obama. El presidente cumplía así su promesa de campaña de regresar a la isla como primer mandatario. El último en hacerlo había sido John F. Kennedy en diciembre de 1961. Por eso esta visita tenía cierta mística continuadora.

Obama, a diferencia de Kennedy, vino a recaudar fondos para su recién comenzada campaña a la reelección. Kennedy nos visitó como vitrina que éramos de las relaciones estadounidenses con América Latina. Obama nos visitó como vitrina que somos para conquistar el voto hispano en Estados Unidos.

Aprovechando la disposición del presidente de venir a Puerto Rico, los partidarios locales del Partido Demócrata que favorecen la estadidad, se dieron a la tarea de preparar junto la Casa Blanca un itinerario de la visita que les permitiera reforzar el sabor de que la anexión está a la vuelta de la esquina. El viaje también coincidió con varias sesiones del Grupo de Trabajo Interagencial sobre Puerto Rico, centradas en la economía de la isla.

La parte pública de la visita incluyó una parada en La Fortaleza para reunirse con el gobernador Luis Fortuño y el comisionado residente Pedro Pierluisi. Allí tocaron el tema del status, la colaboración entre las agencias locales y federales para combatir el narcotráfico y la necesidad de crear empleos.

Sobre el tema del status, Obama dejó meridianamente establecido que su compromiso para adelantar una solución quedó atendida con la propuesta contenida en el informe del Task Force publicada en marzo pasado, proponiendo una consulta plebiscitaria de dos rondas en las que se escoja entre todas las opciones, incluyendo el ELA.

La consulta, dijo Obama, tendrá que surgir de un proceso justo que produzca un mandato claro. Esto es lo contrario al plebiscito propuesto por la Administración Fortuño y reforzado por el plan del PIP, que pretende excluir la opción del ELA para que se produzca una mayoría artificial a favor de la estadidad. Según la absurda lógica del PIP, al negar el Congreso la estadidad llegará la independencia, sin votos.

En materia económica el presidente se comprometió a evaluar una posible exclusión de Puerto Rico de las leyes de cabotaje. Su Task Force se comprometió a incluir a Puerto Rico dentro de los esfuerzos para potenciar las exportaciones en Estados Unidos. Ésta es una buena noticia, pues podría producir un mecanismo necesario para la atracción de capital a Puerto Rico, que es la única forma de crear empleos masivamente en un corto plazo.

Pero la joya de la visita se produjo cuando las prácticas antidemocráticas del PNP obligaron al presidente a darles una lección de civismo político. Igual que han hecho con la Ley 7, la UPR, el gasoducto, el plebiscito y la reforma electoral, quisieron controlar la agenda del presidente para dejar fuera a la oposición. Su desconocimiento de las dinámicas que rigen el proceso político estadounidense les hizo pensar que podían salirse con la suya.

Obama hizo entonces un planificado, pero desconocido desvío en su itinerario para comerse un sándwich y conversar en Kasalta con Alejandro García Padilla, presidente del PPD y único candidato a la gobernación abiertamente identificado con el Partido Demócrata. Es decir, en la única oportunidad para compartir espontáneamente con los puertorriqueños sin protocolo, Obama aprovechó para que lo vieran en compañía del líder del PPD. Desde entonces, el liderato del PNP ha perdido su encanto con Obama y le acusan de toda suerte de conspiraciones. De pronto les invade una ira anti-Obama contraria a la euforia que les produjo su llegada. Incluso han jurado que harán campaña en su contra en las comunidades hispanas de Estados Unidos.

Tal reacción resulta tan patética como esclarecedora. Los líderes del anexionismo parecen repudiar las bases de juego limpio e igualdad de oportunidades que caracterizan el discurso democrático. Su comportamiento es contrario a los valores políticos de la nación a la que quieren integrarse como estado. La visita de Obama ha servido para desenmascararlos una vez más.

Se creen los dueños

El PNP acaba de aprobar una mal llamada “reforma electoral”, con la que trastocan las reglas de juego que por décadas han regido nuestras elecciones. Se trata de una serie de cambios al Código Electoral que pone en precario el consenso que protegía la transparencia y legitimidad de nuestros comicios.

Con sus defectos y virtudes, durante las últimas tres décadas nuestro sistema electoral se ha caracterizado precisamente por su confiabilidad, más allá del resultado. Esa es una característica indispensable para la subsistencia de una democracia. Para que haya democracia no es necesario que nos guste el resultado electoral. Es necesario, sin embargo, que ese resultado sea reconocido por todos como la expresión inequívoca de la voluntad del pueblo. Para ello, es importante que aquellos con poder para cambiar el ordenamiento jurídico protejan siempre el derecho del elector a expresar su voluntad en las urnas.

A manera de venganza por el resultado electoral de 2004, el PNP ha cambiado sustancialmente y sin consenso, las reglas que regirán los comicios de 2012. Lo hacen sabiendo que el ánimo del País estará en su contra en estas próximas elecciones. Por eso los senadores y representantes de la mayoría, se han prestado para hacerle un traje a la medida a la reelección de Luis Fortuño.

Han eliminado de un plumazo el voto mixto de dos cruces (pivazo), simplemente porque ese tipo de sufragio impidió a Pedro Rosselló ganar en 2004. Por primera vez en nuestra historia, la Legislatura actúa para impedirles a los electores manifestar su voluntad libremente. Uno de los expertos electorales del PNP elogiaba la medida diciendo: “Esto lo que hace es evitar que los independentistas voten por el PIP, para mantener la franquicia, pero le presenten el voto al candidato a gobernador del PPD”. ¿Con qué autoridad estos líderes del PNP se atreven dictarnos a los puertorriqueños cómo votar?

Además, en un claro intento de manipulación partidista despojan al juez presidente del Tribunal Supremo de su facultad administrativa para designar los jueces a cargo de las salas electorales. Ahora esa facultad la tendrá el pleno del Tribunal que ha sido inflado a nueve jueces, seis de los cuáles han sido nombrados por Fortuño. Serán estas salas las que precisamente atiendan las controversias que surjan entre otras cosas por estos cambios recién legislados. El ansia de control total no les permite esperar a que el mandato del pueblo les autorice nombrar un nuevo juez presidente cuándo venza el término del actual. Hay que hacerlo a la trágala, simplemente porque se tiene poder.

Igualmente, han trastocado los acuerdos existentes para autorizar el voto adelantado de los policías y guardias penales, que ahora podrán optar por esta modalidad del voto aunque sus servicios no se requieran directamente en el proceso electoral. De esta forma someten a conocidos ejercicios de coacción y presión a una fuerza policíaca hastiada por las actitudes de este gobierno en su contra.

Se crea también un puesto de Contralor Electoral cuya deseabilidad es aceptada por todos ante los desmanes en el financiamiento de campañas y candidaturas que han aflorado recientemente. Pero este Contralor que ocupará su puesto por 10 años, con poder para detener cualquier campaña política, puede terminar nombrándose por el gobernador-candidato y confirmándose con mayoría simple por los legisladores-candidatos del PNP, sin necesidad de un acuerdo en la Comisión Estatal de Elecciones.

Todo lo anterior ha sido legislado sin consenso y a contrapelo de acuerdos alcanzados con las minorías. La última vez que en Puerto Rico se aprobó una ley electoral sin consenso fue en 1980 y el resultado fue la devastadora experiencia de Valencia. Fue necesario restablecer el consenso en 1983 para devolverle la legitimidad a nuestro sistema electoral.

Trastocar las reglas básicas de una democracia es un ejercicio embriagante de poder de quienes, creyéndose dueños del País, pretenden atornillarse en el gobierno. Esta ley representa un golpe mortal a los acuerdos fundacionales que nos han permitido evolucionar políticamente. Lo que ahora le puede servir al PNP para asegurarse una victoria, mañana puede servir para atropellarles. Entonces no habrá instituciones para defenderles.

Preocupante manipulación

Una investigación periodística de El Nuevo Día ha destapado la caja de Pandora de la manipulación estadística en la Policía. La modalidad principal de esta irregularidad consiste en la alteración de hechos denunciados por ciudadanos en las querellas para así lograr su clasificación como delitos de menor escala. Otras veces no se asigna número a las querellas, para que no aparezcan en las estadísticas, o se agrupan muchos incidentes bajo un sola querella para que se considere un solo delito. En cualquier caso, ésta es una práctica corrupta que los ciudadanos hemos sospechado por décadas.

Es entendible que, ante el aumento en la incidencia criminal, las altas esferas policiacas sientan presión para lograr reducciones significativas de la actividad delictiva. La Policía recibe el impacto de las complejas realidades sociales que producen el delito, y la opinión pública termina adjudicando el aumento de la criminalidad al fracaso policiaco. De ahí que se recurra a la manipulación estadística para producir falsamente resultados halagüeños de las estrategias anticrimen. Así, piensan estos corruptos, se reduce la presión pública.

Desde que se publicaron los primeros informes de prensa se ha desatado una avalancha de testimonios de ciudadanos y de agentes de la Policía que apunta a la existencia del problema en al menos 9 de las 13 regiones policiacas. Esto hace necesario crear las condiciones institucionales para perseguir y eliminar esta práctica.

Resulta muy preocupante la reacción del superintendente José Figueroa Sancha, quien calificó las denuncias como una labor de encargo de la prensa como parte de una conspiración diseñada por Partido Popular Democrático. Se puede entender que el superintendente sienta frustración por el rezago de la respuesta anticrimen, pero su respuesta es clara señal de desenfoque.

El secretario de Justicia, en una reacción mucho más adecuada, ha ordenado una investigación aduciendo que no debe permitirse tal engaño. Inclusive, el secretario admitió que recientemente tuvo que ordenar la revisión de un informe estadístico sobre incidencia criminal, que iba a ser sometido al Departamento de Justicia de Estados Unidos. Según el funcionario los datos no le satisfacían.

Es importante que se publiquen los resultados de la investigación de Justicia. La transparencia es vital para aminorar el impacto que las irregularidades en el manejo de estadísticas en la Policía tiene sobre la confianza necesaria en nuestras fuerzas de ley y orden.

Maquillar la actividad delictiva es corrupción pública. Denunciarla –como ha hecho la prensa-, es contribuir a que se tomen medidas para terminar esta mala maña. Recurrir a la negación y a la paranoia política para esconderlo, es un mal servicio a Puerto Rico.

La manipulación estadística del crimen es un mal de casi todas las policías del mundo. Su proliferación es nefasta pues, entre otras consecuencias, tiende a producir una visión distorsionada del problema criminal. Es como mirarse al espejo y no reconocer la imagen que se está viendo. Esta distorsión impide un proceso inteligente de toma de decisiones, que es fundamental para lograr soluciones.

Eventualmente, tal engaño produce un fracaso tan estrepitoso como el que intenta evitarse.

La administración actual enfrenta el período de mayor criminalidad en nuestra historia. Que el propio Gobierno trate de esconder la magnitud del crimen sólo contribuye al diseño de estrategias inadecuadas para enfrentarlo. Esto hay que pararlo. Los puertorriqueños llevamos veinte años padeciendo la incapacidad de los gobiernos para enfrentar el crimen adecuadamente.

Analizando justamente el problema, no se puede concluir que la manipulación de estadísticas policiacas sea una actividad exclusiva de la presente administración. El problema se le ha señalado también a otras administraciones. Pero recurrir al argumento mediocre de que esto ha ocurrido siempre, es inaceptable.

Ya es tiempo de que reconozcamos la necesidad de recopilar de forma independiente todas las estadísticas en Puerto Rico, incluyendo las del crimen. Mientras aparece la inteligencia y voluntad necesarias para legislar con valentía, es importante que los procesos internos en la Policía sean inflexibles al fijar responsabilidades contra directivos y oficiales que se presten para engañarnos.

Algo que ya sabemos

La semana pasada nos visitó en Puerto Rico el editor especial de la revista Time, especialista en tendencias globales, Fareed Zakaria. Vino invitado por el Centro para la Nueva Economía a ofrecer sus perspectivas sobre la economía puertorriqueña en el contexto mundial. Como sucede demasiadas veces en nuestra vida colectiva, este reconocido periodista y hombre de medios, dijo cosas que hace tiempo sabemos los puertorriqueños sobre los errores que hemos cometido por décadas y que nos tienen ante la peor encrucijada de nuestra historia.

La visita de Zakaria no desmerece, porque aportó algo que hemos sido incapaces de hacer por demasiado tiempo: mirarnos más allá del ombligo. A veces, es importante la perspectiva de aquellos que por simple desconocimiento advienen a una primera lectura de nuestra realidad. Conviene esa mirada extranjera si con ello se contribuye a centrarnos en lo verdaderamente importante.

¿Y qué dijo Zakaria? Para empezar afirmó que Puerto Rico cuenta actualmente con los elementos necesarios para convertirse en el Dubai o el Hong Kong de este hemisferio. Es decir, para atraer de manera sobresaliente la inversión internacional, potenciar la producción y crear la riqueza suficiente para enfrentar los grandes retos del presente.

Está claro que para este intelectual indio, la inserción de Puerto Rico en la “nueva ola global” está irremediablemente ligada a nuestra relación con los Estados Unidos y el papel de país preponderante que este mantiene. Su tesis es que Estados Unidos continuará siendo un país importante, pero su dominio se verá reducido ante el avance de economías emergentes como: China, India, Brasil, Rusia, Sudáfrica y Kenia. En un mundo más balanceado, argumenta Zakaria, Estados Unidos se verá forzado a reconsiderar sus relaciones con estos nuevos competidores.

Su lectura sobre Puerto Rico radica precisamente en que sepamos interpretar esos cambios para buscar nuestro nicho de participación. De ahí su recomendación de comenzar a invertir en el futuro, entendiéndose por futuro la educación y capacitación de las generaciones jóvenes.

No puede ser que los pocos esfuerzos logrados en la gestión educativa se hagan respondiendo únicamente a parámetros ajenos a nuestra realidad. Estados Unidos, al que tanto nos gusta imitar, invierte $4 por persona vieja y $1 por cada joven. Sería bueno descubrir estas cifras para el caso puertorriqueño. En nuestro caso, seguir cometiendo ese error tiene consecuencias nefastas en las posibilidades de éxito de la población sobre la cual descansa la creación de riqueza.

Otra advertencia importante expresada por Zakaria es que no podemos seguir peleándonos por repartir la pobreza. Puerto Rico tiene que hacer uso de sus capacidades jurídicas y fiscales dentro del esquema federal, para pelear y atraer agresivamente al capital extranjero. Esa sigue siendo la herramienta más eficaz para crear empleos. De la creación de empleos depende la reactivación de la economía y la recuperación fiscal del gobierno. Todo lo cual permite una mejor distribución de riqueza.

Hasta ahora la dañina demagogia engendrada por la alternancia política ha trabajado en contra de las capacidades económicas que tiene Puerto Rico. Por ganar elecciones los partidos se enfrascan en una pelea por repartir la escasez; ignorando por razones ideológicas la necesidad de utilizar al máximo nuestras ventajas competitivas. En ese afán, las últimas políticas de la administración Fortuño han contribuido ahuyentando el capital tan necesario para crecer. Si seguimos en esa dinámica, advierte Zakaria, nos quedaremos sin dinero.

Interesantemente, Zakaria nunca se refirió al status político como un problema. Esto defrauda a los que no producen soluciones, sino que utilizan el status como una excusa. Lo que falta en Puerto Rico es voluntad para movernos hacia horizontes de mejor conveniencia para nuestra gente. En ese contexto, la discusión de status, aunque importante e intelectualmente interesante, pasa a un segundo plano. Las estrategias para nuestro desarrollo y porvenir no pueden seguir esperando el desenlace del status.

Sobra la habladuría. Urge la acción y el respeto de todas las tendencias a la importancia de nuestro futuro, enfocado en la gente.

¿Tenía que venir Zakaria a decirnos lo que sabemos?

De encuestas, excusas y el 2012

La reciente publicación de los resultados de la encuesta de El Nuevo Día, reflejando la opinión pública sobre la imagen y desempeño del gobernador Luis Fortuño, ha desatado un vendaval de reacciones. Según la encuesta –la primera en todo el cuatrienio-, un 58% califica con D o F la gestión del gobernador.

Al medirse las posibilidades de reelección de Fortuño frente al aspirante del Partido Popular, los resultados para el gobernador son desastrosos. Sólo un 25% de los encuestados expresa intención de avalar su reelección. Un 31% de los electores identificados con el PNP piensa que el desempeño de Fortuño es peor de lo esperado. Alejandro García Padilla, a 21 meses de las elecciones, comanda un 47% de intención de voto. Estos resultados son muy similares a los que arrojan otros sondeos no publicados.

Es evidente que el apoyo al gobernador se ha desplomado. Fortuño tiene los peores números de un inquilino de La Fortaleza en los pasados 40 años. Su rehabilitación política es prácticamente imposible.

Como agravante se añade la manera cómo el liderato del PNP ha reaccionado a su realidad. Que si Fortuño no esperaba lo que encontró al llegar al Gobierno. Que Aníbal y Sila quebraron el país. Que echar a andar el Gobierno ha tomado más tiempo de lo esperado. Que ahora va a haber mucho dinero para repartir entre la gente. Es como si las excusas y nuevas promesas les libraran de la responsabilidad contraída con el pueblo en 2008. Están tratando de tapar el cielo con la mano.

Aunque es muy prematuro para predecir el resultado de las elecciones, la percepción general es de insatisfacción y encono hacia la Administración actual. Esto es así porque muchas de las políticas públicas implantadas van a contrapelo de las promesas hechas en la campaña de 2008. El pueblo le dio al PNP un mandato abrumador para que resolviera los grandes problemas que tenía el país, no para buscar excusas.

Las explicaciones y excusas sobran cuando se prometió, solucionar los graves problemas económicos, el aumento descontrolado del crimen y la violencia, y el alto costo de la electricidad, por ejemplo. Prometieron que todo esto se lograría sin meternos la mano en el bolsillo. Dos años y varios impuestos nuevos después, la realidad es que esos problemas han alcanzado niveles de calamidad. Igualmente, resulta muy difícil para los casi 20,000 empleados desplazados del gobierno aceptar excusas, cuando en 2008 se les prometió enderezar las finanzas del Gobierno sin que fuera necesario despedir a nadie. En resumen, el Gobierno se ha quedado sin credibilidad.

La decepción con el desempeño de Fortuño debe servirnos de lección tanto a electores como a líderes políticos. El gobernador no entendió que las reglas que determinan la inserción de Puerto Rico en la economía global, así como las determinantes de nuestra realidad de país, son extremadamente complejas. Gobernar Puerto Rico es un ejercicio de caminar constantemente por el filo de una navaja entre lo deseable y lo posible. No se puede engañar al electorado durante el tiempo de política para luego incumplir los compromisos que llevan a uno al poder. Gobernar en democracia es tomar decisiones, a veces difíciles, pero con el consentimiento de los gobernados.

Para esto hay que entender que el poder no es del que gobierna, sino del pueblo que lo delega por un tiempo a base de un contrato electoral.

Ahora que se advierte la casi seguridad de un cambio de gobierno, aquellos que aspiran al poder deben entender la responsabilidad de una campaña política. El PPD no debe repetir el grave error de prometer en exceso, con el único propósito de ganar. Ganar es crucial y requerirá lo necesario. Pero ganando se contrae la responsabilidad de gobernar bien. Aunque la meta inmediata sea ganar, más temprano que tarde la victoria se traduce en necesarios consensos para encaminar las soluciones.

Ganar sin respetar la palabra empeñada es echar a perder la confianza necesaria para dirigir al país. Por eso, a estas alturas, Fortuño no es reelegible.

FORO POLITICO CON ÁNGEL ROSA