Los últimos días de la pasada sesión legislativa pasarán a la historia por su impacto traumático en nuestra psiquis colectiva. El espectáculo de toda una mayoría parlamentaria despachando con asombrosa insensibilidad los asuntos más delicados de nuestra realidad, difícilmente será borrado por la memoria corta de la que adolecemos como pueblo.
Los primeros incidentes surgieron como secuela de la acusación ante un gran jurado federal del senador Héctor Martínez, por delitos de corrupción y obstrucción a la justicia. Ante las acusaciones contra su amigo cercano, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz se sumió en una espiral de desaciertos que arrancaron con sus acostumbrados cuestionamientos a la dignidad e integridad de aquellos que no son de su agrado.
Esta vez el objeto de sus virulentos ataques fueron los directivos del FBI en Puerto Rico y la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia federal, tan aplaudidos anteriormente por el propio Rivera Schatz. La indignación del jefe legislativo llegaba al punto de una comparecencia masiva de senadores del PNP en el autobús de la solidaridad con Martínez para acompañarle en su hora de bochorno político.
Unos días más tarde, el Presidente del Senado la emprendía contra los medios informativos y ordenaba el cierre del palco de prensa en la galería superior del hemiciclo. Según dijo el Presidente, tenía que reunirse con los directivos de los medios para discutir el indecoro con que los periodistas se conducen en el Senado. Tal iniciativa se sumaba al cierre de las galerías de público en general, decretado desde el paro general de octubre de 2009. Las acciones de Rivera Schatz no sólo fueron violatorias del ordenamiento constitucional y jurídico del País, sino que revelan una actitud de desprecio hacia todos aquellos que no piensen como el Señor Presidente. La actitud de Rivera Schatz raya en lo irracional y es inexplicable. ¿A qué le tiene tanto miedo? ¿Al juicio del pueblo?
Mientras, desde La Fortaleza el Secretario de la Gobernación decía que los acuerdos para finalizar la huelga de la UPR valen el papel en que se escribieron y el gobernador Fortuño firmaba a toda prisa un proyecto añadiéndole cuatro activistas novoprogresistas a la Junta de Síndicos de la UPR, propinando así una estocada a la autonomía universitaria. A última hora también se aprobaba una intromisión indebida en los procesos universitarios legislando sobre cómo deben llevarse a cabo las votaciones en las asambleas estudiantiles.
Regresemos a la Legislatura. A poco de burlarse de nuestra Constitución, impidiendo el escrutinio público de las últimas horas de sesión, comenzó el proceso tortuoso de aprobar un presupuesto descuadrado para el año fiscal 2010-2011. Se trata de un presupuesto cuadrado a marronazos mediante enmiendas de último cuño, estableciendo fuentes inciertas de ingresos mediante una contribución adicional a los casinos y un nuevo impuesto sobre el valor de la propiedad inmueble.
Todo esto ha generado una reacción natural de indignación y protesta en sectores importantes de nuestra sociedad. Los primeros en reaccionar han sido los jóvenes universitarios, no tan dispuestos a tolerar las faltas de respeto a las que nos someten nuestros gobernantes. Hicieron bien nuestras juventudes acudiendo al Capitolio para darnos a respetar ese último día de sesión. Ante eso, la reacción de las autoridades de “ley y orden” fue el desencadenamiento de un motín policíaco, con la excusa inaceptable de que los manifestantes tomarían el Capitolio. Todos quedamos atónitos ante el denigrante operativo de brutalidad.
La democracia tiene como punto cardinal el respeto por las instituciones que garantizan la adecuada intermediación de intereses característica de las sociedades libres. Es deber de los ciudadanos respetar sus instituciones y hacer valer los principios que las informan. Sin embargo, cuando los responsables del buen funcionamiento de las instituciones se olvidan que la base de todo respeto es su carácter mutuo, corresponde a los ciudadanos darlas a respetar.
Este gobierno le ha cogido miedo a su pueblo porque sabe que se ha burlado repetidamente de nosotros; y llega el momento en que los pueblos se cansan de las burlas.
Los primeros incidentes surgieron como secuela de la acusación ante un gran jurado federal del senador Héctor Martínez, por delitos de corrupción y obstrucción a la justicia. Ante las acusaciones contra su amigo cercano, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz se sumió en una espiral de desaciertos que arrancaron con sus acostumbrados cuestionamientos a la dignidad e integridad de aquellos que no son de su agrado.
Esta vez el objeto de sus virulentos ataques fueron los directivos del FBI en Puerto Rico y la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia federal, tan aplaudidos anteriormente por el propio Rivera Schatz. La indignación del jefe legislativo llegaba al punto de una comparecencia masiva de senadores del PNP en el autobús de la solidaridad con Martínez para acompañarle en su hora de bochorno político.
Unos días más tarde, el Presidente del Senado la emprendía contra los medios informativos y ordenaba el cierre del palco de prensa en la galería superior del hemiciclo. Según dijo el Presidente, tenía que reunirse con los directivos de los medios para discutir el indecoro con que los periodistas se conducen en el Senado. Tal iniciativa se sumaba al cierre de las galerías de público en general, decretado desde el paro general de octubre de 2009. Las acciones de Rivera Schatz no sólo fueron violatorias del ordenamiento constitucional y jurídico del País, sino que revelan una actitud de desprecio hacia todos aquellos que no piensen como el Señor Presidente. La actitud de Rivera Schatz raya en lo irracional y es inexplicable. ¿A qué le tiene tanto miedo? ¿Al juicio del pueblo?
Mientras, desde La Fortaleza el Secretario de la Gobernación decía que los acuerdos para finalizar la huelga de la UPR valen el papel en que se escribieron y el gobernador Fortuño firmaba a toda prisa un proyecto añadiéndole cuatro activistas novoprogresistas a la Junta de Síndicos de la UPR, propinando así una estocada a la autonomía universitaria. A última hora también se aprobaba una intromisión indebida en los procesos universitarios legislando sobre cómo deben llevarse a cabo las votaciones en las asambleas estudiantiles.
Regresemos a la Legislatura. A poco de burlarse de nuestra Constitución, impidiendo el escrutinio público de las últimas horas de sesión, comenzó el proceso tortuoso de aprobar un presupuesto descuadrado para el año fiscal 2010-2011. Se trata de un presupuesto cuadrado a marronazos mediante enmiendas de último cuño, estableciendo fuentes inciertas de ingresos mediante una contribución adicional a los casinos y un nuevo impuesto sobre el valor de la propiedad inmueble.
Todo esto ha generado una reacción natural de indignación y protesta en sectores importantes de nuestra sociedad. Los primeros en reaccionar han sido los jóvenes universitarios, no tan dispuestos a tolerar las faltas de respeto a las que nos someten nuestros gobernantes. Hicieron bien nuestras juventudes acudiendo al Capitolio para darnos a respetar ese último día de sesión. Ante eso, la reacción de las autoridades de “ley y orden” fue el desencadenamiento de un motín policíaco, con la excusa inaceptable de que los manifestantes tomarían el Capitolio. Todos quedamos atónitos ante el denigrante operativo de brutalidad.
La democracia tiene como punto cardinal el respeto por las instituciones que garantizan la adecuada intermediación de intereses característica de las sociedades libres. Es deber de los ciudadanos respetar sus instituciones y hacer valer los principios que las informan. Sin embargo, cuando los responsables del buen funcionamiento de las instituciones se olvidan que la base de todo respeto es su carácter mutuo, corresponde a los ciudadanos darlas a respetar.
Este gobierno le ha cogido miedo a su pueblo porque sabe que se ha burlado repetidamente de nosotros; y llega el momento en que los pueblos se cansan de las burlas.
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