Hora de patriotismo

El lunes 8 de agosto fue el peor día del cuatrienio para la administración Fortuño. Justo cuando comenzaban a sacar provecho de la mala fortuna de Barack Obama ante la degradación del crédito del gobierno estadounidense, la casa evaluadora Moody’s degradó el crédito de Puerto Rico y le asignó una perspectiva negativa.

La opinión pública está abrumadoramente de acuerdo en que las políticas económicas y fiscales adoptadas por Fortuño, en medio de la recesión, han sido dañinas. Ante esto, el mensaje oficialista se refugiaba en el argumento de que la “medicina amarga” había sido necesaria para salvar el crédito de Puerto Rico. El propio gobernador insinuaba que su gobierno podía dar lecciones al presidente Obama sobre cómo manejar la crisis fiscal. Tras la acción de Moody’s todo ese andamiaje mediático para convencernos de que Puerto Rico lo hace mejor, se derrumbó. No sólo la medicina amarga ha sido nefasta, sino que el crédito de Puerto Rico no está a salvo.

Las razones de Moody’s para bajarle la nota a Puerto Rico son: 1) el deterioro fiscal sostenido de los sistemas de retiro; 2) la debilidad de nuestra economía; y 3) unas finanzas públicas frágiles y acostumbradas a cuadrar presupuestos pidiendo prestado. En otras palabras, nada de lo que hemos hecho mal durante décadas cambió en los últimos tres años. De hecho, la casa evaluadora reconoce que la reforma de los sistemas de retiro tendrá un efecto negativo sobre nuestra economía y finanzas. Es decir, el remedio puede terminar siendo peor que la enfermedad.

Coherente con la estrategia de comunicación para su reelección, Luis Fortuño ha adoptado una postura de negación ante la crisis. Por todos lados el gobernador y sus funcionarios han negado que la degradación sea una mala noticia. Inclusive rehúsan reconocer que tendrá un efecto negativo sobre las posibilidades de una recuperación económica futura. Todo como parte de un esfuerzo para ocultar que su gestión ha empeorado la situación.

El problema de los sistemas de retiro parece el más apremiante. Actualmente enfrentan un déficit de $24 millones. Para atender la debacle, el gobierno ha propuesto aumentar la aportación patronal -más costos para el contribuyente, e inyectarle $162 millones anuales hasta llegar a $1,500 millones en 40 años. Todo lo cual ha sido evaluado como insuficiente por Moody’s.

Como era de esperarse, el anuncio de este fracaso gubernamental ha producido una dinámica de echar culpas y apuntar dedos, entre nuestra clase política. Fortuño culpa a la pasada administración por la crisis. Y los pasados administradores se defienden recordando que ellos gobernaban mientras el PNP controlaba la legislatura y aprobaba los presupuestos. Igualmente recuerdan que aquella legislatura se rehusó a aprobar legislación conducente a capitalizar los sistemas de retiro. En ese camino, muchos aprovechan para jugar al partidismo y obtener protagonismo.

La degradación del crédito y la insolvencia de los sistemas de retiro del gobierno, son los peores problemas a que se enfrenta Puerto Rico. Por eso deben ser la prioridad de presentes y futuros gobernantes. No se puede seguir perdiendo tiempo en culpas. En el fondo, hace tiempo el pueblo adjudicó las culpas.

Hay que tomar decisiones difíciles. Tales decisiones terminarán afectando a los que menos culpa tienen y por tanto tendrán un alto costo electoral. Por eso es tan difícil tomarlas. Pero resulta inevitable hacerlo. Sin soñar con mundos de fantasía en que los intereses políticos se desliguen de la discusión, hay que moverse rápida y desprendidamente. Hay que actuar fuera del juego de suma cero de nuestra política.

Urge crear un espacio institucional en que los dos partidos que gobiernan lleguen a acuerdos que trasciendan el resultado electoral de 2012. Las decisiones a tomar serán aún más difíciles si no se producen dentro de un ambiente de consenso partidista. Este consenso facilitará obtener el apoyo del pueblo a medidas que conllevarán apretarnos aún más el cinturón. Convendría también que el ajuste del cinturón incluya a los políticos, por aquello de predicar con el ejemplo. Dicho sin ambages, es momento de practicar el patriotismo.

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Estamos perdiendo la guerra

El revuelo que causó el arresto de personajes distinguidos de la sociedad puertorriqueña, presuntamente implicados en los nefastos entramados del narcotráfico, dejan al descubierto una realidad mucho más cruda que la simple notoriedad de sus nombres.

Luego de un fin de semana de 30 asesinatos, casi todos vinculados al ajuste de cuentas en el mercado ilegal de drogas, las autoridades federales y locales -impedidas de instituir iniciativas más impactantes que las redadas, se llevaron a un líder comunitario de La Perla, al presidente de un sindicato obrero y hasta a Piculín Ortiz. Se supone que como consecuencia de estos operativos los puertorriqueños nos sintamos tranquilos porque las fuerzas de ley y orden no dan tregua al crimen.

La realidad, por supuesto, es que cada vez nuestras calles, y el entorno social mismo, son menos seguros. La verdad es que poco o casi nada queda resuelto después de los arrestos. La prominencia que los propios medios de comunicación dan a las acciones policiales contra el narcotráfico es señal del peligroso desenfoque en cuanto al problema.

Estos operativos quizás consiguen procesar criminales, pero no atienden las raíces de este mal. Por cada puertorriqueño arrestado hay miles que escapan la justicia, dedicados a un negocio lucrativo que envenena a otros miles y los ata a una cadena de distribución que no se amedrenta ante las redadas. Otros, quedan atrapados en las dinámicas del negocio y terminan asesinados por sus rivales, antes de cumplir los 30 años.

Tan equivocada es la estrategia de los operativos antidroga como respuesta principal al crimen, que el propio superintendente de la Policía termina reconociendo que su estrategia provocará una nueva alza criminal. Resulta ilógico pensar que se tiene la respuesta a un problema si las iniciativas encaminadas terminan agudizando la crisis. En cualquier liga eso se llama fracaso.

Una verdadera estrategia anticrimen, comenzaría reconociendo que la única forma de control a largo plazo es reducir la demanda de droga. No estamos ante un asunto policíaco. Estamos ante un asunto económico. Un estudio publicado en 2010 por la Alianza para Reducir la Insuficiencia en el Tratamiento de Adicción a Drogas reveló que en Puerto Rico hay 60,000 adictos a la heroína, los cuales consumen cerca de $3 millones diarios, lo que a su vez requiere $7.4 millones diarios en propiedad robada o destruida. Eso sin contar las otras adicciones a sustancias controladas, como la cocaína por ejemplo. Un mercado como ese difícilmente responderá a incautaciones y escasez del producto.

Para tener tan siquiera la oportunidad de combatir el narcotráfico hay que atender las condiciones de los miles de adictos que todos los días se tiran a la calle en busca de droga. Al mismo tiempo, hay que intervenir con urgencia el contexto social que empuja a muchas de estas personas hacia la droga. Es decir, mientras siga creciendo el número de personas que consumen droga, el narcotráfico seguirá siendo un negocio lucrativo. Asimismo, mientras la pobreza y la marginación social aumenten, el narcotráfico es una opción de supervivencia.

Por tanto, la estrategia tiene que estar dirigida a reducirle los clientes al negocio. Parte de esto se logra arrestándolos, pero la posibilidad de enormes ganancias hace que los arrestados sean sustituidos casi inmediatamente. La otra forma, es sacar de la dependencia a los que consumen droga. Esta es una opción de resultados más lentos. Requiere entender la lógica inexpugnable de que menos adictos van convirtiendo el narcotráfico en algo demasiado peligroso, por ser menos lucrativo.

Puede también que sea una solución menos mercadeable políticamente. Después de todo, a los políticos les gusta presumir de la fuerza del estado. Pero a Puerto Rico le sale demasiado cara esta estrategia de negación, que solo retarda la necesaria toma de decisiones para atajar un problema tan complejo. Resulta inaceptable pedirle a un pueblo que siga sacrificando la vida de sus hijos e hijas, víctimas del crimen y del vicio, sólo para que un grupo de funcionarios y políticos desenfocados siga jugando a pillos y policías. No se dan cuenta de que estamos perdiendo la guerra.

Cincuenta años y un sándwich

Luego de 50 años sin que nos visitara un presidente estadounidense, el martes 14 junio Puerto Rico recibió a Barack Obama. El presidente cumplía así su promesa de campaña de regresar a la isla como primer mandatario. El último en hacerlo había sido John F. Kennedy en diciembre de 1961. Por eso esta visita tenía cierta mística continuadora.

Obama, a diferencia de Kennedy, vino a recaudar fondos para su recién comenzada campaña a la reelección. Kennedy nos visitó como vitrina que éramos de las relaciones estadounidenses con América Latina. Obama nos visitó como vitrina que somos para conquistar el voto hispano en Estados Unidos.

Aprovechando la disposición del presidente de venir a Puerto Rico, los partidarios locales del Partido Demócrata que favorecen la estadidad, se dieron a la tarea de preparar junto la Casa Blanca un itinerario de la visita que les permitiera reforzar el sabor de que la anexión está a la vuelta de la esquina. El viaje también coincidió con varias sesiones del Grupo de Trabajo Interagencial sobre Puerto Rico, centradas en la economía de la isla.

La parte pública de la visita incluyó una parada en La Fortaleza para reunirse con el gobernador Luis Fortuño y el comisionado residente Pedro Pierluisi. Allí tocaron el tema del status, la colaboración entre las agencias locales y federales para combatir el narcotráfico y la necesidad de crear empleos.

Sobre el tema del status, Obama dejó meridianamente establecido que su compromiso para adelantar una solución quedó atendida con la propuesta contenida en el informe del Task Force publicada en marzo pasado, proponiendo una consulta plebiscitaria de dos rondas en las que se escoja entre todas las opciones, incluyendo el ELA.

La consulta, dijo Obama, tendrá que surgir de un proceso justo que produzca un mandato claro. Esto es lo contrario al plebiscito propuesto por la Administración Fortuño y reforzado por el plan del PIP, que pretende excluir la opción del ELA para que se produzca una mayoría artificial a favor de la estadidad. Según la absurda lógica del PIP, al negar el Congreso la estadidad llegará la independencia, sin votos.

En materia económica el presidente se comprometió a evaluar una posible exclusión de Puerto Rico de las leyes de cabotaje. Su Task Force se comprometió a incluir a Puerto Rico dentro de los esfuerzos para potenciar las exportaciones en Estados Unidos. Ésta es una buena noticia, pues podría producir un mecanismo necesario para la atracción de capital a Puerto Rico, que es la única forma de crear empleos masivamente en un corto plazo.

Pero la joya de la visita se produjo cuando las prácticas antidemocráticas del PNP obligaron al presidente a darles una lección de civismo político. Igual que han hecho con la Ley 7, la UPR, el gasoducto, el plebiscito y la reforma electoral, quisieron controlar la agenda del presidente para dejar fuera a la oposición. Su desconocimiento de las dinámicas que rigen el proceso político estadounidense les hizo pensar que podían salirse con la suya.

Obama hizo entonces un planificado, pero desconocido desvío en su itinerario para comerse un sándwich y conversar en Kasalta con Alejandro García Padilla, presidente del PPD y único candidato a la gobernación abiertamente identificado con el Partido Demócrata. Es decir, en la única oportunidad para compartir espontáneamente con los puertorriqueños sin protocolo, Obama aprovechó para que lo vieran en compañía del líder del PPD. Desde entonces, el liderato del PNP ha perdido su encanto con Obama y le acusan de toda suerte de conspiraciones. De pronto les invade una ira anti-Obama contraria a la euforia que les produjo su llegada. Incluso han jurado que harán campaña en su contra en las comunidades hispanas de Estados Unidos.

Tal reacción resulta tan patética como esclarecedora. Los líderes del anexionismo parecen repudiar las bases de juego limpio e igualdad de oportunidades que caracterizan el discurso democrático. Su comportamiento es contrario a los valores políticos de la nación a la que quieren integrarse como estado. La visita de Obama ha servido para desenmascararlos una vez más.