Crisis de confianza

Recientemente hemos visto cómo se van desmoronando las instituciones de gobierno que los puertorriqueños construimos en medio siglo de vida constitucional. Casi diariamente leemos y escuchamos sobre el fracaso del sistema escolar, el caos en la renovación de las licencias de vehículos de motor, la insatisfacción ciudadana con los servicios de Hacienda, la incapacidad de Acueductos y Energía Eléctrica para reparar averías y así un sinnúmero de otras deficiencias.

Lo mismo podría aplicarse a algunos servicios en el sector privado, pero en estos casos casi siempre existen las alternativas que provee la competencia comercial. La Telefónica es un buen ejemplo. En el caso del gobierno la situación es desesperante porque provee servicios que muchas veces no serían rentables en el sector privado.

La ineficiencia en la prestación de los servicios gubernamentales tiene el efecto de profundizar la desconfianza ciudadana en las instituciones públicas. Esto a su vez contribuye al grave problema de ingobernabilidad que sufrimos. Gobernabilidad se refiere a la dinámica en la que los sectores de poder en un sistema político logran que la sociedad y sus grupos actúen conforme con las normas y procedimientos establecidos. Es decir, la gobernabilidad permite que el acuerdo social entre gobernantes y gobernados produzca orden y progreso.

Un acercamiento simplista al asunto nos induce a volcar nuestras frustraciones sobre el gobierno de turno. Después de todo, la experiencia de los pasados 18 meses de “cambio” ha exacerbado la percepción generalizada de que nada funciona mientras el gobierno -ejecutivo y legislativo- se consume en batallas miopes enfocadas no más lejos de las elecciones próximas.

La realidad es que un gobierno nunca puede satisfacer plenamente todas las necesidades y deseos de una sociedad. Ambos renglones son insaciables. Sin embargo, el logro de la democracia liberal radica en establecer los instrumentos institucionales que permitan satisfacer cuantas necesidades sea posible y, más importante aún, canalizar con cierto grado de conformismo, las frustraciones que sentimos cuando no logramos nuestras aspiraciones.

Cuando lo anterior no sucede, cada cual se siente libre de procurar su bienestar individual aunque tenga que recurrirse a la ilegalidad. Esta es la característica inconfundible de la ingobernabilidad. Es la versión colectiva del “sálvese el que pueda”.

En el pasado, Puerto Rico tuvo éxito en establecer un sistema económico y político basado en la supremacía de las instituciones. La gran contribución de la generación del 40 fue darle vida al sistema de reglas e instituciones a través del cual logramos desarrollarnos exitosamente, distribuyendo de una manera más justa el resultado del progreso. Fundamental en toda esa gesta resultó la confianza del pueblo en sus instituciones y en aquellos que las dirigían.

Setenta años después el panorama es totalmente distinto. Escuchamos con asombro al Secretario designado de Educación comparecer a una emisora de radio a pedir disculpas a los ciudadanos por el panorama tétrico de nuestro sistema educativo. El sistema educativo se consume con problemas de aprovechamiento deficiente, falta de maestros, planteles inadecuados, ausentismo de maestros y estudiantes, falta de recursos para la docencia, violencia escolar, deserción escolar alarmante y al Secretario lo único que se le ocurre decir es: “Lo siento mamá, vamos a trabajar con eso”.

Igualmente hemos leído cómo ciudadanos hartos del suplicio en que se ha convertido renovar un marbete, se expresen convencidos de que el DTOP de forma adrede no envía las notificaciones de renovación para que el ciudadano sea multado. ¿En qué cabeza cabe algo así? Pero ante la ausencia de instituciones confiables las teorías de conspiración adquieren credibilidad.

El País se nos escapa entre los dedos. A este paso la ruptura resulta inevitable. En otros lugares del mundo situaciones menos desalentadoras han provocado movimientos radicales de protesta y caos social.

Comencemos por reconocer que sufrimos un grave problema de gerencia gubernamental. El gobierno tiene que salir de la negación y aceptar el fracaso. Es menester corregir el rumbo restableciendo la supremacía de las instituciones y convocando a la honestidad. Hay que regresar a la institucionalidad. Pero, sobre todo, hay que evitar que los mercaderes políticos sigan destruyendo nuestra confianza.