El revuelo que causó el arresto de personajes distinguidos de la sociedad puertorriqueña, presuntamente implicados en los nefastos entramados del narcotráfico, dejan al descubierto una realidad mucho más cruda que la simple notoriedad de sus nombres.
Luego de un fin de semana de 30 asesinatos, casi todos vinculados al ajuste de cuentas en el mercado ilegal de drogas, las autoridades federales y locales -impedidas de instituir iniciativas más impactantes que las redadas, se llevaron a un líder comunitario de La Perla, al presidente de un sindicato obrero y hasta a Piculín Ortiz. Se supone que como consecuencia de estos operativos los puertorriqueños nos sintamos tranquilos porque las fuerzas de ley y orden no dan tregua al crimen.
La realidad, por supuesto, es que cada vez nuestras calles, y el entorno social mismo, son menos seguros. La verdad es que poco o casi nada queda resuelto después de los arrestos. La prominencia que los propios medios de comunicación dan a las acciones policiales contra el narcotráfico es señal del peligroso desenfoque en cuanto al problema.
Estos operativos quizás consiguen procesar criminales, pero no atienden las raíces de este mal. Por cada puertorriqueño arrestado hay miles que escapan la justicia, dedicados a un negocio lucrativo que envenena a otros miles y los ata a una cadena de distribución que no se amedrenta ante las redadas. Otros, quedan atrapados en las dinámicas del negocio y terminan asesinados por sus rivales, antes de cumplir los 30 años.
Tan equivocada es la estrategia de los operativos antidroga como respuesta principal al crimen, que el propio superintendente de la Policía termina reconociendo que su estrategia provocará una nueva alza criminal. Resulta ilógico pensar que se tiene la respuesta a un problema si las iniciativas encaminadas terminan agudizando la crisis. En cualquier liga eso se llama fracaso.
Una verdadera estrategia anticrimen, comenzaría reconociendo que la única forma de control a largo plazo es reducir la demanda de droga. No estamos ante un asunto policíaco. Estamos ante un asunto económico. Un estudio publicado en 2010 por la Alianza para Reducir la Insuficiencia en el Tratamiento de Adicción a Drogas reveló que en Puerto Rico hay 60,000 adictos a la heroína, los cuales consumen cerca de $3 millones diarios, lo que a su vez requiere $7.4 millones diarios en propiedad robada o destruida. Eso sin contar las otras adicciones a sustancias controladas, como la cocaína por ejemplo. Un mercado como ese difícilmente responderá a incautaciones y escasez del producto.
Para tener tan siquiera la oportunidad de combatir el narcotráfico hay que atender las condiciones de los miles de adictos que todos los días se tiran a la calle en busca de droga. Al mismo tiempo, hay que intervenir con urgencia el contexto social que empuja a muchas de estas personas hacia la droga. Es decir, mientras siga creciendo el número de personas que consumen droga, el narcotráfico seguirá siendo un negocio lucrativo. Asimismo, mientras la pobreza y la marginación social aumenten, el narcotráfico es una opción de supervivencia.
Por tanto, la estrategia tiene que estar dirigida a reducirle los clientes al negocio. Parte de esto se logra arrestándolos, pero la posibilidad de enormes ganancias hace que los arrestados sean sustituidos casi inmediatamente. La otra forma, es sacar de la dependencia a los que consumen droga. Esta es una opción de resultados más lentos. Requiere entender la lógica inexpugnable de que menos adictos van convirtiendo el narcotráfico en algo demasiado peligroso, por ser menos lucrativo.
Puede también que sea una solución menos mercadeable políticamente. Después de todo, a los políticos les gusta presumir de la fuerza del estado. Pero a Puerto Rico le sale demasiado cara esta estrategia de negación, que solo retarda la necesaria toma de decisiones para atajar un problema tan complejo. Resulta inaceptable pedirle a un pueblo que siga sacrificando la vida de sus hijos e hijas, víctimas del crimen y del vicio, sólo para que un grupo de funcionarios y políticos desenfocados siga jugando a pillos y policías. No se dan cuenta de que estamos perdiendo la guerra.
Luego de un fin de semana de 30 asesinatos, casi todos vinculados al ajuste de cuentas en el mercado ilegal de drogas, las autoridades federales y locales -impedidas de instituir iniciativas más impactantes que las redadas, se llevaron a un líder comunitario de La Perla, al presidente de un sindicato obrero y hasta a Piculín Ortiz. Se supone que como consecuencia de estos operativos los puertorriqueños nos sintamos tranquilos porque las fuerzas de ley y orden no dan tregua al crimen.
La realidad, por supuesto, es que cada vez nuestras calles, y el entorno social mismo, son menos seguros. La verdad es que poco o casi nada queda resuelto después de los arrestos. La prominencia que los propios medios de comunicación dan a las acciones policiales contra el narcotráfico es señal del peligroso desenfoque en cuanto al problema.
Estos operativos quizás consiguen procesar criminales, pero no atienden las raíces de este mal. Por cada puertorriqueño arrestado hay miles que escapan la justicia, dedicados a un negocio lucrativo que envenena a otros miles y los ata a una cadena de distribución que no se amedrenta ante las redadas. Otros, quedan atrapados en las dinámicas del negocio y terminan asesinados por sus rivales, antes de cumplir los 30 años.
Tan equivocada es la estrategia de los operativos antidroga como respuesta principal al crimen, que el propio superintendente de la Policía termina reconociendo que su estrategia provocará una nueva alza criminal. Resulta ilógico pensar que se tiene la respuesta a un problema si las iniciativas encaminadas terminan agudizando la crisis. En cualquier liga eso se llama fracaso.
Una verdadera estrategia anticrimen, comenzaría reconociendo que la única forma de control a largo plazo es reducir la demanda de droga. No estamos ante un asunto policíaco. Estamos ante un asunto económico. Un estudio publicado en 2010 por la Alianza para Reducir la Insuficiencia en el Tratamiento de Adicción a Drogas reveló que en Puerto Rico hay 60,000 adictos a la heroína, los cuales consumen cerca de $3 millones diarios, lo que a su vez requiere $7.4 millones diarios en propiedad robada o destruida. Eso sin contar las otras adicciones a sustancias controladas, como la cocaína por ejemplo. Un mercado como ese difícilmente responderá a incautaciones y escasez del producto.
Para tener tan siquiera la oportunidad de combatir el narcotráfico hay que atender las condiciones de los miles de adictos que todos los días se tiran a la calle en busca de droga. Al mismo tiempo, hay que intervenir con urgencia el contexto social que empuja a muchas de estas personas hacia la droga. Es decir, mientras siga creciendo el número de personas que consumen droga, el narcotráfico seguirá siendo un negocio lucrativo. Asimismo, mientras la pobreza y la marginación social aumenten, el narcotráfico es una opción de supervivencia.
Por tanto, la estrategia tiene que estar dirigida a reducirle los clientes al negocio. Parte de esto se logra arrestándolos, pero la posibilidad de enormes ganancias hace que los arrestados sean sustituidos casi inmediatamente. La otra forma, es sacar de la dependencia a los que consumen droga. Esta es una opción de resultados más lentos. Requiere entender la lógica inexpugnable de que menos adictos van convirtiendo el narcotráfico en algo demasiado peligroso, por ser menos lucrativo.
Puede también que sea una solución menos mercadeable políticamente. Después de todo, a los políticos les gusta presumir de la fuerza del estado. Pero a Puerto Rico le sale demasiado cara esta estrategia de negación, que solo retarda la necesaria toma de decisiones para atajar un problema tan complejo. Resulta inaceptable pedirle a un pueblo que siga sacrificando la vida de sus hijos e hijas, víctimas del crimen y del vicio, sólo para que un grupo de funcionarios y políticos desenfocados siga jugando a pillos y policías. No se dan cuenta de que estamos perdiendo la guerra.
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