El fantasma de otra huelga

La situación prevaleciente en la Universidad de Puerto Rico es altamente preocupante. A menos de seis meses de haber concluido una huelga estudiantil que lo paralizó por 62 días, el principal sistema universitario del País enfrenta nuevamente el fantasma de otro paro. En esta ocasión el impasse lo produce la determinación de la Junta de Síndicos de añadir a los costos de matrícula una cuota especial de $800.

Como es natural, una inmensa mayoría de los estudiantes se opone a la cuota. La Junta de Síndicos, por su parte defiende la cuota especial aduciendo que con el estimado de recaudos de la misma, la UPR ha garantizado una línea de crédito de $100 millones para cubrir gastos operacionales.

A diferencia del pasado conflicto esta vez el estudiantado parece estar dividido en cuanto a las estrategias para combatir las decisiones de la administración. Las asambleas de estudiantes llevadas a cabo en los diferentes recintos van revelando la fragmentación del cuerpo estudiantil ante otra huelga.

En el Recinto de Río Piedras 1,783 estudiantes reunidos en una tensa asamblea, decidieron un paro de 48 horas que deberá comenzar mañana y un paro indefinido a partir del 14 de diciembre, si la Junta no desiste de la cuota. Sus contrapartes de Mayagüez decidieron oponerse a la cuota, a la vez que rechazaron ampliamente la posibilidad de otra parálisis académica a menos de un mes de que concluya el semestre. La postura de los dos recintos principales recoge a grandes rasgos la del estudiantado del resto del sistema.

El asunto se complica ante la probatoria en que la Middle States Commission on Higher Education mantiene a 10 de los 11 recintos universitarios. Una nueva interrupción prolongada de las clases no sería razón para la pérdida de acreditación, pero tendría el efecto de agravar el señalamiento de ingobernabilidad que hace años viene afectando los procesos acreditadores en la UPR. La acreditación es la puerta para el reconocimiento por la comunidad académica global de los grados concedidos en la Universidad. Es una fuente de prestigio académico.

La Legislatura de Puerto Rico aprobó legislación para que el 10% de los ingresos generados por la Lotería Especial nutra un fondo de becas para cubrir el costo de la cuota a los estudiantes que no reciben la Beca Pell. Se estima que este fondo generará unos $35 millones. Igualmente el Gobernador ha prometido que los recaudos del nuevo impuesto del 4% a la industria farmacéutica formarán parte de lo utilizado para computar la fórmula del 9.6% que recibe la UPR de los recaudos del ELA.

Ambas propuestas aunque positivas resultan insuficientes. Su impacto se reduce ante la actitud bravucona de la Junta de Síndicos y la gerencia universitaria que han advertido a los estudiantes que la cuota va y punto. Es asombroso cómo en vez de aumentar las alternativas, los administradores de turno cierran las posibilidades de diálogo. A esto se unen las expresiones violentas del Secretario de la Gobernación llamando a sacar a “patadas” a los profesores y estudiantes “izquierdosos”.

Un pequeño sector del estudiantado parece estar obsesionado con la huelga, demostrando así la misma intransigencia que critican en los administradores. Tal fijación tendrá el efecto indeseado de colaborar con el proyecto de destrucción universitaria que impulsa este gobierno. La Fortaleza ve la Universidad como un reducto de oposición al proyecto anexionista. Por eso Rodríguez Ema propone sin tapujos su estrategia de “bulldozer” que arrase con todo lo que no les complazca. Una huelga en este momento sería la mejor excusa para perpetrar el plan. Los universitarios debemos ser cautelosos ante tanta sinrazón.

Por su parte, la Junta de Síndicos tiene que actuar con sensatez para ir reestableciendo la confianza perdida. El cierre universitario tendrá consecuencias nefastas para el futuro de la Universidad y de Puerto Rico que la Junta viene obligada a proteger. La Legislatura debe intervenir inmediatamente para procurar que se alleguen a la UPR los recursos fiscales que resuelvan este tranque. De lo contrario el pueblo los juzgará severamente como liquidadores del mejor proyecto colectivo de nuestra historia.

Nuevo partido en Puerto Rico

Coraje + frustración = derrota

La semana pasada, los electores norteamericanos enviaron un mensaje contundente al presidente Barack Obama. Los resultados de las elecciones congresionales demuestran que los estadounidenses no están satisfechos con las políticas de su administración para reactivar la maltrecha economía. Los votantes pidieron de muy mala forma a Obama que cambie el rumbo.

A partir de enero próximo, los republicanos tendrán una ventaja de 55 escaños en la Cámara de Representantes (239-184), mientras que en el Senado, a pesar de que no obtuvieron la mayoría, lograron reducir la ventaja demócrata a 6 escaños (53-47). La escasa mayoría demócrata en el Senado no será suficiente para detener los anunciados esfuerzos obstruccionistas de sus rivales pues se necesitan 60 votos para detener cualquier artimaña parlamentaria. Con toda seguridad la agenda legislativa de Obama se verá detenida en ambas cámaras del Congreso.

¿Por qué la derrota? La incapacidad de la Administración Obama para crear empleos unida a una percepción generalizada de que el Gobierno federal ha crecido desmedidamente, le permitió a los republicanos una victoria amplia, a pesar de que nunca aclararon cómo van a revertir las políticas de Obama. El partido del elefante simplemente capitalizó el coraje y la frustración ante una mala economía.

Después del resultado electoral, el Presidente parece haber entendido las razones para la paliza. En sus primeras expresiones ha reconocido que una supuesta estabilización económica no fue suficiente para contentar a los electores. La insatisfacción de la gente, ante casi un 10% de desempleo, requería medidas audaces para poner la gente a trabajar.

Ahora que no tendrán control del Congreso, los demócratas van a depender de la astucia de Obama para trabajar en consenso con un Partido Republicano, que ha prometido recortar $100,000 millones en gastos durante 2011. Si bien es cierto que será imposible para los republicanos derogar legislación como la reforma de salud, harán lo posible por no aprobarle un presupuesto al Presidente para asfixiar su agenda.

Ante esto, Obama tiene dos opciones: intentar un entendido a medio camino con los envalentonados republicanos o continuar con su agenda y apostar al tranque para responsabilizar a los republicanos del fracaso. Al fin y al cabo, la estrategia republicana para crear empleos suena igual de descabellada que la reactivación económica pretendida por Luis Fortuño con la reforma contributiva.

Según Eric Cantor, nuevo portavoz de la mayoría en la Cámara federal, la propuesta republicana se fundamenta en reducir los impuestos y las regulaciones gubernamentales al sector privado para promover una expansión del empleo. Esto le añadirá $4 billones a la deuda de Estados Unidos, más cientos de miles de millones de dólares en pago de intereses. Tal endeudamiento reducirá significativamente las posibilidades de una recuperación económica en los próximos dos años. Desde ahora podemos adelantar que el tema principal de la elección presidencial de 2012 será la economía y los empleos.

En Puerto Rico, el nuevo panorama de Washington complica las cosas para la Administración Fortuño. Los recortes presupuestarios que lograrán los republicanos afectarán la implementación del programa insignia del PNP, Mi Salud. Ahora será más difícil conseguir la paridad. Además, una mayoría conservadora en el Congreso aleja vertiginosamente la posibilidad de que se discuta siquiera someramente el status político de Puerto Rico. Para el comisionado residente vienen días aciagos, ya que la isla no tendrá prioridad alguna en la nueva agenda congresional.

No vendría mal para los políticos del PNP entender y aplicar en su contexto las lecciones aprendidas de mala manera por Obama el pasado 2 noviembre. Primero, en política, percepción es realidad. De nada sirve repetir estribillos publicitarios autocomplacientes, si en la calle la gente percibe una realidad distinta. Segundo, una economía debilitada, que no produce nuevos empleos, siempre conduce a una derrota electoral. Mientras, el PPD no debe enfocarse exclusivamente en capitalizar un voto de castigo. Porque como la historia está a punto de demostrar en Estados Unidos, ganar el poder político es mucho más fácil que producir soluciones para las frustraciones que generan los tiempos de crisis.

Antes de las congresionales

Impuestos y reforma contributiva

Problemas en la Policía

El gasoducto: otra promesa incumplida

La dependencia del petróleo como fuente principal para la generación de energía eléctrica es uno de los problemas principales de nuestro desarrollo económico. El encarecimiento considerable del petróleo es la principal razón para los altos costos de energía que pagamos los puertorriqueños. En el mundo entero los países se están moviendo hacia la generación de electricidad producto de fuentes renovables, más limpias y más costo-eficientes que el petróleo y el gas.

El PNP llegó al poder en 2008 prometiendo una rebaja sustancial en el costo de la electricidad. El programa de gobierno que llevó a Luis Fortuño al poder lee: “Nuestra generación eléctrica descansa en un modelo basado en las realidades del mercado de hace 70 años, cuando el precio del petróleo era mucho más bajo y no habían madurado muchas de las tecnologías hoy disponibles para explotar los recursos renovables”. Dos años después, no habiendo cumplido la promesa de bajar el costo de la electricidad, la propuesta ha cambiado.

Ahora la Autoridad de Energía Eléctrica defiende la construcción de un gasoducto de 90 millas de largo que llevaría gas natural desde Peñuelas hasta la zona metropolitana de San Juan, a través de la Cordillera Central y la costa norte. El costo de la llamada Vía Verde se estima en $500 millones. El proyecto representa una contradicción significativa para un gobierno que durante la campaña electoral combatió un proyecto para un gasoducto iniciado por la pasada administración. Aquel gasoducto costaría $150 millones y su extensión sería considerablemente menor.

El gas natural es un combustible fósil, menos caro que el petróleo y menos contaminante a la hora de medir las emisiones al ambiente. Mover nuestra generación de energía hacia gas natural podría considerarse una buena política de transición energética. El propuesto gasoducto no lo es. La AEE intenta que con el gasoducto, una compañía privada supla suficiente combustible como para generar el 70% de la electricidad que consumimos. Esta cifra no suena a transición.

¿Qué prometió el PNP en 2008? En la página 88 del libro azul se establecía categóricamente: “Reduciremos nuestra dependencia en los combustibles de fuentes fósiles. Nuestro objetivo será reducir la dependencia en 35% en los próximos 5 años. Apoyaremos la construcción de capacidad de generación dispersa mediante el uso de tecnología de fuentes renovables. Promoveremos la investigación y desarrollo de tecnologías de fuentes renovables basada en los cinco recursos energéticos naturales de Puerto Rico: (1) solar, (2) viento, (3) biomasa, (4) marina e (5) hídricas”. Nada de esto está contemplado en el proyecto del gasoducto, ni en la política pública de la AEE.

El gasoducto se ha convertido en demagogia para engañar a una ciudadanía atormentada por el alto costo de la electricidad. Puede que a corto plazo se reduzca el costo de la luz. Pero a la larga están sustituyendo la dependencia del petróleo por dependencia de otra fuente fósil, no renovable.

Para movernos al gas natural no es necesario construir un tubo que cruce la Isla de sur a norte y de oeste a este, impactando bosques y tierras útiles y presentando un riesgo de seguridad ambiental, en algunos casos a menos de 150 pies de comunidades ya establecidas. Si lo que se quiere de verdad es una transición energética existen alternativas. Podría por ejemplo, convertirse totalmente la Planta Costa Sur a gas natural para producir el 30% de la energía eléctrica del País. Esto unido a la producción actual de 15% por Ecoléctrica, equivaldría a un 45% del total de la energía eléctrica generada. Suficiente para una transición energética.

Nadie en el gobierno contesta sin ambages, ¿por qué tanto empeño en invertir más de $500 millones en un proyecto para promover un cambio de petróleo sucio a gas menos sucio? ¿Por qué no se atienden propuestas de menos impacto para movernos al gas natural? ¿Por qué no se invierte parte de esos $500 millones para estimular una verdadera transición hacia fuentes de energía renovables?

Tal parece que lo verde de esta vía no es precisamente la conservación del ambiente.

Un nuevo partido

Lo más difícil en una democracia es la organización de un nuevo movimiento o partido político exitoso. Pero nada es más cónsono con el proceso democrático que acometer esa tarea para proveerles a los ciudadanos la oportunidad de expresarse lo más cercanamente a sus aspiraciones. Desde esa perspectiva hay que darle la bienvenida al nuevo Movimiento Soberanista Unido (MUS).

Un partido político y un movimiento no son la misma cosa, aunque acostumbrados como estamos en Puerto Rico a la tribalización, nos empeñemos en igualarlos. La diferencia estriba en el propósito de ambos tipos de formación. Un partido político existe para, a través del proceso de candidaturas, obtener el poder y dirigir la sociedad hacia un derrotero común para todos en el partido. Por consiguiente, la meta fundamental de los partidos es obtener el poder.

Los movimientos se fundan para mantener viva o traer a nueva consideración de un país o de un electorado una opción política. Es decir, la obtención del poder no es una meta fundamental. En Puerto Rico en realidad existen dos partidos políticos y varios movimientos.

Los organizadores del MUS han anunciado su intención de reclutar personas que crean en la libre asociación o la independencia para presentar candidatos en los elecciones de 2012. En realidad están declarando la intención de convertirse en un partido. Los entusiasma la paradoja de que ante un ambiente económico deteriorado y una opinión pública desilusionada con los partidos -por eso se llaman movimiento-, existe el espacio necesario para un nuevo partido.

Según sus organizadores, en 2008 no se inscribieron 600 mil electores y otros 400 mil no salieron a votar. A esto se añaden los casi 200 mil nuevos electores que habrá en 2012. Se supone que la mayoría de ese millón de electores respalda la creación un nuevo partido. Así que la posibilidad de obtener un triunfo está bien aspectada. Su matemática suena un tanto ilusa, pero después de todo cuando se trata de ilusiones todo se ve de mejor color. La realidad por supuesto es otra.

El nuevo partido espera llevarle una tajada de electores “soberanistas” al PPD, ahora que parece que los populares pueden ganar las elecciones. Igualmente, esperan beneficiarse del colapso del PIP y capturar a los independentistas desafiliados, muchos de los cuales votaron popular en 2008, sin ningún efecto sobre el resultado electoral.

La apuesta del nuevo partido estriba en que al moverse nuevamente el PPD hacia su nicho centrista, los independentistas populares le prestarán sus votos al MUS. Igualmente piensan que los pipiolos que se niegan a hacer alianzas con el PPD no tendrán problemas probando un nuevo vehículo hacia la independencia nacional.

¿Cuál ha sido la repercusión hasta el momento del anuncio sobre la creación del MUS? Nada le ha servido mejor al PPD para mantener en cintura y calladita la boca a sus legisladores y alcaldes soberanistas. De momento todos están concentrados en la fiscalización del gobierno de Fortuño y del status hablarán después de ganar en 2012. Nadie en el PPD se da por enterado de que habrá un nuevo partido.

El PIP, reconociendo en el MUS una amenaza para su endémica franquicia electoral, ha abierto fuego contra el nuevo partido, al que acusa de cargamaletas del PPD para acabar con el partido de la independencia.

Si la nueva colectividad ha de tener éxito, el verdadero reto no es llevarle electores desencantados al PPD ni al PIP. Su prueba de fuego, la que le producirá el ansiado respaldo, será presentar un caso convincente para una soberanía no deseada por el 90% de los puertorriqueños, a quienes no se les puede despachar como ignorantes y confundidos.

Transformar las percepciones políticas es más que beneficiarse del desencanto que produce la crisis. Este no es tiempo para cantos de sirena. El éxito de la soberanía dependerá de tres factores muy vapuleados en la economía internacional: productividad, competitividad y solvencia. Veremos si llegado el momento, el País podrá conocer los planes concretos para lograr esto dentro del contexto económico y político de Puerto Rico.

Crisis de confianza

Recientemente hemos visto cómo se van desmoronando las instituciones de gobierno que los puertorriqueños construimos en medio siglo de vida constitucional. Casi diariamente leemos y escuchamos sobre el fracaso del sistema escolar, el caos en la renovación de las licencias de vehículos de motor, la insatisfacción ciudadana con los servicios de Hacienda, la incapacidad de Acueductos y Energía Eléctrica para reparar averías y así un sinnúmero de otras deficiencias.

Lo mismo podría aplicarse a algunos servicios en el sector privado, pero en estos casos casi siempre existen las alternativas que provee la competencia comercial. La Telefónica es un buen ejemplo. En el caso del gobierno la situación es desesperante porque provee servicios que muchas veces no serían rentables en el sector privado.

La ineficiencia en la prestación de los servicios gubernamentales tiene el efecto de profundizar la desconfianza ciudadana en las instituciones públicas. Esto a su vez contribuye al grave problema de ingobernabilidad que sufrimos. Gobernabilidad se refiere a la dinámica en la que los sectores de poder en un sistema político logran que la sociedad y sus grupos actúen conforme con las normas y procedimientos establecidos. Es decir, la gobernabilidad permite que el acuerdo social entre gobernantes y gobernados produzca orden y progreso.

Un acercamiento simplista al asunto nos induce a volcar nuestras frustraciones sobre el gobierno de turno. Después de todo, la experiencia de los pasados 18 meses de “cambio” ha exacerbado la percepción generalizada de que nada funciona mientras el gobierno -ejecutivo y legislativo- se consume en batallas miopes enfocadas no más lejos de las elecciones próximas.

La realidad es que un gobierno nunca puede satisfacer plenamente todas las necesidades y deseos de una sociedad. Ambos renglones son insaciables. Sin embargo, el logro de la democracia liberal radica en establecer los instrumentos institucionales que permitan satisfacer cuantas necesidades sea posible y, más importante aún, canalizar con cierto grado de conformismo, las frustraciones que sentimos cuando no logramos nuestras aspiraciones.

Cuando lo anterior no sucede, cada cual se siente libre de procurar su bienestar individual aunque tenga que recurrirse a la ilegalidad. Esta es la característica inconfundible de la ingobernabilidad. Es la versión colectiva del “sálvese el que pueda”.

En el pasado, Puerto Rico tuvo éxito en establecer un sistema económico y político basado en la supremacía de las instituciones. La gran contribución de la generación del 40 fue darle vida al sistema de reglas e instituciones a través del cual logramos desarrollarnos exitosamente, distribuyendo de una manera más justa el resultado del progreso. Fundamental en toda esa gesta resultó la confianza del pueblo en sus instituciones y en aquellos que las dirigían.

Setenta años después el panorama es totalmente distinto. Escuchamos con asombro al Secretario designado de Educación comparecer a una emisora de radio a pedir disculpas a los ciudadanos por el panorama tétrico de nuestro sistema educativo. El sistema educativo se consume con problemas de aprovechamiento deficiente, falta de maestros, planteles inadecuados, ausentismo de maestros y estudiantes, falta de recursos para la docencia, violencia escolar, deserción escolar alarmante y al Secretario lo único que se le ocurre decir es: “Lo siento mamá, vamos a trabajar con eso”.

Igualmente hemos leído cómo ciudadanos hartos del suplicio en que se ha convertido renovar un marbete, se expresen convencidos de que el DTOP de forma adrede no envía las notificaciones de renovación para que el ciudadano sea multado. ¿En qué cabeza cabe algo así? Pero ante la ausencia de instituciones confiables las teorías de conspiración adquieren credibilidad.

El País se nos escapa entre los dedos. A este paso la ruptura resulta inevitable. En otros lugares del mundo situaciones menos desalentadoras han provocado movimientos radicales de protesta y caos social.

Comencemos por reconocer que sufrimos un grave problema de gerencia gubernamental. El gobierno tiene que salir de la negación y aceptar el fracaso. Es menester corregir el rumbo restableciendo la supremacía de las instituciones y convocando a la honestidad. Hay que regresar a la institucionalidad. Pero, sobre todo, hay que evitar que los mercaderes políticos sigan destruyendo nuestra confianza.

PNP y PPD a mitad de camino

Abrieron las compuertas y están en carrera

Poco a poco va tomando forma el cuadro político para las elecciones de 2012. Los dos partidos, como quien no quiere la cosa, están provocando las alineaciones conducentes a la papeleta que presentarán en los próximos comicios. Lo interesante es que faltan más de dos años y medio para el noviembre electoral. La habilidad de gobernar el País se ha reducido a tal punto, que el proceso de reemplazar al gobierno de turno comienza cada vez más temprano.

En el PPD, el senador Alejandro García Padilla, a pesar de que todavía se canta indeciso, está organizando su campaña de forma que cuando abran las candidaturas el espacio ya esté ocupado. Bien sabe el senador coameño que en política, mejor que en ningún otro contexto, los vacíos no existen. Llegar primero siempre ayuda a la consolidación de un líder. Ahora, el asunto no es únicamente sobre el turno de llegada. Tiene que consolidarse un mensaje y presentarse una propuesta que lo convierta en líder indiscutible de la oposición.

Mientras el presidente del PPD, Héctor Ferrer, apuesta a que su control sobre las estructuras y del proceso de reorganización, junto al fortalecimiento de su presidencia tras el triunfo de su candidato en Caguas, sean suficientes para asegurarle una de las candidaturas principales. Otros dentro del partido -alcaldes incluidos- esperan que aparezca un candidato más sólido, preferiblemente parecido a Aníbal Acevedo Vilá.

El posible triunfo, aunque se trate de un espejismo, es tan seductor para los líderes populares que ya se están repartiendo las presidencias de Cámara y Senado a la vez que ofrecen comisiones y puestos en el liderato legislativo. Todo esto sin haber ganado un solo escaño y sin tener claro quiénes encabezarán la papeleta.

Tras la convocatoria de Ferrer el 25 de julio para una "asamblea constituyente interna" -un disparate conceptual que intenta desencadenar la definición ideológica que debió haber ocurrido hace meses- algunas voces del partido de Muñoz advierten que el proceso no les conviene pues engendra el debilitamiento de todos los sectores. Los estadolibristas temen que el proceso sea controlado por los soberanistas, y estos últimos creen que se trata del puntapié final. A lo último la sangre no llegará al río y la ansiada definición no llegará.

En tanto, en el PNP el Gobernador trata por todos los medios de contener un clamor cada vez más intenso para que libere al partido de su candidatura a reelección. Fortuño sabe que tendrá que desistir de postularse, pero si lo hace ahora queda despojado de la poca autoridad política que inspira.

Sus potenciales sustitutos, Pedro Pierluisi y Thomas Rivera Schatz, se apresuran a proclamar la candidatura de Fortuño para quedar en récord y no ser acusados de traición. En el fondo ellos saben que la sustitución llegará tarde o temprano. Porque seguir esperando que la economía despunte, que el gobierno arranque, que el Congreso legisle un plebiscito en el que gane la estadidad, es la estrategia de Alicia en el País de las Maravillas.

Si de corregir el rumbo se trata, el PNP siempre tiene la estadidad como aglutinante. El Proyecto de Estadidad Federada para Puerto Rico, mejor conocido como HR 2499 fracasó en el Congreso. Ante esto, no le queda otra al partido anexionista que montar un plebiscito local e incluir al ELA junto con la libre asociación como opciones, para debilitar las tropas populares y conseguir un mandato para la estadidad que les sirva como combustible de candidaturas.

Tan fuerte es el olor a derrota que alcaldes y legisladores -unos públicamente y otros por lo bajo- comienzan a impacientarse por los efectos demoledores que tendrá para ellos que la cúpula del PNP no lea correctamente el ánimo de los electores.

En tanto, los puertorriqueños echamos un vistazo al debate de candidaturas que dentro de pocos meses nos tendrá sumidos en el fervor de las campañas electorales. Como dice el legendario narrador hípico: "Abrieron las compuertas y están en carrera".

De regreso a la escuela

Pasado mañana comienza el curso escolar en el sistema público. Tal y como en otros años, muchas escuelas adolecen de serios problemas físicos e institucionales que afectarán negativamente el desempeño de estudiantes y maestros. Pareciera que la ingobernabilidad que sufre el País se manifiesta pronunciadamente en nuestro sistema educativo.

La educación es la estrategia más importante para el desarrollo de una sociedad. Por ello, el punto focal de cualquier estrategia educativa tiene que ser el aprovechamiento académico en materias clave para un desempeño exitoso en la vida. Los resultados de las Pruebas Puertorriqueñas de Aprovechamiento Académico en 2009 revelan que sólo el 39% de los estudiantes aprobaron la materia de español, mientras que el 40% aprobó la materia de inglés y sólo el 22% de los estudiantes aprobó la materia de matemáticas. De ahí que las universidades tengan que invertir recursos en cursos remediales, pues muchos de los estudiantes de nuevo ingreso no cuentan con las destrezas básicas para iniciar estudios universitarios.

Por espacio de dos décadas, pasando por una docena de secretarios y cinco administraciones gubernamentales, los problemas se repiten cada semestre sin que nadie tenga la capacidad de resolverlos. Pobre aprovechamiento estudiantil, falta de maestros nombrados, violencia y droga, ausentismo marcado de maestros y estudiantes, ausencia de una filosofía educativa y condiciones físicas detrimentales en los planteles son la orden del día. De manera que achacarle a este gobierno el deterioro acelerado de nuestra educación no es exactamente honesto.

Que el año escolar comience sin un secretario es señal de la incompetencia crasa de una administración que se apresta a nombrar un tercer titular de Educación en menos de dos años. Pero seamos realistas, poca diferencia haría tener un secretario en propiedad en un sistema que se ha convertido en una madeja burocrática controlada por intereses especiales y grupos sindicales que exhiben mucha mayor continuidad de iniciativas que las administraciones de turno.

El programa del PNP para las elecciones de 2008 prometía en su página 116 que: “Se acabaron las excusas. Es hora de un cambio que Puerto Rico necesita. Es hora de actuar.” Sin embargo, asombra la ausencia de ideas concretas en el documento para resolver los problemas que día a día enfrentan estudiantes y maestros. Dicho de otra forma, no saben cómo actuar.

En el fondo, todomundo sabe cuáles son las fuerzas que impiden meterle mano a los problemas de la educación en Puerto Rico. Y aunque parezca repetitivo y clichoso decirlo, la politización del departamento que por mandato constitucional tiene la responsabilidad de asegurar el adelanto individual de nuestras generaciones, se ha convertido en un lastre que le impide moverse.

Cuatrienio tras cuatrienio, alcaldes, legisladores y políticos disfrazados de funcionarios se apoderan de las estructuras administrativas del Departamento de Educación para desde ellas premiar a allegados y acólitos cuyo único fin es posicionarse políticamente dentro del partido en el poder. Mientras, en las entrañas del Departamento, en las escuelas, allí donde escasean los materiales y donde las condiciones de trabajo son cada vez más inhóspitas, una cultura adversativa se apodera del ambiente, convirtiéndolas en escenarios de lucha sindical.

En tanto sea más cómodo criticar al partido contrario y nadie quiera meterle el pecho a la aberrante politización que sufre el sistema, cada año escolar será más desastroso y las posibilidades de progreso individual que deben garantizarse a través de la educación se nos seguirán esfumando.

Sin menoscabar los poderes constitucionales del Gobernador y la Legislatura es hora de crear estructuras administrativas y gerenciales dentro del Departamento de Educación no sujetas a los vaivenes de la política partidista. Una manera de comenzar sería creando una Junta de Educación con representación de diversos sectores para darle forma a una política educativa que trascienda el resultado de las elecciones.

No podemos darnos el lujo de seguir fracasando en la educación. De poco servirá resolver el status político, conseguir más fondos federales y aumentar el uso de tecnologías si no somos capaces de revertir esta tendencia. Al final no nos quedará un país para reformar.

El 25 julio desde dos perspectivas

Cuando la paciencia no es suficiente

Los últimos días de la pasada sesión legislativa pasarán a la historia por su impacto traumático en nuestra psiquis colectiva. El espectáculo de toda una mayoría parlamentaria despachando con asombrosa insensibilidad los asuntos más delicados de nuestra realidad, difícilmente será borrado por la memoria corta de la que adolecemos como pueblo.

Los primeros incidentes surgieron como secuela de la acusación ante un gran jurado federal del senador Héctor Martínez, por delitos de corrupción y obstrucción a la justicia. Ante las acusaciones contra su amigo cercano, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz se sumió en una espiral de desaciertos que arrancaron con sus acostumbrados cuestionamientos a la dignidad e integridad de aquellos que no son de su agrado.

Esta vez el objeto de sus virulentos ataques fueron los directivos del FBI en Puerto Rico y la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia federal, tan aplaudidos anteriormente por el propio Rivera Schatz. La indignación del jefe legislativo llegaba al punto de una comparecencia masiva de senadores del PNP en el autobús de la solidaridad con Martínez para acompañarle en su hora de bochorno político.

Unos días más tarde, el Presidente del Senado la emprendía contra los medios informativos y ordenaba el cierre del palco de prensa en la galería superior del hemiciclo. Según dijo el Presidente, tenía que reunirse con los directivos de los medios para discutir el indecoro con que los periodistas se conducen en el Senado. Tal iniciativa se sumaba al cierre de las galerías de público en general, decretado desde el paro general de octubre de 2009. Las acciones de Rivera Schatz no sólo fueron violatorias del ordenamiento constitucional y jurídico del País, sino que revelan una actitud de desprecio hacia todos aquellos que no piensen como el Señor Presidente. La actitud de Rivera Schatz raya en lo irracional y es inexplicable. ¿A qué le tiene tanto miedo? ¿Al juicio del pueblo?

Mientras, desde La Fortaleza el Secretario de la Gobernación decía que los acuerdos para finalizar la huelga de la UPR valen el papel en que se escribieron y el gobernador Fortuño firmaba a toda prisa un proyecto añadiéndole cuatro activistas novoprogresistas a la Junta de Síndicos de la UPR, propinando así una estocada a la autonomía universitaria. A última hora también se aprobaba una intromisión indebida en los procesos universitarios legislando sobre cómo deben llevarse a cabo las votaciones en las asambleas estudiantiles.

Regresemos a la Legislatura. A poco de burlarse de nuestra Constitución, impidiendo el escrutinio público de las últimas horas de sesión, comenzó el proceso tortuoso de aprobar un presupuesto descuadrado para el año fiscal 2010-2011. Se trata de un presupuesto cuadrado a marronazos mediante enmiendas de último cuño, estableciendo fuentes inciertas de ingresos mediante una contribución adicional a los casinos y un nuevo impuesto sobre el valor de la propiedad inmueble.

Todo esto ha generado una reacción natural de indignación y protesta en sectores importantes de nuestra sociedad. Los primeros en reaccionar han sido los jóvenes universitarios, no tan dispuestos a tolerar las faltas de respeto a las que nos someten nuestros gobernantes. Hicieron bien nuestras juventudes acudiendo al Capitolio para darnos a respetar ese último día de sesión. Ante eso, la reacción de las autoridades de “ley y orden” fue el desencadenamiento de un motín policíaco, con la excusa inaceptable de que los manifestantes tomarían el Capitolio. Todos quedamos atónitos ante el denigrante operativo de brutalidad.

La democracia tiene como punto cardinal el respeto por las instituciones que garantizan la adecuada intermediación de intereses característica de las sociedades libres. Es deber de los ciudadanos respetar sus instituciones y hacer valer los principios que las informan. Sin embargo, cuando los responsables del buen funcionamiento de las instituciones se olvidan que la base de todo respeto es su carácter mutuo, corresponde a los ciudadanos darlas a respetar.

Este gobierno le ha cogido miedo a su pueblo porque sabe que se ha burlado repetidamente de nosotros; y llega el momento en que los pueblos se cansan de las burlas.

Se acabó la huelga, ¿y ahora qué?

Al momento de entregar esta columna se hacen arreglos en los diferentes recintos y colegios de la Universidad de Puerto Rico para que el estudiantado ratifique los acuerdos alcanzados en el tribunal entre el Comité Negociador Nacional y la Junta de Síndicos. Con ello se pone fin a más de 60 días de huelga en nuestra única institución pública de educación superior.

Atrás quedan los conatos de violencia y agresión contra estudiantes, la incapacidad crasa de la dirección universitaria para darle cauce constructivo al conflicto, los reclamos injustificados de cogobierno estudiantil, los anuncios de prensa demonizando a los huelguistas y los mensajes en YouTube demonizando a los administradores. Pronto también quedará olvidado el costo que ha tenido la huelga, estimado en $300 millones.

Dos meses de parálisis han producido tres acuerdos principales: 1) la derogación de la certificación de la Junta que pretendía eliminar las exenciones al pago de matrícula, para cargárselo a la Beca Pell; 2) la administración no impondrá sanciones sumarias contra los huelguistas; 3) no se impondrá en agosto la propuesta cuota especial de matrícula dirigida a atender parte del problema fiscal de la UPR.

Sin embargo, ni la huelga, tampoco los acuerdos han producido soluciones para el problema que enfrentará la Universidad a partir del 1 de julio próximo. Esto es una merma de ingresos operacionales de entre $150 y $200 millones. A esto se añade la deuda multimillonaria de la institución que entre otras cosas mantendrá muchos de los proyectos de construcción y mejoras sin poderse completar. Si la Universidad no fuera un ente público estaríamos hablando de una quiebra.

En la opinión pública se argumenta con frecuencia que los problemas de la UPR se deben a su mala administración y a la incapacidad de esta para cortar la grasa de contratos y sueldos exagerados. Esto es sólo parte de la verdad. Si bien hay salarios y contratos que no se justifican ante el presente cuadro fiscal, debemos examinar cuidadosamente las causas de la crisis para entender su magnitud.

La insuficiencia de fondos tiene su raíz en dos hechos innegables. Primero, los ingresos del Fondo General del ELA -de los cuáles la UPR recibe el 9.6%- siguen mermando. Segundo, la aprobación de la Ley 7 redujo la base de la cual se calcula ese 9.6%. Es decir, el pote del que se extrae el 9.6% es cada vez más pequeño. Ante esto, ¿qué opciones tiene la UPR? No existen soluciones mágicas ni acomodaticias como las esgrimidas por ambos sectores durante el conflicto. El problema fiscal de Puerto Rico es real y no puede ignorarse, mientras la nefasta Ley 7 no parece estar en revisión por sus autores. Revisarla será función de los electores en 2012.

Mientras eso ocurre, una solución es enfrentar la crisis en su realidad. Una insuficiencia que excederá los $150 millones no puede subsanarse sin afectar los aumentos salariales de todos, reducir las descargas académicas a profesores, suspender las sabáticas, limitar los nombramientos y reducir las plazas de confianza y sus pingües salarios. Tampoco podrá resolverse manteniendo intacto el costo de la matrícula. La solución del problema que originó la huelga requerirá del sacrificio -antipático e indeseado- de todos los sectores que componen la Universidad.

De igual manera, el Gobierno tiene la obligación de proteger el proyecto social y cultural que es la Universidad de Puerto Rico. Habrá que enmendar la Ley 7, hasta donde la realidad fiscal general lo permita, para no seguir quitándole a la UPR a cuentagotas y deliberadamente la necesaria protección del 9.6%.

Por ahora los portones serán abiertos y todos reclamarán que ganaron la huelga. En el fondo, la realidad es otra y negarla sólo aplazará la existencia de conflictos en el futuro cercano. Si nos empeñamos en seguir discutiendo lo más simpático, la Universidad de Puerto Rico seguirá por el despeñadero y le será imposible cumplir su misión como fuente de conocimiento y progreso social.

Las APP son privatización sin mandato

El programa de gobierno presentado por el Partido Nuevo Progresista para las elecciones de 2009, establecía en su página 78: “Viabilizaremos el desarrollo de proyectos de infraestructura mediante alianzas estratégicas y con el apoyo e integración de los sectores públicos y privados”. Así nació la panacea de las alianzas público-privadas como una de las estrategias principales del actual gobierno para rescatar nuestra economía.

En la misma página del programa PNP se prometía: “Ningún servidor público perderá su empleo. Consideraremos alianzas público-privadas sólo si demuestran capacidad de lograr eficiencias o mejorar procesos y servicios”. Como hemos podido comprobar la primera parte de la promesa era falsa. Ahora estamos a punto de descubrir que la segunda parte también lo era.

Año y medio después de haber llegado al poder el gobernador Luis Fortuño anunció la semana pasada la concreción de los primeros cinco contratos que serán licitados el mes próximo. Los proyectos aprobados incluyen: la modernización de 95 escuelas y la construcción de otras cinco, mejoras permanentes y el servicio a pasajeros en el aeropuerto Luis Muñoz Marín, mejora de contadores y servicios comerciales en la AAA, la construcción de una planta de gas natural en la Central Costa Sur de la AEE y la expansión hasta Aguadilla del expreso PR-22.

El modelo de alianzas público-privadas se utiliza con éxito en casi todos los países del mundo -ricos y pobres- para el financiamiento de obras de infraestructura, concediéndole a la empresa desarrolladora los beneficios de operar y cobrar por el uso de lo construido. Dicho mecanismo aunque pueda implicar una variante del concepto de bien común, ha permitido dotar de importantes obras de infraestructura a países que de otra manera no hubiesen podido desarrollarlas. Por ello nadie podría oponerse a la propuesta programática del PNP. Igualmente, podría confundirse como dato positivo el que finalmente el gobierno haya comenzado a impulsar proyectos específicos de obra pública bajo este esquema.

Entonces, ¿en que estriba la segunda falsedad? Pues que con la excepción de la construcción de autopistas y la planta de gas natural, los proyectos presentados develan un plan de privatización de varias operaciones del gobierno de Puerto Rico.

Que la administración Fortuño crea en la privatización como modelo para proveer servicios y procesos gubernamentales no debe sorprendernos. La filosofía neoliberal que los informa postula que el gobierno es meramente un instrumento para la reproducción de la riqueza y por tanto no tiene nada que hacer en el negocio de proveer servicios. De ahí que a juicio de este gobierno, todo lo que pueda transferirse a manos privadas no debe ser público.

Tampoco sorprende, pero preocupa que se justifique, so pretexto de una ansiada reactivación económica, una privatización que no cuenta con aval público, pues nunca se le presentó para consideración a los electores. El asunto fue ampliamente discutido en la campaña electoral y la respuesta del PNP fue siempre negando las intenciones privatizadoras. Es decir, ocultando sus verdaderos motivos obtuvieron la confianza del pueblo.

Hoy la realidad es distinta. Se privatizará el mantenimiento de las escuelas, la operación del aeropuerto y la operación de la AAA. En esta última solamente, el esquema anunciado significará el despido de por lo menos 1,360 empleados. Mientras, los 26 proyectos de APP, la inversión de $7,000 millones y la creación de 130,000 empleos anunciada por el Gobernador en su Mensaje de Estado de Situación en abril de 2009 van desvaneciéndose. Así se pierde en el horizonte la esperanza de que la inversión privada en obra pública reactivará la economía.

¿Podrá alguien creer que con cinco proyectos, $3,000 millones y 47,000 empleos temporeros pueda reactivarse una economía que el pasado mes solamente perdió 15,000 empleos? Las APP son privatización para la cual no se tiene mandato y terminarán costándonos miles de empleos públicos. Alguna vez tendremos los puertorriqueños que detener a golpe de votos la descarada burla a la voluntad del pueblo de los que prometen una cosa y hacen otra.

Muerte de Willie Miranda Marín

Videolotería UPR y Educación

Huelga UPR y Paro General

La videolotería es un mal negocio

10 mayo 2010

En las últimas semanas ha tomado auge la propuesta del gobernador Luis Fortuño para añadirle $220 millones a los recaudos del Gobierno, a través de la legalización de las miles de tragamonedas que operan clandestinamente en el País. Calcula el Secretario de Hacienda que en la Isla operan entre 60,000 y 80,000 de estas máquinas, de las cuales sólo 8,000 pagan derechos al fisco. La llamada videolotería es parte del plan del Gobierno para cuadrar el presupuesto para el próximo año fiscal, que sufre una insuficiencia cercana a los $2,000 millones.

La práctica de buscar en los juegos de azar recursos para balancear la necesidad de gastos del estado, no es nueva. En la medida en que se ha ido deteriorando nuestra base económica, al Estado se le hace más difícil encontrar los recursos necesarios para operar. Mientras, la asfixiada clase media clama por un alivio contributivo que tiene que ser financiado allegando recursos adicionales al fisco. El problema está en las consecuencias de aumentar los recaudos a base de juegos de azar.

En primer lugar, la proliferación exagerada de estos juegos se convierte en un gravamen a la población menos afortunada económicamente, pues estos son más propensos a buscar en el azar el golpe de suerte que les alivie su ya estrangulada economía. Dicho de otra forma, son los más pobres los que recurren a las tragamonedas, legales o ilegales, donde terminan perdiendo más de lo que ganan.

Un informe de la National Gambling Impact Study Commission ha recomendado a los estados y jurisdicciones de los Estados Unidos, detener operaciones de lo que llaman “convenience gambling” (apuestas de colmado), ante los efectos nocivos y adictivos del juego en la vida de los jugadores y su familia. Pretender recaudar fondos adicionales a través de esta legalización es equivalente a legalizar los puntos de droga para cobrar IVU a los traficantes y distribuidores de narcóticos.

En segundo lugar, el aumento en los recaudos del ELA que predice la propuesta del Gobernador se va desvaneciendo cuando analizamos los costos que representan para el Gobierno atender los males sociales relacionados con el juego. Estos se pueden desglosar de la siguiente forma: una reducción de 10% en los ingresos de la lotería estatal, un gasto de 10% de lo recaudado en la regulación al juego, un aumento de 8% a 13% en la actividad criminal y la enfermiza sustitución por los individuos de gastos en bienes y servicios ordinarios para utilizar el dinero en apuestas.

Tercero, la legalización de estas máquinas y la autorización para que puedan pagar premios en metálico asestará un rudo golpe a la industria hotelera de Puerto Rico, en momentos en que el Gobierno trata de posicionar el turismo como uno de los puntales de su nueva estrategia económica. Por más de 60 años la política pública en Puerto Rico ha limitado la operación de máquinas tragamonedas a los casinos debidamente autorizados y regulados. Esto no sólo ha permitido proteger la actividad turística sino también controlar el juego entre la población.

Las 21 salas de juego en los casinos de Puerto Rico representan más de 7,000 empleos directos e indirectos y los hoteles donde estas operan representan el 51% del total de habitaciones en la Isla. El empleo directo en estos casinos representa el 20% del empleo en el sector hotelero. Más aún, los casinos representan entre el 30% y el 50% del ingreso de los hoteles en que operan. Legalizar la proliferación de estas máquinas representará, sin duda, una reducción sustancial del negocio de los hoteles.

El establecimiento de la videolotería es mala política social, fiscal y económica, que no ofrecerá alivio a la grave situación de las finanzas del País. La pregunta entonces es, ¿quién se beneficia con este negocio? Nombres como Emprecom, Caribbean Cage y Scientific Games han aflorado en la discusión pública. La asignación para el lector más suspicaz es estar atentos a los nombres que van surgiendo tras estas firmas.

Fortuño presenta Presupuesto

Un momento luminoso

Muy pocas veces el proceso político produce momentos luminosos. La firma por Barack Obama de la Ley de Reforma de Salud, constituye uno de esos pocos momentos en la política norteamericana de los últimos 50 años. De paso, el Presidente estadounidense aprovechó para aplicarle una buena dosis de oxígeno a una administración que comenzaba a desfallecer. Todo en la antesala de las elecciones congresionales de noviembre próximo. Ya cuando nadie lo esperaba, Obama demostró que el liderazgo sigue siendo un factor determinante para el cambio social.

El fervor antigubernamental logrado por los republicanos a finales del siglo XX -el gobierno es malo en tanto no se dedique a favorecer lo privado- sufrió un importante revés al aprobarse la reforma que por más de 70 años habían fallado en conseguir las administraciones demócratas. Comenzando con el Seguro Social de Franklin Roosevelt en plena Gran Depresión, antes de Obama sólo el genio legislativo de Lyndon Johnson pudo conseguir el Medicare en 1965. Desde entonces no había podido pasar legislación protectora de la salud en la más rica de las sociedades contemporáneas.

La gran lección para los que observamos el doloroso proceso de convertir en ley esta reforma, por encima de la bochornosa obstrucción del complejo médico-industrial estadounidense, es que el involucramiento personal de los que ostentan el liderazgo es fundamental a la hora de producir resultados. El no haberlo hecho a tiempo dejó fuera la opción para un plan de salud gubernamental; así como la tan necesaria reducción en los costos de los medicamentos y los cuidados hospitalarios.

Aún así los logros han sido importantes. A partir de ahora, 32 millones de norteamericanos tendrán cubierta de salud, el fisco norteamericano ahorrará $138 billones en diez años y más importante aún, las aseguradoras ya no podrán negar servicios a quienes están enfermos. En resumen, no fue posible una revolución en el modelo de salud norteamericano, pero se logró una transformación que cambiará para siempre la manera en que Estados Unidos garantiza este derecho a sus ciudadanos.

En noviembre próximo, cuando los norteamericanos acudan a las urnas para elegir un nuevo Congreso, las posibilidades de que los demócratas sigan en control parecen haber mejorado. En ello han colaborado inestimablemente los republicanos que, faltos de agenda política y social, han recurrido al patético papel de oponerse a todo. Sin embargo, Obama todavía tiene que producir resultados en la creación de empleos, la recuperación fiscal, la agenda educativa y la reforma migratoria; por no hablar de la solución de los conflictos en Irak y Afganistán, si quiere trascender el 2010.

Si las cosas ocurren normalmente, muchos de estos objetivos que sirvieron de punta de lanza a su campaña de cambio, se quedarán en el tintero. De manera, que el éxito de la administración Obama y de su partido, dependerá de la capacidad para enfocarse en prioridades. Cuando menos, los estadounidenses esperan que les cumpla su palabra en cuanto a recuperación económica y que ajuste las cuentas con una industria bancaria y financiera que ha quebrado al país.

Mientras, en Puerto Rico el drama por la inclusión de la Isla dentro de la reforma ha dejado varias lecciones importantes. Siempre que nuestros políticos ponen el bienestar del País por encima de consideraciones partidistas se logra atender con justeza nuestras necesidades. Beneficiosamente, Puerto Rico recibirá sobre $8,000 millones para salud sin tener que pagar contribuciones federales. Lo obtenido nos lo hemos ganado con creces. Así pues, cuando se quiere, es posible trascender el debate de status para adelantar nuestras causas comunes.

Obama ha demostrado que todavía en política es posible lograr transformaciones a través del liderazgo. El suyo en este momento ha logrado lo que se perfila como uno de los grandes avances en el desarrollo social estadounidense. En Puerto Rico, el ejemplo de la reforma de salud norteamericana nos debe poner a trabajar en la agenda necesaria para que nuestra política comience a producir nuestros propios momentos luminosos.

De Cápsula al Supremo PNP

El analista de RADIO ISLA 1320, Profesor Ángel Rosa, analiza varios asuntos del acontecer político de Puerto Rico, desde el retiro de Willie Miranda Marín de la presidencia de la Asociación de Alcaldes, los enrredos de Toñito Silva con Junior Cápsula, las nuevas reglas del Supremo con mayoría PNP.

La guerra tiene que ser económica

Puerto Rico ha experimentado en años recientes un alza espeluznante en los asesinatos. A dos meses de comenzado el 2010, ya hemos superado por más de 30 el número de asesinatos a la misma fecha del año pasado. Ante esa realidad, la respuesta gubernamental es enfatizar en la llamada “guerra contra el narcotráfico”. Leyendo los informes de prensa resulta obvio que esta es una guerra desigual y que la peor parte la llevamos los ciudadanos.

La alta oficialidad de la Policía atribuye este fenómeno a la efectividad de ese cuerpo y de las autoridades federales en la incautación de drogas. Según el superintendente José Figueroa Sancha, la guerra entre puntos de droga generada por la acción policíaca es responsable del aumento en asesinatos.

Si seguimos esta lógica, no tenemos otra alternativa que esperar que el problema se agrave y que sigan muriendo jóvenes puertorriqueños atrapados en rencillas entre puntos. Después de todo, alguien podría sugerir que los que mueren son criminales y no pueden esperar otro desenlace para el estilo de vida que escogieron. El problema es que también están muriendo inocentes que nada tienen que ver con un narcotráfico sin control que mata a diestra y siniestra.

La Policía tiene razón cuando señala que la causa mayor de los asesinatos estriba en el lucrativo negocio del narcotráfico. Más aún, resulta evidente que la Policía hace lo que está a su alcance para impedir que la industria del narcotráfico continúe operando libremente. Pero lo que resulta una empresa con un alto volumen de ganancia que opera mediante un mercado ilegal, no puede seguir enfocándose como un problema policiaco.

El negocio del narcotráfico es igual a cualquier actividad de mercado. Si existe la demanda va a existir una oferta. En este caso, la dependencia de narcóticos es una condición de salud que va por encima del precio y disponibilidad de la mercancía. Dicho de otra forma, el que necesita consumir droga no se detiene a ponderar si su presupuesto personal puede ajustarse al precio.

Un estudio reciente de la Alianza para Reducir la Insuficiencia en el Tratamiento de Adicción a Drogas ha revelado que en Puerto Rico hay 60,000 adictos a la heroína, que consumen cerca de $3 millones diarios, lo que requiere $7.4 millones diarios en propiedad robada o destruida. Eso sin contar otras adicciones a sustancias controladas, como la cocaína. Un mercado como ese difícilmente responderá a incautaciones y escasez del producto.

Si en efecto queremos tener oportunidad para ganarle la guerra al narcotráfico habría que reducir dramáticamente la demanda por droga. Hay que atender las condiciones de los miles de adictos que todos los días se tiran a la calle en busca de droga. Al mismo tiempo, hay que intervenir con urgencia el contexto social que empuja a muchas de estas personas hacia la droga.

Para ello es necesario atender a la población que abandona la escuela antes de los 16 años porque no la ven como un instrumento para salir de la marginalidad social. Al abandonar la escuela no adquieren las destrezas necesarias para integrarse con éxito a la corriente productiva y muchos terminan trabajando en el punto. Allí pueden ganar fácilmente el dinero para vencer las insatisfacciones de la pobreza. Al final ésa es la población que termina peleándose por el control de las ventas del punto, muriendo en su mayoría antes de cumplir los 30 años.

Necesitamos poner en marcha una política pública que permita a la sociedad atacar el monstruo de las drogas desde una perspectiva integrada. Atendiendo con medicación al adicto y creando las condiciones para ofrecerle a los futuros empleados del punto los mecanismos para salir de la pobreza a base de educación y trabajo. Al fin y al cabo, reducirle los clientes y la mano de obra a un negocio es la manera más efectiva de sacarlo del mercado.

Muñoz no era la fuerza

Luis Muñoz Marín es sin lugar a dudas una de las más preclaras y creativas mentes políticas de nuestra historia. Su capacidad de articular con sencillez las aspiraciones de la generación a la que le tocó dirigir es hoy por hoy muestra innegable de la importancia del liderazgo clarificante que tanto echamos de menos en el Puerto Rico del siglo XXI. Muñoz, a diferencia de muchos de los que le han sucedido en el uso del poder, sentía un profundo respeto por la sabiduría de la gente común.

Si nada más pudiera aplaudirse de su gesta al frente del pueblo puertorriqueño, habría que admirar su convencimiento de que la voluntad del pueblo va por encima de cualquier concepción mesiánica de las trilladas ideologías. Esa es la clave para entender el estrecho vínculo de confianza que se desarrolló entre el Líder y su pueblo.

Luis Muñoz Marín fue líder indiscutible de una generación de puertorriqueños para los que la dignidad inviolable de cada ser humano legitimaba y justificaba sin más, la acción política. En el Puerto Rico de los años 30, los partidos políticos estaban más preocupados por las entelequias del poder insular y sus intrigas en Washington, que por la desesperanza con la que los puertorriqueños de entonces enfrentaban sus males. Dicho de otra forma: aquellos puertorriqueños no encontraban en los partidos de entonces el remedio para las crueles realidades impuestas por el latifundio, el monocultivo y el absentismo.

Hoy que se conmemoran 112 años de su natalicio, valdría la pena reflexionar sin caer en idolatrías, pero también sin escamotear mezquinamente su valía, aquella incursión del heredero de Muñoz Rivera en la vida política de su patria.

En 1940 Puerto Rico llevaba cuatro décadas bajo el dominio estadounidense y no parecía que hubiese voluntad del imperio ni la colonia para cambiar aquellas realidades. Aunque los teóricos de la conspiración adscriban a motivos de deshonestidad y engaño su gestión en la vida pública, lo cierto es que Luis Muñoz Marín presidió con magistral pericia el esfuerzo más exitoso de los puertorriqueños por cambiar el rumbo de su historia.

¿Cuál fue el secreto? Es sencillo. Muñoz aprendió a caminar junto al pueblo, con sus luchas, con sus aspiraciones, con sus anhelos y con sus temores -fundados e infundados. Caminó en fin, con ese pueblo, sin caer en la arrogancia de las soluciones mágicas que tienen de definitivas las mismas insuficiencias que postulan. Entendió mejor que nadie que el liderazgo no es un ejercicio mesiánico, sino un acto de profundo respeto a las voluntades colectivas, que sólo es posible desde la humildad. Por eso el País entendió a Muñoz y confió en su discurso.

La miseria, el hambre y el analfabetismo de entonces se han transformado 60 años después en creciente desigualdad económica, crimen y desconfianza. Peor aún, cual si se repitiera la historia, la política partidista ha regresado al culto por la ostentación del poder por el poder mismo, sin agenda, anhelando que de Washington nos regalen una migaja de protagonismo para resolver el futuro.

La lección de Luis Muñoz Marín es hoy más necesaria que en su tiempo. Nos toca a los puertorriqueños pasar al centro de la escena. Resulta indigno pretender que se impongan recetas extrañas a nuestra experiencia histórica. No se puede resolver nada partiendo de la premisa de la exclusión y la intolerancia.

Conviene recordar las palabras de Muñoz en su discurso a la Asamblea del Partido Popular en agosto de 1964: “Puertorriqueño, preserva siempre tu claridad de entendimiento, tu voluntad y firmeza… confía siempre en tu propia voluntad más que en hombre alguno sobre la Tierra. Esa es tu fuerza, no soy yo tu fuerza, esa es tu fuerza, tú mismo eres tu fuerza”.

¿Estaremos listos para entender que la fuerza somos nosotros mismos?

Hay que crear empleos

En uno de los más inspiradores mensajes sobre el estado de la unión de un presidente estadounidense en época reciente, el miércoles pasado Barack Obama les pidió a los líderes norteamericanos solidaridad y patriotismo para enfrentar la presente crisis.

El primer año de Obama ha sido decepcionante porque las expectativas de cambio que su campaña a la presidencia creó, validaron el habitual espejismo diseñado por estrategas y publicistas a la hora de elegir un candidato. Barack Obama llegó a la Casa Blanca con el hálito de un héroe más que con las debilidades de un ser humano bien intencionado y capaz.

A poco más de un año dirigiendo la nación más poderosa del planeta, y con un Premio Nobel de la Paz concedido sin una sola gestión a favor de la misma, Obama enfrenta un complejo cuadro político, mientras Estados Unidos avanza hacia su decadencia económica en una espiral de desempleo que ronda el 10%. La situación es tan negativa que amenaza con arrebatarle el control del Congreso a los demócratas en las elecciones de noviembre próximo.

La insatisfacción principal de los norteamericanos estriba en que el ansiado cambio no llega con suficiente rapidez como para convencerlos de que, como decía el candidato Obama, se puede. La reforma de salud se encuentra atascada en un Congreso en el que la fuerza de los intereses especiales puede más que la voluntad popular expresada en las urnas. La guerra en Irak y Afganistán no parece estar cerca de la retirada de tropas estadounidenses. Y como si fuera poco, el paquete de estímulo económico aprobado al inicio del cuatrienio no ha generado los empleos que necesita la economía para echarse a andar.

Por suerte para el Partido Demócrata, Obama posee el carisma y la claridad intelectual necesarios para aceptar los errores y proponer las políticas que puedan producir un reencarrilamiento de su gobierno. Así, el miércoles pasado el Presidente le propuso al Congreso usar $30,000 millones de las ayudas devueltas por Wall Street para que bancos comunitarios extiendan créditos a pequeñas empresas. Propuso también un incentivo fiscal para empresas que contraten empleados o mejoren los salarios que pagan actualmente. Además, exigió con inusual firmeza que le remitan lo antes posible un plan federal para la creación de empleos. Donde Bill Clinton dijo: “It’s the economy, stupid”, Obama parece gritar: “It’s the jobs, you morons”.

En Puerto Rico, Luis Fortuño debe cumplir hoy su cita constitucional ante la Legislatura. Tendrá que hacerlo, ante el enfado creado después de uno de los peores primeros años de administración alguna en nuestra historia. Las políticas de despidos masivos de empleados públicos, privatizaciones en forma de alianzas publico-privadas, la pérdida constante de empleos en el sector privado y la insatisfacción de aquellos sectores empresariales que más cooperaron en su ascenso al poder, exigen que el Gobernador hable hoy sobre economía con la certeza que hasta ahora no ha podido transmitir.

No basta con que el Consejo de Economistas prediga una estabilización dentro de los próximos seis a nueve meses, para una economía cuyo producto nacional bruto se ha contraído entre un 4% y un 5% en el primer semestre del presente año fiscal, con las cifras del desempleo rondando el 17%. Tampoco basta con el anuncio de una reforma contributiva cuyos alivios para la clase media se concentrarán en los que ganan $20 mil o menos al año. Cuando en realidad nadie con ese nivel de ingresos forma parte de la clase media.

Aquí en Puerto Rico, como para Obama en Estados Unidos, la clave tiene que ser crear empleos. Los puertorriqueños esperan que su gobierno les trace hoy la ruta hacia nuevos empleos fundamentados en una economía capaz de competir exitosamente para atraer y generar inversión. Esperemos que hoy el plan para más y mejores empleos no dependa de que el Congreso nos conceda la estadidad.

Las dietas son un problema

El gobernador Luis Fortuño ha propuesto que como parte la reforma legislativa se elimine el pago de dietas a nuestros legisladores. De inmediato la presidenta de la Cámara, Jenniffer González, anunció que se propone hacerle frente al Gobernador pues las dietas representan menos del 1% del presupuesto de Puerto Rico. Además, según la líder cameral, ese beneficio equipara el salario de los legisladores con el de los jefes de agencia.

Estos argumentos son falaces y evidencian que no existe justificación para ese gasto. Para establecer una perspectiva correcta sobre esta discusión, cabría preguntarse cuántos servidores públicos reciben un bono exento de contribución por asistir a su trabajo. Tampoco tiene sentido comparar la función de los jefes de agencia con la de los legisladores.Un miembro del gabinete del Gobernador es responsable de la implantación en toda la isla de la política pública de su agencia. Mientras que un legislador, salvo presidentes y portavoces en ambos cuerpos, a lo sumo es responsable de referir y tramitar necesidades ciudadanas y de someter legislación sobre los problemas de su distrito o las comisiones a las que pertenezca. Para esto tiene a su disposición un extenso cuerpo de ayudantes y asesores.En el fondo el problema es que la Legislatura se ha convertido en un costoso elefante blanco donde la función legislativa se ha transformado en el modus vivendi de una clase política que dispone de recursos casi ilimitados para repartir contratos y beneficios. Así terminan financiándose aspiraciones a incumbentes y asesores por igual.Nuestro sistema legislativo existe en virtud del Artículo III de la Constitución donde se reprodujo, con importantes ampliaciones liberales, el sistema bicameral que ya había creado la Ley Jones en 1917. Entonces los legisladores no recibían salario. De ahí que se estableciera una dieta de $7 por cada día de sesión y 10 centavos por cada kilómetro que recorriera un legislador para llegar al Capitolio. Todo esto dentro de una sesión anual de 5 meses.Bajo la Constitución se creó el sistema de salarios para los legisladores. Aquéllos eran salarios de $250 mensuales. Por tanto, resultaba razonable continuar el beneficio de dietas y millaje.Durante la tercera administración de Rafael Hernández Colón se legisló una segunda sesión anual, aumentándose considerablemente los salarios de los legisladores, sin que se produjera el consecuente aumento de la productividad legislativa. Luego, en 1998 se aprobó la Ley del Legislador a Tiempo Completo y se estableció un sistema de revisión salarial automática. Con ello se perseguía terminar los conflictos de intereses en que incurrían los legisladores. Evidentemente el remedio resultó peor que la enfermedad.Hoy día un legislador promedio gana $73,775 anuales y una dieta de $162 por cada día de trabajo. Además, el absurdo sistema de revisión salarial automática permite que cada cuatro años se aumenten estos beneficios de acuerdo al costo de vida. En 2005, esto se tradujo en un aumento de 23% al salario básico de los representantes del pueblo. Añadamos a esto un estipendio de más de $1,600 mensuales para pagarles un vehículo.Estos datos no resisten mucho análisis. En tiempos en que amparándose en un déficit gubernamental de $3,200 millones, el Gobierno despide empleados masivamente, se congelan convenios colectivos, se aumentan las contribuciones de la propiedad, está claro que los legisladores deben obtener una sola compensación por sus servicios. ¿Cómo puede justificarse que el Senado –pues de la Cámara ni siquiera tenemos información-, gaste $1.5 millones anuales para compensar a los senadores por ir a trabajar y, encima, se les financie la compra de un vehículo?

Al presente se barajan varias propuestas de enmienda constitucional para reorganizar el Poder Legislativo. Con la Constitución no se juega.

Antes de ponernos a trastocar el sistema constitucional bajo el cual nos organizarnos democráticamente, debe ponerse fin a este injustificado sistema de doble compensación. El Gobernador tiene razón, las dietas deben eliminarse.

Las precariedades del desatino

EL NUEVO DÍA | 04-ENERO-2010 |
ÁNGEL ROSA
PROFESOR DE CIENCIAS POLÍTICAS

Gobernar es una actividad compleja. Requiere, además de un conocimiento detallado de las realidades de una sociedad, la voluntad de tomar decisiones en conjunto con aquellos a quienes se gobierna. Por eso gobernar exige también aprender a discriminar contra los intereses particulares que no favorecen el bienestar común. La clave está en ejercer esa discriminación dentro de parámetros que beneficien a la mayor cantidad posible de ciudadanos.

Entonces, resulta fundamental que el gobernante encuentre la manera de aquilatar su gestión sin depender únicamente de informes de burócratas, ayudantes, subalternos políticos y publicistas. Dicho de otra forma, el que gobierna tiene que mantenerse vinculado a la realidad. Así se podrán reconocer a tiempo los errores y corregir el rumbo para atender aquellos asuntos que nos preocupan como sociedad, y que son la base del contrato social que los electores renovamos cada cuatro años.

Luis Fortuño acaba de cumplir su primer año de gobierno. Lejos de aprovechar ese primer año para sentar las bases de un gobierno de inclusión y consensos, el Primer Ejecutivo ha adoptado una visión ortodoxa de gobernar practicando la vieja teoría de que aquél que gana obtiene un salvoconducto para hacer lo que le parezca durante el tiempo que dure el mandato. Así las cosas, ha impuesto una visión estrecha de la función pública dirigida a reproducir en ella la lógica de lo privado, que supuestamente es más eficiente.

Reclamando una situación fiscal desconocida por su partido, el Gobernador nos recetó en su discurso inaugural medicina amarga para enfrentar los grandes retos del país. Así se aprobó la Ley 7 que tiene como ingrediente principal la reducción de la nómina gubernamental a base de despidos. Peor aún, se dijo categóricamente que no se despediría a nadie fuera de los 17,000 de la Ley 7, cuando en realidad se han despedido miles en las corporaciones públicas, como si esos empleados no formaran parte de la nómina pública.

Esta política que ve a los empleados públicos como cifras presupuestarias, en vez de como recursos valiosos para encaminar las soluciones a nuestros problemas, ha provocado reacciones de todo tipo, algunas dentro del propio partido de gobierno, y nos tiene al borde de una movilización de diversos sectores para paralizar el país. Lo peor es que no se advierte en la actitud del gobierno intención alguna de diálogo. Parecería estar anclado en la “irrefutabilidad” de sus argumentos, aunque los platos rotos los paguemos todos.

Mientras tanto, el crimen alcanza niveles comparables a los años de la contraproducente mano dura. Los casi novecientos asesinatos en el 2009, nos recuerdan que tenemos un alarmante problema de narcotráfico que ya no se esconde para ir matando a diestra y siniestra, sin distinción. Ante esto, la respuesta gubernamental es: más policías, más redadas, más chalecos a prueba de bala y más patrullas, como si con esto adelantáramos algo en una guerra contra un negocio que dispone de los abundantes recursos de lo ilícito.

Añádase a este breve recuento la inestabilidad de un gobierno que en doce meses ha tenido dos secretarios de Educación, tres de Salud, dos de Justicia y pretende excusar su falta de tino reclutando talento para dirigir el país comparándose fútilmente con administraciones anteriores. Un gobierno que además pone sus esperanzas de recuperación económica en contratos de alianzas público-privadas, porque en el fondo no confía en lo público.

Este 2010 que apenas comienza es la hora de exigir que se nos gobierne bien. Hay que romper con la indiferencia y rescatar la solidaridad. Solidaridad que no es partidista sino verdaderamente democrática, por participativa. El 2010 es la hora de convocar las buenas voluntades de un pueblo y no conformarse con las precariedades del desatino.