El programa de gobierno presentado por el Partido Nuevo Progresista para las elecciones de 2009, establecía en su página 78: “Viabilizaremos el desarrollo de proyectos de infraestructura mediante alianzas estratégicas y con el apoyo e integración de los sectores públicos y privados”. Así nació la panacea de las alianzas público-privadas como una de las estrategias principales del actual gobierno para rescatar nuestra economía.
En la misma página del programa PNP se prometía: “Ningún servidor público perderá su empleo. Consideraremos alianzas público-privadas sólo si demuestran capacidad de lograr eficiencias o mejorar procesos y servicios”. Como hemos podido comprobar la primera parte de la promesa era falsa. Ahora estamos a punto de descubrir que la segunda parte también lo era.
Año y medio después de haber llegado al poder el gobernador Luis Fortuño anunció la semana pasada la concreción de los primeros cinco contratos que serán licitados el mes próximo. Los proyectos aprobados incluyen: la modernización de 95 escuelas y la construcción de otras cinco, mejoras permanentes y el servicio a pasajeros en el aeropuerto Luis Muñoz Marín, mejora de contadores y servicios comerciales en la AAA, la construcción de una planta de gas natural en la Central Costa Sur de la AEE y la expansión hasta Aguadilla del expreso PR-22.
El modelo de alianzas público-privadas se utiliza con éxito en casi todos los países del mundo -ricos y pobres- para el financiamiento de obras de infraestructura, concediéndole a la empresa desarrolladora los beneficios de operar y cobrar por el uso de lo construido. Dicho mecanismo aunque pueda implicar una variante del concepto de bien común, ha permitido dotar de importantes obras de infraestructura a países que de otra manera no hubiesen podido desarrollarlas. Por ello nadie podría oponerse a la propuesta programática del PNP. Igualmente, podría confundirse como dato positivo el que finalmente el gobierno haya comenzado a impulsar proyectos específicos de obra pública bajo este esquema.
Entonces, ¿en que estriba la segunda falsedad? Pues que con la excepción de la construcción de autopistas y la planta de gas natural, los proyectos presentados develan un plan de privatización de varias operaciones del gobierno de Puerto Rico.
Que la administración Fortuño crea en la privatización como modelo para proveer servicios y procesos gubernamentales no debe sorprendernos. La filosofía neoliberal que los informa postula que el gobierno es meramente un instrumento para la reproducción de la riqueza y por tanto no tiene nada que hacer en el negocio de proveer servicios. De ahí que a juicio de este gobierno, todo lo que pueda transferirse a manos privadas no debe ser público.
Tampoco sorprende, pero preocupa que se justifique, so pretexto de una ansiada reactivación económica, una privatización que no cuenta con aval público, pues nunca se le presentó para consideración a los electores. El asunto fue ampliamente discutido en la campaña electoral y la respuesta del PNP fue siempre negando las intenciones privatizadoras. Es decir, ocultando sus verdaderos motivos obtuvieron la confianza del pueblo.
Hoy la realidad es distinta. Se privatizará el mantenimiento de las escuelas, la operación del aeropuerto y la operación de la AAA. En esta última solamente, el esquema anunciado significará el despido de por lo menos 1,360 empleados. Mientras, los 26 proyectos de APP, la inversión de $7,000 millones y la creación de 130,000 empleos anunciada por el Gobernador en su Mensaje de Estado de Situación en abril de 2009 van desvaneciéndose. Así se pierde en el horizonte la esperanza de que la inversión privada en obra pública reactivará la economía.
En la misma página del programa PNP se prometía: “Ningún servidor público perderá su empleo. Consideraremos alianzas público-privadas sólo si demuestran capacidad de lograr eficiencias o mejorar procesos y servicios”. Como hemos podido comprobar la primera parte de la promesa era falsa. Ahora estamos a punto de descubrir que la segunda parte también lo era.
Año y medio después de haber llegado al poder el gobernador Luis Fortuño anunció la semana pasada la concreción de los primeros cinco contratos que serán licitados el mes próximo. Los proyectos aprobados incluyen: la modernización de 95 escuelas y la construcción de otras cinco, mejoras permanentes y el servicio a pasajeros en el aeropuerto Luis Muñoz Marín, mejora de contadores y servicios comerciales en la AAA, la construcción de una planta de gas natural en la Central Costa Sur de la AEE y la expansión hasta Aguadilla del expreso PR-22.
El modelo de alianzas público-privadas se utiliza con éxito en casi todos los países del mundo -ricos y pobres- para el financiamiento de obras de infraestructura, concediéndole a la empresa desarrolladora los beneficios de operar y cobrar por el uso de lo construido. Dicho mecanismo aunque pueda implicar una variante del concepto de bien común, ha permitido dotar de importantes obras de infraestructura a países que de otra manera no hubiesen podido desarrollarlas. Por ello nadie podría oponerse a la propuesta programática del PNP. Igualmente, podría confundirse como dato positivo el que finalmente el gobierno haya comenzado a impulsar proyectos específicos de obra pública bajo este esquema.
Entonces, ¿en que estriba la segunda falsedad? Pues que con la excepción de la construcción de autopistas y la planta de gas natural, los proyectos presentados develan un plan de privatización de varias operaciones del gobierno de Puerto Rico.
Que la administración Fortuño crea en la privatización como modelo para proveer servicios y procesos gubernamentales no debe sorprendernos. La filosofía neoliberal que los informa postula que el gobierno es meramente un instrumento para la reproducción de la riqueza y por tanto no tiene nada que hacer en el negocio de proveer servicios. De ahí que a juicio de este gobierno, todo lo que pueda transferirse a manos privadas no debe ser público.
Tampoco sorprende, pero preocupa que se justifique, so pretexto de una ansiada reactivación económica, una privatización que no cuenta con aval público, pues nunca se le presentó para consideración a los electores. El asunto fue ampliamente discutido en la campaña electoral y la respuesta del PNP fue siempre negando las intenciones privatizadoras. Es decir, ocultando sus verdaderos motivos obtuvieron la confianza del pueblo.
Hoy la realidad es distinta. Se privatizará el mantenimiento de las escuelas, la operación del aeropuerto y la operación de la AAA. En esta última solamente, el esquema anunciado significará el despido de por lo menos 1,360 empleados. Mientras, los 26 proyectos de APP, la inversión de $7,000 millones y la creación de 130,000 empleos anunciada por el Gobernador en su Mensaje de Estado de Situación en abril de 2009 van desvaneciéndose. Así se pierde en el horizonte la esperanza de que la inversión privada en obra pública reactivará la economía.
¿Podrá alguien creer que con cinco proyectos, $3,000 millones y 47,000 empleos temporeros pueda reactivarse una economía que el pasado mes solamente perdió 15,000 empleos? Las APP son privatización para la cual no se tiene mandato y terminarán costándonos miles de empleos públicos. Alguna vez tendremos los puertorriqueños que detener a golpe de votos la descarada burla a la voluntad del pueblo de los que prometen una cosa y hacen otra.
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