Las precariedades del desatino

EL NUEVO DÍA | 04-ENERO-2010 |
ÁNGEL ROSA
PROFESOR DE CIENCIAS POLÍTICAS

Gobernar es una actividad compleja. Requiere, además de un conocimiento detallado de las realidades de una sociedad, la voluntad de tomar decisiones en conjunto con aquellos a quienes se gobierna. Por eso gobernar exige también aprender a discriminar contra los intereses particulares que no favorecen el bienestar común. La clave está en ejercer esa discriminación dentro de parámetros que beneficien a la mayor cantidad posible de ciudadanos.

Entonces, resulta fundamental que el gobernante encuentre la manera de aquilatar su gestión sin depender únicamente de informes de burócratas, ayudantes, subalternos políticos y publicistas. Dicho de otra forma, el que gobierna tiene que mantenerse vinculado a la realidad. Así se podrán reconocer a tiempo los errores y corregir el rumbo para atender aquellos asuntos que nos preocupan como sociedad, y que son la base del contrato social que los electores renovamos cada cuatro años.

Luis Fortuño acaba de cumplir su primer año de gobierno. Lejos de aprovechar ese primer año para sentar las bases de un gobierno de inclusión y consensos, el Primer Ejecutivo ha adoptado una visión ortodoxa de gobernar practicando la vieja teoría de que aquél que gana obtiene un salvoconducto para hacer lo que le parezca durante el tiempo que dure el mandato. Así las cosas, ha impuesto una visión estrecha de la función pública dirigida a reproducir en ella la lógica de lo privado, que supuestamente es más eficiente.

Reclamando una situación fiscal desconocida por su partido, el Gobernador nos recetó en su discurso inaugural medicina amarga para enfrentar los grandes retos del país. Así se aprobó la Ley 7 que tiene como ingrediente principal la reducción de la nómina gubernamental a base de despidos. Peor aún, se dijo categóricamente que no se despediría a nadie fuera de los 17,000 de la Ley 7, cuando en realidad se han despedido miles en las corporaciones públicas, como si esos empleados no formaran parte de la nómina pública.

Esta política que ve a los empleados públicos como cifras presupuestarias, en vez de como recursos valiosos para encaminar las soluciones a nuestros problemas, ha provocado reacciones de todo tipo, algunas dentro del propio partido de gobierno, y nos tiene al borde de una movilización de diversos sectores para paralizar el país. Lo peor es que no se advierte en la actitud del gobierno intención alguna de diálogo. Parecería estar anclado en la “irrefutabilidad” de sus argumentos, aunque los platos rotos los paguemos todos.

Mientras tanto, el crimen alcanza niveles comparables a los años de la contraproducente mano dura. Los casi novecientos asesinatos en el 2009, nos recuerdan que tenemos un alarmante problema de narcotráfico que ya no se esconde para ir matando a diestra y siniestra, sin distinción. Ante esto, la respuesta gubernamental es: más policías, más redadas, más chalecos a prueba de bala y más patrullas, como si con esto adelantáramos algo en una guerra contra un negocio que dispone de los abundantes recursos de lo ilícito.

Añádase a este breve recuento la inestabilidad de un gobierno que en doce meses ha tenido dos secretarios de Educación, tres de Salud, dos de Justicia y pretende excusar su falta de tino reclutando talento para dirigir el país comparándose fútilmente con administraciones anteriores. Un gobierno que además pone sus esperanzas de recuperación económica en contratos de alianzas público-privadas, porque en el fondo no confía en lo público.

Este 2010 que apenas comienza es la hora de exigir que se nos gobierne bien. Hay que romper con la indiferencia y rescatar la solidaridad. Solidaridad que no es partidista sino verdaderamente democrática, por participativa. El 2010 es la hora de convocar las buenas voluntades de un pueblo y no conformarse con las precariedades del desatino.