Se acabó la huelga, ¿y ahora qué?

Al momento de entregar esta columna se hacen arreglos en los diferentes recintos y colegios de la Universidad de Puerto Rico para que el estudiantado ratifique los acuerdos alcanzados en el tribunal entre el Comité Negociador Nacional y la Junta de Síndicos. Con ello se pone fin a más de 60 días de huelga en nuestra única institución pública de educación superior.

Atrás quedan los conatos de violencia y agresión contra estudiantes, la incapacidad crasa de la dirección universitaria para darle cauce constructivo al conflicto, los reclamos injustificados de cogobierno estudiantil, los anuncios de prensa demonizando a los huelguistas y los mensajes en YouTube demonizando a los administradores. Pronto también quedará olvidado el costo que ha tenido la huelga, estimado en $300 millones.

Dos meses de parálisis han producido tres acuerdos principales: 1) la derogación de la certificación de la Junta que pretendía eliminar las exenciones al pago de matrícula, para cargárselo a la Beca Pell; 2) la administración no impondrá sanciones sumarias contra los huelguistas; 3) no se impondrá en agosto la propuesta cuota especial de matrícula dirigida a atender parte del problema fiscal de la UPR.

Sin embargo, ni la huelga, tampoco los acuerdos han producido soluciones para el problema que enfrentará la Universidad a partir del 1 de julio próximo. Esto es una merma de ingresos operacionales de entre $150 y $200 millones. A esto se añade la deuda multimillonaria de la institución que entre otras cosas mantendrá muchos de los proyectos de construcción y mejoras sin poderse completar. Si la Universidad no fuera un ente público estaríamos hablando de una quiebra.

En la opinión pública se argumenta con frecuencia que los problemas de la UPR se deben a su mala administración y a la incapacidad de esta para cortar la grasa de contratos y sueldos exagerados. Esto es sólo parte de la verdad. Si bien hay salarios y contratos que no se justifican ante el presente cuadro fiscal, debemos examinar cuidadosamente las causas de la crisis para entender su magnitud.

La insuficiencia de fondos tiene su raíz en dos hechos innegables. Primero, los ingresos del Fondo General del ELA -de los cuáles la UPR recibe el 9.6%- siguen mermando. Segundo, la aprobación de la Ley 7 redujo la base de la cual se calcula ese 9.6%. Es decir, el pote del que se extrae el 9.6% es cada vez más pequeño. Ante esto, ¿qué opciones tiene la UPR? No existen soluciones mágicas ni acomodaticias como las esgrimidas por ambos sectores durante el conflicto. El problema fiscal de Puerto Rico es real y no puede ignorarse, mientras la nefasta Ley 7 no parece estar en revisión por sus autores. Revisarla será función de los electores en 2012.

Mientras eso ocurre, una solución es enfrentar la crisis en su realidad. Una insuficiencia que excederá los $150 millones no puede subsanarse sin afectar los aumentos salariales de todos, reducir las descargas académicas a profesores, suspender las sabáticas, limitar los nombramientos y reducir las plazas de confianza y sus pingües salarios. Tampoco podrá resolverse manteniendo intacto el costo de la matrícula. La solución del problema que originó la huelga requerirá del sacrificio -antipático e indeseado- de todos los sectores que componen la Universidad.

De igual manera, el Gobierno tiene la obligación de proteger el proyecto social y cultural que es la Universidad de Puerto Rico. Habrá que enmendar la Ley 7, hasta donde la realidad fiscal general lo permita, para no seguir quitándole a la UPR a cuentagotas y deliberadamente la necesaria protección del 9.6%.

Por ahora los portones serán abiertos y todos reclamarán que ganaron la huelga. En el fondo, la realidad es otra y negarla sólo aplazará la existencia de conflictos en el futuro cercano. Si nos empeñamos en seguir discutiendo lo más simpático, la Universidad de Puerto Rico seguirá por el despeñadero y le será imposible cumplir su misión como fuente de conocimiento y progreso social.