El PNP acaba de aprobar una mal llamada “reforma electoral”, con la que trastocan las reglas de juego que por décadas han regido nuestras elecciones. Se trata de una serie de cambios al Código Electoral que pone en precario el consenso que protegía la transparencia y legitimidad de nuestros comicios.
Con sus defectos y virtudes, durante las últimas tres décadas nuestro sistema electoral se ha caracterizado precisamente por su confiabilidad, más allá del resultado. Esa es una característica indispensable para la subsistencia de una democracia. Para que haya democracia no es necesario que nos guste el resultado electoral. Es necesario, sin embargo, que ese resultado sea reconocido por todos como la expresión inequívoca de la voluntad del pueblo. Para ello, es importante que aquellos con poder para cambiar el ordenamiento jurídico protejan siempre el derecho del elector a expresar su voluntad en las urnas.
A manera de venganza por el resultado electoral de 2004, el PNP ha cambiado sustancialmente y sin consenso, las reglas que regirán los comicios de 2012. Lo hacen sabiendo que el ánimo del País estará en su contra en estas próximas elecciones. Por eso los senadores y representantes de la mayoría, se han prestado para hacerle un traje a la medida a la reelección de Luis Fortuño.
Han eliminado de un plumazo el voto mixto de dos cruces (pivazo), simplemente porque ese tipo de sufragio impidió a Pedro Rosselló ganar en 2004. Por primera vez en nuestra historia, la Legislatura actúa para impedirles a los electores manifestar su voluntad libremente. Uno de los expertos electorales del PNP elogiaba la medida diciendo: “Esto lo que hace es evitar que los independentistas voten por el PIP, para mantener la franquicia, pero le presenten el voto al candidato a gobernador del PPD”. ¿Con qué autoridad estos líderes del PNP se atreven dictarnos a los puertorriqueños cómo votar?
Además, en un claro intento de manipulación partidista despojan al juez presidente del Tribunal Supremo de su facultad administrativa para designar los jueces a cargo de las salas electorales. Ahora esa facultad la tendrá el pleno del Tribunal que ha sido inflado a nueve jueces, seis de los cuáles han sido nombrados por Fortuño. Serán estas salas las que precisamente atiendan las controversias que surjan entre otras cosas por estos cambios recién legislados. El ansia de control total no les permite esperar a que el mandato del pueblo les autorice nombrar un nuevo juez presidente cuándo venza el término del actual. Hay que hacerlo a la trágala, simplemente porque se tiene poder.
Igualmente, han trastocado los acuerdos existentes para autorizar el voto adelantado de los policías y guardias penales, que ahora podrán optar por esta modalidad del voto aunque sus servicios no se requieran directamente en el proceso electoral. De esta forma someten a conocidos ejercicios de coacción y presión a una fuerza policíaca hastiada por las actitudes de este gobierno en su contra.
Se crea también un puesto de Contralor Electoral cuya deseabilidad es aceptada por todos ante los desmanes en el financiamiento de campañas y candidaturas que han aflorado recientemente. Pero este Contralor que ocupará su puesto por 10 años, con poder para detener cualquier campaña política, puede terminar nombrándose por el gobernador-candidato y confirmándose con mayoría simple por los legisladores-candidatos del PNP, sin necesidad de un acuerdo en la Comisión Estatal de Elecciones.
Todo lo anterior ha sido legislado sin consenso y a contrapelo de acuerdos alcanzados con las minorías. La última vez que en Puerto Rico se aprobó una ley electoral sin consenso fue en 1980 y el resultado fue la devastadora experiencia de Valencia. Fue necesario restablecer el consenso en 1983 para devolverle la legitimidad a nuestro sistema electoral.
Trastocar las reglas básicas de una democracia es un ejercicio embriagante de poder de quienes, creyéndose dueños del País, pretenden atornillarse en el gobierno. Esta ley representa un golpe mortal a los acuerdos fundacionales que nos han permitido evolucionar políticamente. Lo que ahora le puede servir al PNP para asegurarse una victoria, mañana puede servir para atropellarles. Entonces no habrá instituciones para defenderles.
Con sus defectos y virtudes, durante las últimas tres décadas nuestro sistema electoral se ha caracterizado precisamente por su confiabilidad, más allá del resultado. Esa es una característica indispensable para la subsistencia de una democracia. Para que haya democracia no es necesario que nos guste el resultado electoral. Es necesario, sin embargo, que ese resultado sea reconocido por todos como la expresión inequívoca de la voluntad del pueblo. Para ello, es importante que aquellos con poder para cambiar el ordenamiento jurídico protejan siempre el derecho del elector a expresar su voluntad en las urnas.
A manera de venganza por el resultado electoral de 2004, el PNP ha cambiado sustancialmente y sin consenso, las reglas que regirán los comicios de 2012. Lo hacen sabiendo que el ánimo del País estará en su contra en estas próximas elecciones. Por eso los senadores y representantes de la mayoría, se han prestado para hacerle un traje a la medida a la reelección de Luis Fortuño.
Han eliminado de un plumazo el voto mixto de dos cruces (pivazo), simplemente porque ese tipo de sufragio impidió a Pedro Rosselló ganar en 2004. Por primera vez en nuestra historia, la Legislatura actúa para impedirles a los electores manifestar su voluntad libremente. Uno de los expertos electorales del PNP elogiaba la medida diciendo: “Esto lo que hace es evitar que los independentistas voten por el PIP, para mantener la franquicia, pero le presenten el voto al candidato a gobernador del PPD”. ¿Con qué autoridad estos líderes del PNP se atreven dictarnos a los puertorriqueños cómo votar?
Además, en un claro intento de manipulación partidista despojan al juez presidente del Tribunal Supremo de su facultad administrativa para designar los jueces a cargo de las salas electorales. Ahora esa facultad la tendrá el pleno del Tribunal que ha sido inflado a nueve jueces, seis de los cuáles han sido nombrados por Fortuño. Serán estas salas las que precisamente atiendan las controversias que surjan entre otras cosas por estos cambios recién legislados. El ansia de control total no les permite esperar a que el mandato del pueblo les autorice nombrar un nuevo juez presidente cuándo venza el término del actual. Hay que hacerlo a la trágala, simplemente porque se tiene poder.
Igualmente, han trastocado los acuerdos existentes para autorizar el voto adelantado de los policías y guardias penales, que ahora podrán optar por esta modalidad del voto aunque sus servicios no se requieran directamente en el proceso electoral. De esta forma someten a conocidos ejercicios de coacción y presión a una fuerza policíaca hastiada por las actitudes de este gobierno en su contra.
Se crea también un puesto de Contralor Electoral cuya deseabilidad es aceptada por todos ante los desmanes en el financiamiento de campañas y candidaturas que han aflorado recientemente. Pero este Contralor que ocupará su puesto por 10 años, con poder para detener cualquier campaña política, puede terminar nombrándose por el gobernador-candidato y confirmándose con mayoría simple por los legisladores-candidatos del PNP, sin necesidad de un acuerdo en la Comisión Estatal de Elecciones.
Todo lo anterior ha sido legislado sin consenso y a contrapelo de acuerdos alcanzados con las minorías. La última vez que en Puerto Rico se aprobó una ley electoral sin consenso fue en 1980 y el resultado fue la devastadora experiencia de Valencia. Fue necesario restablecer el consenso en 1983 para devolverle la legitimidad a nuestro sistema electoral.
Trastocar las reglas básicas de una democracia es un ejercicio embriagante de poder de quienes, creyéndose dueños del País, pretenden atornillarse en el gobierno. Esta ley representa un golpe mortal a los acuerdos fundacionales que nos han permitido evolucionar políticamente. Lo que ahora le puede servir al PNP para asegurarse una victoria, mañana puede servir para atropellarles. Entonces no habrá instituciones para defenderles.
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