Pasado mañana comienza el curso escolar en el sistema público. Tal y como en otros años, muchas escuelas adolecen de serios problemas físicos e institucionales que afectarán negativamente el desempeño de estudiantes y maestros. Pareciera que la ingobernabilidad que sufre el País se manifiesta pronunciadamente en nuestro sistema educativo.
La educación es la estrategia más importante para el desarrollo de una sociedad. Por ello, el punto focal de cualquier estrategia educativa tiene que ser el aprovechamiento académico en materias clave para un desempeño exitoso en la vida. Los resultados de las Pruebas Puertorriqueñas de Aprovechamiento Académico en 2009 revelan que sólo el 39% de los estudiantes aprobaron la materia de español, mientras que el 40% aprobó la materia de inglés y sólo el 22% de los estudiantes aprobó la materia de matemáticas. De ahí que las universidades tengan que invertir recursos en cursos remediales, pues muchos de los estudiantes de nuevo ingreso no cuentan con las destrezas básicas para iniciar estudios universitarios.
Que el año escolar comience sin un secretario es señal de la incompetencia crasa de una administración que se apresta a nombrar un tercer titular de Educación en menos de dos años. Pero seamos realistas, poca diferencia haría tener un secretario en propiedad en un sistema que se ha convertido en una madeja burocrática controlada por intereses especiales y grupos sindicales que exhiben mucha mayor continuidad de iniciativas que las administraciones de turno.
El programa del PNP para las elecciones de 2008 prometía en su página 116 que: “Se acabaron las excusas. Es hora de un cambio que Puerto Rico necesita. Es hora de actuar.” Sin embargo, asombra la ausencia de ideas concretas en el documento para resolver los problemas que día a día enfrentan estudiantes y maestros. Dicho de otra forma, no saben cómo actuar.
En el fondo, todomundo sabe cuáles son las fuerzas que impiden meterle mano a los problemas de la educación en Puerto Rico. Y aunque parezca repetitivo y clichoso decirlo, la politización del departamento que por mandato constitucional tiene la responsabilidad de asegurar el adelanto individual de nuestras generaciones, se ha convertido en un lastre que le impide moverse.
Cuatrienio tras cuatrienio, alcaldes, legisladores y políticos disfrazados de funcionarios se apoderan de las estructuras administrativas del Departamento de Educación para desde ellas premiar a allegados y acólitos cuyo único fin es posicionarse políticamente dentro del partido en el poder. Mientras, en las entrañas del Departamento, en las escuelas, allí donde escasean los materiales y donde las condiciones de trabajo son cada vez más inhóspitas, una cultura adversativa se apodera del ambiente, convirtiéndolas en escenarios de lucha sindical.
En tanto sea más cómodo criticar al partido contrario y nadie quiera meterle el pecho a la aberrante politización que sufre el sistema, cada año escolar será más desastroso y las posibilidades de progreso individual que deben garantizarse a través de la educación se nos seguirán esfumando.
Sin menoscabar los poderes constitucionales del Gobernador y la Legislatura es hora de crear estructuras administrativas y gerenciales dentro del Departamento de Educación no sujetas a los vaivenes de la política partidista. Una manera de comenzar sería creando una Junta de Educación con representación de diversos sectores para darle forma a una política educativa que trascienda el resultado de las elecciones.
No podemos darnos el lujo de seguir fracasando en la educación. De poco servirá resolver el status político, conseguir más fondos federales y aumentar el uso de tecnologías si no somos capaces de revertir esta tendencia. Al final no nos quedará un país para reformar.
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